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8 de agosto de 2012
Puerto Rico Hoy
 

Primera demanda contra el nuevo Código Penal

Alegan que atenta contra la libertad de expresión

 
Los abusos policiales fueron motivo de la demanda original de ACLU contra la Uniformada. (archivo)

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON – Por entender que atenta en contra del derecho a la libertad de expresión y a protestar pacíficamente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha impugnado la constitucionalidad del Código Penal adoptado recientemente por el gobierno de Luis Fortuño.

Los abogados de la ACLU acudieron el lunes ante el Tribunal Federal de San Juan y denunciaron, específicamente, el artículo 297 (b) que ahora penaliza con tres años de cárcel a la persona que interrumpa trabajos legislativos.

El estatuto sanciona con tres años de cárcel –antes era un máximo de seis meses– a los que causen interrupciones a los trabajos legislativos o las funciones de algún legislador.

Al anunciar el recurso judicial, que enmienda una demanda original sometida por la ACLU en contra de la Policía de Puerto Rico, la abogada Marjorie Press Lindblom indicó que se le ha recordado al Tribunal federal de San Juan que las manifestaciones de protesta y los actos de desobediencia civil, que puedan estar precisamente destinados a interrumpir pacíficamente un evento legislativo, tienen “larga tradición” y “es un método de expresión protegido por la Constitución de Estados Unidos”.

“Su lenguaje vago y abarcador le permitiría al Secretario de Justicia (de Puerto Rico), de forma discriminatoria, someter cargos criminales en contra de personas que están en desacuerdo con las acciones de los legisladores”, indicó Press Lindblom, socia del bufete Kirkland & Ellis.

Para el director ejecutivo de la oficina de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, el artículo 297 ya tiene el efecto de desincentivar las manifestaciones y expresiones públicas.

“La práctica reiterada de la Policía de Puerto Rico de recurrir a la fuerza excesiva contra manifestantes y la aprobación del artículo 297 (b) está teniendo un profundo impacto en la voluntad del pueblo de ejercer los derechos constitucionales a manifestarse en contra de las políticas sobre las que están en desacuerdo, tanto porque podrían ser agredidos físicamente por la policía como porque ahora también podrían ser condenados a tres años fijos de prisión. Esto es escandaloso y sin precedentes en un país que se hace llamar democrático y no puede sostenerse”, indicó Ramírez, en una declaración escrita.

Mientras, el secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, sostuvo que el Código Penal no atenta contra “las manifestaciones ordenadas”.

Pero una de las críticas de los grupos pro derechos civiles es no solo la pena que se impone, sino que la ley no diferencia la interrupción pacífica por medio de la desobediencia civil de un acto violento.

La reforma policial

La demanda original de la ACLU en contra de la Policía fue sometida el 27 de junio a nombre del Consejo General de Estudiantes (CGE) y la Federación de Trabajadores.

Según Ramírez, llenan el vacío que ha causado la inacción del Departamento de Justicia de EEUU, que tras el informe de septiembre de 2011 que denunció que en Puerto Rico existe una crisis de derechos civiles no ha concretado su anuncio de que ordenarían una reforma de la Policía puertorriqueña a través del tribunal federal.

En los últimos días han surgido informes de que las negociaciones entre la Policía de Puerto Rico y el la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos han avanzado, pero aún se desconoce si el gobierno de Luis Fortuño accedió a que la reforma de la Policía de Puerto Rico sea supervisada por un monitor asignado por el Tribunal Federal de San Juan.

La semana pasada, un portavoz de Justicia federal indicó que “el departamento está en medio de negociaciones activas y productivas para conseguir una solución de nuestra investigación”.

Un comentario similar hizo también la semana pasada Michelle Franco, portavoz de la Policía. “Estas conversaciones no han concluido”, dijo Franco.

El artículo 297 del Código Penal.

Artículo 297.- Resistencia u obstrucción a la función legislativa.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años toda persona que:

(a) perturbe, interrumpa o impida la realización de los trabajos de la Asamblea Legislativa, a cualquiera de las Cámaras que la componen, las Legislaturas Municipales o cualquiera de sus miembros y sus respectivas comisiones, mientras se encuentren en el desempeño de su función pública; o

(b) cometa cualquier desorden a la inmediata vista y en presencia de la Asamblea Legislativa, a cualquiera de las Cámaras que la componen, las Legislaturas Municipales o cualquiera de sus miembros y sus respectivas comisiones, mientras se encuentren en el desempeño de su función pública, tendente a interrumpir sus actos o disminuir el respeto debido a su autoridad.

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