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5 de febrero de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Puentes sin peatones

Los pocos que sirven simplemente no se usan y otros son guarida de maleantes

 

Por Daniel Rivera Vargas / drivera2@elnuevodia.com

Los vehículos pasan a toda velocidad debajo de una mohosa estructura que se erigió con el propósito de que fuese un puente para las decenas de peatones que a diario arriesgan sus vidas al cruzar la transitada avenida. Nadie lo usa.

Otra estructura similar ha dejado se ser lo que era, con cables del tendido eléctrico demasiado cerca y varios cruzacalles que en cualquier momento podrían caer sobre la vía de rodaje. Obviamente, tampoco tiene caminantes.

Estos son solo dos ejemplos de los 106 puentes peatonales que existen en Puerto Rico y de los cuales la mitad es estructuralmente inservible, según reveló ayer el designado secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel A. Torres.

Para colmo, los que pudieran ser usados por peatones se han convertido en dominio de delincuentes y adictos a drogas que convierten en sus víctimas a quienes se aventuran a cruzarlos, según revelaron algunos ciudadanos.

Esta suma de factores obliga a que muchos ciudadanos arriesguen sus vidas –muchos de ellos con sus hijos de la mano– al cruzar calles y avenidas del país, en lugar de usar los puentes peatonales, según comprobó ayer El Nuevo Día.

A la luz de esta realidad surge la pregunta sobre si un puente peatonal hubiese evitado la tragedia en El Prado, si se considera que muchos ciudadanos simplemente no usan esas estructuras.


La familia atropellada frente al residencial El Prado no estaba cruzando la avenida cuando la atropellaron, sino que esperaba para continuar haciéndolo cuando el conductor de un auto –en una conducta que algunos tipificarían como criminal– invadió la isleta y los embistió.

El antropólogo Jorge Duany puso en duda que se pueda cambiar la práctica en la ciudad de San Juan de no usar los puentes porque, contrario a la experiencia en ciudades europeas, San Juan no está diseñada para caminantes.

“San Juan es una ciudad que cada vez se camina menos y el uso de los puentes peatonales está basado en que la gente camina, y camina por lugares seguros, y esa no es la realidad”, dijo Duany.

Mientras, el sociólogo Manuel Febres dijo que cambiar la conducta de la ciudadanía a favor del uso de los puentes peatonales requerirá mucho más que una inyección económica: requiere inyección ciudadana.

“Este tipo de problema que tiene que ver con seguridad física no se va a solucionar si no se involucra a la ciudadanía. Si la comunidad no se empodera de ese puente, lo hace propio, lo cuida, lo protege, entonces a los maleantes se les hará más fácil apoderarse de él”, expresó Febres. “Si no se involucra a la comunidad, será una pérdida de tiempo”.

Febres, irónicamente, ha sentido en carne propia la tragedia de la inseguridad vial en el país. Su hijo, el profesor de música Amauri Manuel Febres Merced, fue una de cinco personas atropelladas recientemente en el área del Condado. Su hijo sobrevivió, pero estará encamado hasta mayo, contó.

Promesa

“La mitad de los puentes están en condiciones pobres o inservibles”, aseveró el secretario del DTOP designado al abordársele sobre el grave problema que salió nuevamente a la luz a raíz de la tragedia de El Prado, donde murieron seis personas, incluyendo cuatro niños.

En aras de atender el problema de los puentes peatonales, y en cumplimiento de una ley que fue “ignorada por el pasado gobierno”, según explicó el designado secretario, aseguró que dentro de seis a nueve meses tendrán listo un inventario detallado del estado de los 106 puentes peatonales en la Isla.

“Nos preocupa mucho el deterioro que hay en algunos de ellos. Son construcciones en acero que tienen mucho moho y problemas estructurales como que no cumplen la ley ADA (las siglas en inglés de la Ley de Discapacitados Americana)”, dijo Torres.

Agregó que el problema, más allá de que los puentes no hayan sido construidos con esas estructuras, es que “muchos de esos puentes no disponen del espacio para estas rampas”.

Torres dijo que, conforme a la Ley 97 de 2012, ese inventario debería haber estado listo en noviembre pasado, pero que no han encontrado evidencia de que la pasada administración haya cumplido con esa ley.

El inventario será realizado por personal de la Autoridad de Carreteras. El costo de estas reparaciones ascenderá a entre $50 millones y $60 millones, estimó el secretario designado, esto si se toma en cuenta que un puente sobre una avenida de seis carriles puede costar $1.5 millones.

No descartó que el dinero surja de fondos federales, pero dijo que las reparaciones podían tomar hasta 10 años, lo que hará más llevadero poder cumplir con la carga económica de hacer estas mejoras. “Aunque no tengamos los recursos económicos en este momento, estableceremos un plan de acción para atender esta problemática”, señaló Torres. “Esto representa un gasto sustancial al pueblo de Puerto Rico. No es solo sustituirlos, es hacerlos de forma adecuada”, dijo.

Un factor importante en la remodelación que se hará a los puentes será atender la problemática de inseguridad que reconoció Torres y que describieron a El Nuevo Día ciudadanos entrevistados en tres puntos diferentes de Río Piedras.

“Una cosa que es un problema es que donde hay puentes peatonales algunos se han convertido en hospitalillos. Esto requiere un nivel de seguridad adicional”, expresó Torres.

El funcionario no precisó a qué se refiere con “un nivel de seguridad adicional” en los puentes, pero la idea es evitar que puedan “convertirse en jaulas para que te asalten”', concluyó Torres.

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