Reciben ofertas por el aeropuerto

De consumarse la concesión público privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), el gobierno congelaría por cinco años los cánones que pagan las líneas aéreas y se habilitarían incentivos para promover mayores conexiones a y desde Puerto Rico, indicó el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), David Álvarez.

Asimismo, la nueva APP no afectaría los puestos de trabajo en la Autoridad de los Puertos (AP), mientras esa corporación pública recibiría ingresos durante la vida de la concesión, los que podrían utilizarse en mejoras capitales en los demás aeropuertos regionales de la Isla, indicó el funcionario.

Álvarez ofreció detalles de lo que sería la relación contractual con el nuevo operador del AILMM tras recibir las ofertas de Aerostar Holdings y Grupo Aeroportuarios Avance, los proponentes finalistas que interesan operar la principal puerta de conexión aérea en Puerto Rico.

Con la radicación de las propuestas, el Gobierno entra en la etapa final del proceso de concesionar el aeropuerto mientras el opositor Partido Popular Democrático ha hecho diversos cuestionamientos, que van desde donativos políticos por parte de cabilderos vinculados a uno de los proponentes hasta la no viabilidad del proyecto en términos económicos.

Según Álvarez, el proceso de evaluación de propuestas tomaría entre una y tres semanas, explicó el funcionario. Una vez seleccionado el operador, la AAPP presentará el contrato a la Administración Federal de Aviación (FAA) para el análisis y aprobación de rigor, ya que la concesión del AILMM se da al la luz del plan piloto de privatización que lleva a cabo esa agencia federal.

De acuerdo con Álvarez, el contrato duraría unos 40 años y exigiría al operador gestionar el aeropuerto siguiendo estándares de calidad predefinidos por la FAA y Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Algunos de esos estándares exigen que los pasajeros tendrían que registrarse o recoger su equipaje en un período no mayor de 12 minutos, habría un programa de limpieza constante en instalaciones sanitarias, una espera mínima de cinco minutos por el servicio de taxi y un tiempo mínimo de reparación para correas de equipaje, aire acondicionado, ascensores y escaleras eléctricas, entre otras.

De no cumplirse con tales métricas, el operador se expone a penalidades de diversa índole y que podría incluir la cancelación del contrato, se indicó.

Pagos anuales

Como parte del contrato, Puertos recibirá un pago inicial por la instalación de infraestructura. De esa suma se pagaría la deuda asociada con el AILMM y que se estima en $400 millones.

Además, Puertos recibirá del operador, por la vida del contrato, un ingreso anual partiendo de los ingresos brutos que genere la instalación.

De acuerdo con Alvarez, aparte los ingresos que reciba Puertos, la concesión permitiría que Puerto Rico mejore su principal infraestructura, gestionándose como un activo para la economía del país.

Según Rubén Hernández Gregorat, secretario de Transportación y Obras Públicas y presidente de la junta de directores de Puertos, esa corporación tiene un plan de mejoras capitales de unos $150 millones al año.

Sin embargo, la precaria situación financiera de Puertos impide destinar recursos a esos fines, haciendo casi inevitable la monetización de ese activo de transporte.

A salvo los empleos

De acuerdo con Alvarez y Hernández Gregorat, la contratación de un operador no implica cambios con los gremios sindicales y tampoco la pérdida de empleos.

Alvarez sostuvo que el operador seleccionado “preferirá” empleados que ya conozcan la dinámica del funcionamiento de un aeropuerto.

En ese sentido, indicó que el licitador ganador ofrecerá trabajó a los empleados de Puertos, y continuará aportando al plan de retiro de estos.

Aquellos empleados que no interesen trabajar para el operador serían transferidos a otras divisiones de la corporación pública, se indicó.

Interés por más pasajeros

De acuerdo con Alvarez, la concesión es el único mecanismo con el que cuenta Puerto Rico para lograr recuperar el terreno perdido como conexión del Caribe, pues en los pasados 20 años, la Isla no ha logrado superar la marca de los cinco millones de pasajeros.

La encomienda del operador sería ser triplicar esa cifra en un período razonable, pues la instalación tendría la capacidad para atender unos 15 millones de pasajeros al año.

Según Alvarez, en el 2005, casi cuatro de cada diez pasajeros que viajaban al Caribe llegaban a Puerto Rico. En el 2009, ese indicador se ubicaba entre dos y tres pasajeros.

En ese sentido, señaló que se exigirá al operador un fondo de $6 millones para otorgar incentivos a las líneas aéreas, según el número de pasajeros que traigan a la Isla.

Mientras, los cánones de arrendamiento o de aterrizaje a las líneas aéreas serían congelados por cinco años, lo que evitaría un aumento en el costo de los boletos de avión, se indicó.

Proponentes finales

Aerostar Airport Holdings - Entidad integrada por Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y Highstar Capital.

ASUR opera y desarrolla 9 aeropuertos en el sureste de México, incluyendo el de Cancún, considerado entre los mejores Latinoamérica.

Highstar es un fondo de inversiones en infraestructura especializado en transportación, energía y servicios ambientales que ha invertido sobre $6,800 millones de capital en diferentes infraestructuras y opera el aeropuerto de la ciudad de Londres, manteniendo vínculos con British Airways, Lufthansa y AirFrance.

Grupo Aeropuertos Avance - Consorcio compuesto por Macquarie Infrastructure and Real Assets y Ferrovial.

Macquarie gestiona el fondo de inversión en infraestructura más grande del mundo. Los aeropuertos operados por la firma manejan unos 46 millones de pasajeros al año, incluyendo Bruselas, Copenhague y Hobart (Australia), entre otros. Ferrovial Aeropuertos es uno de los desarrolladores, inversionistas y operadores de infraestructura más grandes del mundo. Opera e invierte en aeropuertos en el Reino Unido y Chile, sirviendo a sobre 105 millones de pasajeros en el 2010.