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8 de mayo de 2013
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Progresa plan para el cibertax

Aval del Senado federal al impuesto en compras por web

 

Por Yalixa Rivera Cruz / yrivera@elnuevodia.com

La posibilidad de que los consumidores que compran por Internet comiencen a pagar el impuesto sobre la venta o IVU por los productos que adquieran a través de comercios en línea se hace cada vez más cercana.

Este pasado lunes el Senado federal aprobó la medida –en una votación 69 a 27–, que faculta a los estados a obligar a los minoristas o vendedores de productos al detal de otros estados a que cobren los impuestos sobre las ventas cuando comercialicen sus productos por Internet, catálogos o mediante anuncios de radio y televisión.

La acción supondría el fin de uno de los beneficios que ofrece comprar por Internet, al menos localmente, donde el comercio en línea estaba libre del pago de IVU, al menos cuando se trata de empresas que no están en la Isla.

Sin embargo, Melba Acosta, secretaria del Departamento de Hacienda, a través de una ponencia presentada ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, aseguró que su departamento sí cobraba IVU sobre transacciones de ventas a través del internet a algunas compañías que voluntariamente envían el impuesto cobrado a sus clientes por dichas ventas.

Melba Acosta, secretaria de Hacienda, explicó que aunque Hacienda sí contempla la posibilidad de poder allegar fondos a través del cobro del IVU de las ventas de productos por Internet, existen obstáculos jurídicos que prohíben su implementación. Una decisión de la Corte Suprema federal establece que solo los comercios que poseen una sucursal o mantienen presencia física en el estado desde el cual se origine la compra, están obligados a cobrar el impuesto y retribuirlo al Gobierno. Más no así las ventas de productos a nivel interestatal.

La secretaria señaló que la única forma de que la medida aprobada por el Senado federal se pueda implementar en la Isla, es si el Supremo retira su decisión o si la Cámara en el Congreso federal lo aprueba. En Puerto Rico, el representante Rafael “Tatito” Hernández radicó una pieza legislativa que pretende atender esta situación mediante el proyecto P. de la C. 991.

Dicho proyecto establece que una de las vías para lograr la jurisdicción requerida es estableciendo que los enlaces o “links” promocionales en páginas de internet con sede en Puerto Rico o cualquier otra publicidad local constituyen “nexos” suficientes para cobrarles el IVU a esas empresas que realizan las ventas.

Por su parte, Eduardo Díaz, presidente del Internet Society, señaló que una medida como esta sería adversa tanto para los consumidores finales, como para las empresas que comercializan a través de Internet.

“No hay duda de que esto va a subir los costos de las compras por Internet, aunque al final seguramente será todavía menos de lo que le costaría comprarlo en una tienda físicamente”, dijo.

Díaz explicó que muchas de las empresas que venden por internet ofrecen precios mucho más accesibles, que las tiendas tradicionales porque no tienen que pagar los costos de empleados, mantenimiento o de localidades “premium”.

Este es el caso de tiendas cibernéticas como Amazon que opera desde grandes almacenes, desde donde envían los productos.

“Yo estoy seguro de que la gente no va a dejar de comprar en Internet porque se implemente esto”, añadió el experto, quien señaló que será muy difícil que los estados logren retribuir esos ingresos por concepto de IVU.

Según Díaz, de aprobarse la medida en la Cámara, los estados tendrán un reto muy grande en lograr captar ese dinero ya que existen formas para evitar que se identifique la procedencia de una dirección de Internet o IP address.

Cualquiera que adquiera una dirección intermediaria o proxy, técnicamente podría engañar la sistema y evadir así el pago del IVU. Por ejemplo, si un consumidor utiliza un proxy cuyo servidor está en China, la dirección de procedencia de esa compra aunque se haya originado de Puerto Rico, los sistemas lo van a identificar como una compra que hizo alguien que vive en el país asiático.

Opinó que lo que terminará pasando con el proyecto, de ser convertido en ley, es que muchas empresas, especialmente las medianas y pequeñas, terminarán cobrando el impuesto, pero no necesariamente lo enviarán al Gobierno.

“A veces los políticos se empeñan en aplicar leyes que son funcionales en los sistemas tradicionales pero que no son viables en el mundo virtual, convirtiéndolo todo en un disparate”, aclaró el presidente del Internet Society.

Díaz sugirió que lo mismo pasó en los inicios de internet cuando se pretendía cobrar por minuto el uso de la red.

La secretaria de Hacienda dijo estar muy consciente de la complejidad del asunto para lograr su implementación.

“Habrá que considerar las alternativas disponibles para facilitar el cumplimiento de estas firmas de fuera de la jurisdicción local de manera que se viabilice su efectivo cumplimiento”, explicó Acosta, quien dijo estar dispuesta a negociar directamente con algunos de ellos de ser necesario.

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