Precipicio fiscal amenaza la Isla

Justo cuando la economía de Puerto Rico se apresta a crecer por primera vez en seis años, esa ansiada posibilidad parece hacerse sal y agua.

Esta vez, los malos vientos provienen de la capital federal, donde la puja política que ha prevalecido hasta la fecha, podría resultar en recortes automáticos de hasta $110,000 millones en fondos federales a partir del 2013.

En esa astronómica cifra, si Demócratas y Republicanos no hayan terreno común, podrían encontrarse, conservadoramente, entre $157 millones y $410 millones asignados a Puerto Rico por parte del Tío Sam, utilizando como referencia para ese estimado las guías provistas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

Tales recortes automáticos -contenidos en la Ley de Control Presupuestario 2011- cobrarían vigencia el 1 de enero de 2013 y se extenderían hasta el 2021. Sí, por espacio de una década.

Al reflexionar acerca del impacto del “precipicio fiscal”, según lo describió recientemente el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, economistas, investigadores de política pública, políticos y oficiales de Gobierno aceptan que si prevalece un impasse en Washington D.C., los recortes a la Isla podrían tirar por tierra la ligera mejora económica y fiscal que ha tenido Puerto Rico. Ello, a su vez, afectaría de manera directa a cada hogar boricua, empresas, el gobierno y organizaciones no gubernamentales.

Además, ese escenario poco alentador volvería a poner en aprietos las finanzas públicas, cosa que ya advirtió Standard & Poor's (SP) en su informe más reciente acerca de Puerto Rico. En este, SP modificó su perspectiva para el crédito de la Isla, de estable a negativa.

¿A qué se deben los recortes?

“Va a haber recortes, eso no lo despinta nadie”, indica el comisionado residente Pedro Pierluisi, quien prefirió no dar cifras específicas.

Pierluisi señala que el debate presupuestario cambia minuto a minuto en el Congreso federal, por lo que resulta difícil precisar el impacto que tendría el estatuto federal en la Isla. Indica, sin embargo, que una posibilidad podría ser un recorte de entre 2.5% y 5% en fondos discresionales, particularmente en subvenciones o “grants”. Solo en esa partida, Puerto Rico recibió poco más de $6,313 millones en el 2010, de acuerdo con el Reporte de Fondos Federales Consolidados (CFFR, por sus siglas en inglés) que publica el Censo federal.

El déficit presupuestario federal para el año fiscal en curso ronda $1.2 trillones, cifra que representa aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. El año pasado, cuando el Congreso revisaba el tope de la deuda soberana estadounidense, se vinculó ese debate el déficit presupuestario federal. La disputa entre republicanos y demócratas terminó con la aprobación de la Ley de Control Presupuestario de 2011. Entre otras cosas, el estatuto creó “un supercomité” para identificar iniciativas de austeridad y nuevos impuestos para cerrar el déficit y aumentar el tope de la deuda soberana estadounidense.

Tal “supercomité” no logró acuerdos mayores en la controversia, activando el conteo regresivo para los recortes automáticos.

Los recortes mediante “el secuestro del presupuesto”, según Pierluisi, cobrarían vigencia en el segundo trimestre del presupuesto federal 2013, o sea, el 1 de enero próximo, siempre y cuando tampoco se logre aprobar una resolución que permita operar con el presupuesto federal anterior por unos seis meses.

En Estados Unidos, el año fiscal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre y el presupuesto federal se aprueba en diversas leyes por área programática, como sería defensa o no defensa, incluyendo ahí, áreas como comercio y agricultura, por ejemplo.

El problema con los recortes automáticos es que coincidirían con la expiración de las tasas contributivas preferenciales aprobadas durante la administración de George W. Bush.

En enero próximo, también la aportación al Seguro Social regresaría a la tasa original, lo que supondría que a los empleados se les sacará nuevamente otro 2% para esos fines y terminaría la modificación extendida al seguro por desempleo.

Por otra parte, entrarían en vigor los recortes en los pagos a proveedores de salud a través del programa Medicare, lo que supondría una reducción de $11,000 millones.

Esa combinación, según la CBO, provocaría una recesión en Estados Unidos en la primera mitad del 2013. Esa economía crecería apenas 1.3% en segundo semestre del año entrante.

¡Gracias, tío Sam!

Los líos en la capital federal importarían poco a Puerto Rico de no ser porque hasta el año 2010, las personas, empresas, el Gobierno central, las corporaciones públicas, los municipios y otras organizaciones privadas (desde escuelas hasta entidades caritativas) recibieron, directamente o indirectamente y en conjunto, unos $21,118 millones en fondos federales, según el CFFR.

De acuerdo con el economista Joaquín Villamil, si en Puerto Rico hubiera una pizca de interés por el tema del desarrollo, el país aquilataría al instante que esos recursos, ahora en jaque, son una de las tres patas que sostienen la economía boricua.

“El país sería inviable”, dice Villamil, al tiempo que menciona los otros dos pilares de la economía boricua: el empleo gubernamental y la economía subterránea, incluyendo el narcotráfico.

Si quedaran dudas acerca de la influencia de los fondos federales en el diario vivir de los puertorriqueños, Villamil estima que cada hogar en la Isla recibe, directa o indirectamente, un influjo de fondos federales de unos $3,000 al año. Ese dinero llega a través del Seguro Social, Veteranos o Medicare, pero también por programas de asistencia social o Mi Salud.

Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía (CNE), recuerda que $1 de cada $4 en el presupuesto consolidado de la Isla provienen de fondos federales.

“Es una fuente de ingresos sobre la que no tienes ningún control”, dice el investigador al señalar que por décadas, Puerto Rico ha descansado en la capacidad de los comisionados residentes para traer más dinero federal a la Isla.

Más aún, un análisis del 2006, publicado por el economista Ángel Ruiz señala que para esa fecha, las transferencias federales devengadas por individuos y otorgadas al Gobierno fueron responsables de la creación de unos 218,355 empleos directos e indirectos.

Dicho de otra forma, 17 de cada cien empleos creados en Puerto Rico existen por las transferencias federales.

¿Qué nos espera?

“Aquí hay agencias de Gobierno y programas municipales que se crearon únicamente para obtener fondos federales”, dice el profesor de Finanzas, Antonio Fernós Sagebién.

Más depidos

“Si se dan los recortes federales, podríamos ver más reducción de gastos y más despidos en el Gobierno”, reconoce el también economista al recordar el efecto dominó que ello tendría en la actividad económica.

“Si miramos los canales a través de los cuales los fondos federales tienen un efecto macroeconómico, uno sería el consumo, pero el otro efecto bien importante sería el gasto gubernamental”, manifiesta por su parte, el economista Juan Lara. Coincide con la CBO al indicar que un programa de austeridad en EE.UU. desencadenaría otra recesión allí y ello rebotaría en la Isla, donde las previsiones más optimistas apuntan a un crecimiento de 1% el año entrante.

Del total de fondos federales recibidos en el 2010, aproximadamente, un 61% de esa cifra, o unos $12,910 millones, corresponden a beneficios ganados por los puertorriqueños, como el Seguro Social y los beneficios a veteranos. Pierluisi subraya que esos programas no estarán sujetos a recortes automáticos.

Pero aún cuando los pagos directos a los puertorriqueños no se afecten, Pierluisi y los demás entrevistados reconocen que los recortes en el lado discresional significarían problemas para Puerto Rico, desde los fondos que utiliza el Departamento de Seguridad del Interior en los aeropuertos y muelles hasta los parques comunales y los servicios de amas de llaves en los municipios.

Un mito la autonomía fiscal

Más allá de los posibles impactos al comercio, la salud, la educación o la inversión en infraestructura, lo que inquieta a la mayoría de los entrevistados es que el impasse en Washington D.C. vuelve a evidenciar una sociedad incapaz de gestionarse a sí misma.

La mejor evidencia de eso son precisamente las finanzas públicas, pues entre los años fiscales 2010 y 2011, las asignaciones federales al Gobierno de Puerto Rico excedieron o fueron iguales que los recaudos del Fondo General.

En el 2010, por ejemplo, según datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, exceptuando los ingresos propios que por lo general, reciben las corporaciones públicas, la Isla recibió en fondos federales, incluyendo fondos ARRA, unos $8,879 millones.

En contraste, los recaudos del fisco se ubicaron en unos $7,670 millones y la insuficiencia del Fondo General fue cubierta con deuda.

“Lo que dicen esos números es que nuestra autonomía fiscal, en esencia, no existe. Basamos nuestra autonomía fiscal en el Fondo General, pero se olvida que una parte está predeterminada por lo que decida el Congreso”, indica Lara.

“Las cosas podrían complicarse sustancialmente”, continúa el economista al indicar que la coyuntura apunta a un escenario de complejidad para el siguiente gobernador.

“Tenemos una economía que perdió su viabilidad hace mucho y ese hecho se encubrió con gasto público, endeudamiento y fondos federales”, concluye Villamil.