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28 de junio de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Prevén enormes cambios en programas federales por decisión de matrimonios gay

Programas que reciben fondos federales tienen que ajustarse

 

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos obligará a realizar grandes ajustes en los programas que usan fondos federales en Puerto Rico, para evitar la discriminación contra personas casadas con personas del mismo sexo.

Algunos cambios básicos vendrán directamente desde Washington. Ya el Departamento de Justicia, Seguridad Interna, la Administración de Seguro Social y el Pentágono, entre otros, han adelantado que entrarán en un proceso de análisis legal para extender a las parejas casadas gay los mismos beneficios que tienen los matrimonios heterosexuales.

El Gobierno de Puerto Rico prevé que estos grandes ajustes en el funcionamiento de programas federales, para asegurar el trato equitativo de matrimonios homosexuales, reconocidos en otras jurisdicciones, sean dictados desde Washington.

“Son las agencias federales la que tienen que tomar medidas”, dijo ayer el secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances.

Localmente, la administración del gobernador Alejandro García Padilla, examinará si tienen necesidad de hacer algún cambio en la forma en que administran programas federales. Sin embargo, el secretario no percibe que tengan que entrar en una revisión significativa.

El miércoles, el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó la parte fundamental de la ley DOMA que define el matrimonio, para fines del Gobierno federal, exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer.

Una de la consecuencias de la ley es que matrimonios homosexuales que se han casado en otras jurisdicciones y residan en Puerto Rico seguramente comenzarán a reclamar beneficios que otorga el gobierno federal, desde la deducción de impuestos -si rinden la planilla federal – hasta el acceso a servicios de salud o de bienestar social.

Los expertos consideran que será inevitable que las parejas homosexuales que se han casado en otros estados, pero residen en la Isla, reclamen cualquier beneficio de un programa federal que esté vigente en Puerto Rico. Pero, hasta que cada agencia no revise sus reglamentos, el asunto no va a estar claro.

“Vamos a tener que esperar a ver cómo el gobierno federal dilucida este asunto”, indicó el constitucionalista Carlos Ramos.

De todos modos, es probable que se trate de una población pequeña. Las parejas de homosexuales que han salido de la Isla a casarse pueden estar en “los cientos o los miles bajitos”, dijo el activista pro derechos humanos Pedro Julio Serrano, quien advirtió que tiene un costo el proceso de casarse en el exterior.

Cuestión de los estados

El secretario de Justicia de Puerto Rico coincide con los expertos y el propio juez conservador Antonin Scalia, quien fue uno de los disidentes en la decisión sobre DOMA. Afirmó que, por un lado, uno de los razonamientos de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense es advertirle a los gobiernos estatales que pueden considerar inconstitucional, por atentar contra la inequidad, una ley que no le reconozca los mismos beneficios que tienen los heterosexuales a los homosexuales.

Pero eso, sostuvo Sánchez Betances, choca con la afirmación del tribunal, y la tradición legal en Estados Unidos, de que asuntos como el matrimonio son resueltos por los estados y territorios.

“Esta decisión afecta cuando hay un programa federal en el que el término cónyuge tenga significado o pertenencia, porque de lo contrario nos tenemos que remitir a como el Estado Libre Asociado contempla eso”, dijo el Secretario, en una entrevista telefónica.

Una de las áreas grises que pueden tener que estar bajo examen es el programa de Medicaid, en términos de calcular los ingresos de una pareja que recibe esos beneficios.

En Puerto Rico, Medicaid se recibe en bloque – unos $1,000 millones anuales – y se distribuye de acuerdo a los parámetros del seguro público de salud local que ahora tiene el nombre de “Mi Salud”.

Otra asignación gigantesteca, los $2,000 millones anuales que se otorgan por medio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), no toma en cuenta si las personas están casadas o el género de los cónyuges.

Lo mismo ocurre con el acceso a programas como Head Start y servicios de cuidado de niños. “Lo único que se toma en cuenta son los ingresos de las personas, no si están casados o como es la unidad familiar”, indicó la secretaria de la Familia, Idalia Colón.

En el área militar, el Pentágono ha indicado que se asegurará de que todos los cónyuges – independientemente de si son matrimonios homosexuales o heterosexuales – tengan acceso a los mismos beneficios. “La Guardia Nacional de Puerto Rico va a seguir los pasos del Departamento de Defensa”, indicó Paul Dahlen, portavoz de esa rama militar.

“Lo lógico es pensar que habrán muchas implicaciones, muchos cambios, en la administración de programas federales. Sólo nos queda esperar el análisis de las autoridades para estar más claros”, dijo el exdirector de la Escuela Graduada de Administración Pública, Mario Negrón Portillo.

¿A reformar el código?

Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, fue uno de los que recomendó comenzar a revisar el código civil para determinar que cambios pueden ser convenientes si como algunos opinan en unos pocos años ese foro judicial puede declarar inconstitucional que un estado o territorio no reconozca el matrimonio entre pesonas del mismo sexo.

“Eso es prerrogativa de la Legislatura”, dijo el secretario Sánchez Betances, quien sostuvo que los ajustes no necesariamente significan enmiendas a muchas leyes.

A nivel federal, sostuvo, una opción es que el funcionario ordene que cada vez que se diga cónyuge en un reglamento o programa, se entienda que se refiere tanto a matrimonios homosexuales como heterosexuales.

Nadie duda que hay una mayoría de 5-4 en el Supremo que considera que validar el matrimonio entre personas del mismo sexo es un asunto de equidad que en el caso federal está protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución.

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