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8 de septiembre de 2012
Puerto Rico Hoy
 

Preocupa la inmunidad

Extienden al campo privado la protección contra la impericia

 

Por Marga Parés Arroyo / marga.pares@gfrmedia.com

En los últimos tres meses el Gobierno le ha otorgado a 10 hospitales privados la llamada “inmunidad del Estado”, por lo cual, de ocurrir un caso de impericia médico hospitalaria, estos hospitales y los médicos que allí laboran estarían protegidos -con la imposición de un tope- en la cuantía de las demandas.

Por un lado, el Gobierno ha explicado que la medida es necesaria, entre otras razones, para liberar la carga de pacientes que llegan al Centro Médico.

Al mismo tiempo, asociaciones que representan a los médicos consideran que se trata de un paso positivo para enfrentar “la problemática de la impericia”.

A otros sectores, sin embargo, les preocupa que se afecten la seguridad y los derechos de los pacientes, en particular cuando la protección aplica a instituciones privadas que están cobrando por sus servicios.

En fin, la nueva medida extiende el alcance de la Ley 104 (1955) que aplica en Centro Médico y otras instalaciones gubernamentales, estableciendo un máximo de $75,000 por los daños sufridos por una persona y hasta $150,000 cuando los daños y perjuicios se le causaron a más de una persona o cuando sean varias las causas de acción de un perjudicado.

En otras palabras, aquellos pacientes que sufran un daño causado por una impericia médica en estos lugares no podrán demandar por una cantidad mayor a esta.

Pero la protección, de la cual ahora gozan estos 10 hospitales privados, nació de un reglamento que creó el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, para desarrollar un sistema integrado de manejo uniforme de traumas y emergencias médicas.

El reglamento, que el titular redactó el año pasado, responde a la Ley 544, aprobada en el 2004. Sin embargo, en ninguna parte del documento se detalla el alcance de la “inmunidad del Estado”. Este solo establece la creación de un Plan Regional para el Manejo de Trauma y detalla los requisitos que tienen que tener estas instalaciones.

Por otro lado, el año pasado se aprobó un estatuto (Ley 103) que enmendaba el Código de Seguros de Puerto Rico para extenderles los límites de responsabilidad civil por impericia profesional médica hospitalaria (“malpractice”) que tiene el Estado a ciertas instalaciones médicas, entre ellas el Centro Médico de Mayagüez, el Hospital Doctor Ramón Emeterio Betances y los Centros de Trauma y Estabilización.

Sin embargo, tal como fue aprobado por el gobernador Luis Fortuño, el documento no incluye a los 10 hospitales privados que ahora están autorizados a atender casos de emergencias y traumas.

Grandes interrogantes

“¿Por qué le vas a dar una inmunidad a una corporación privada? A menos que esta corporación esté cumpliendo una función que el estado no puede cumplir”, comentó, por ejemplo, el licenciado Rafael García Rodón, asesor legal de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica.

El licenciado Rodón mostró recelo, además, a que el titular de Salud haya establecido estos consorcios en hospitales privados basándose solo en un reglamento.

“Conceder esto a través de reglamentos es una barbaridad, más aún si el reglamento es más abarcador que la misma ley”, sostuvo García Rodón.

Agregó que “estos topes castigan al que sufrió el daño y generan la mediocridad en la práctica médica”.

Mientras tanto, el doctor Ibrahim Pérez, analista en Salud, comentó que surgen múltiples interrogantes de esta iniciativa, como qué casos cualificarían como emergencias y traumas y quiénes lo definirían.

“¿Quién lo va a autorizar? ¿Cuándo sí y cuándo no?”, cuestionó al recalcar que esto podría generar múltiples interpretaciones para escapar de los casos de impericia.

Sin embargo, para Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, este esfuerzo es “un buen paso” en buscar una solución “a la problemática de la impericia”, aunque, según dijo, “no es suficiente”.

“Ayuda, pero necesitamos una legislación que bregue con todos los aspectos”, dijo.

No fue posible conseguir ayer una reacción del titular de Salud a pesar de múltiples intentos a través de su portavoz de prensa, Margarita Casalduc.

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