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18 de octubre de 2012
Calidad de vida
 

Reclaman una investigación

Expertos advierten que el matiz político regiría la pesquisa. Lee el documento

Por Gerardo E. Alvarado León/ galvarado@elnuevodia.com

Cuando se le  pregunta a un granado grupo de expertos en el manejo de casos de mal uso de fondos públicos, el consenso es contundente: el financiamiento con dinero del pueblo del periódico El Vocero es un asunto que raya en lo ilícito y debería ser investigado por las autoridades.

Eso aunque desde ya podrían ponerse en entredicho los resultados de cualquier pesquisa, toda vez que la línea editorial del diario abiertamente favorece a la administración actual, o sea, a quienes lo investigarían.

“Esto amerita una investigación oficial por parte del Estado. Lo que pasa es que el Estado está controlado por el mismo partido que le dio los fondos al periódico. Esto llora ante los ojos de Dios”, dijo el abogado y expresidente del desaparecido comité anticorrupción Blue Ribbon, David Noriega.

Lo anterior cobra peso ante el hecho de que, desde el 2006 al presente, la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz de El Vocero, ha recibido más de $24.9 millones en fondos públicos, de los cuales más de $17.6 millones han sido concedidos durante este cuatrienio.

Esos fondos -estatales y federales- no solo han sufragado gran parte del gasto de nómina de El Vocero, sino que también han cubierto -aparentemente- sus gastos operacionales, según reveló ayer El Nuevo Día.

El otorgamiento de contratos a El Vocero se dio aún cuando encaraba deudas -y un alarmante patrón de morosidad- por más de $21.1 millones.  

La empresa, por ejemplo, le debía $17.4 millones al Departamento de Hacienda, $1.9 millones al Municipio de San Juan, $687,817 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y $1 millón a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Esta acción ejemplifica el “gran sentido de impunidad” que impera en el país, manifestó Noriega.

Con él coincidió la excontralora Ileana Colón Carlo, quien describió la situación como contraria a la política pública actual. Y es que se supone -y en los contratos firmados había una cláusula al respecto- que las empresas recipientes de incentivos no pueden tener deudas contributivas o de otra índole con el Gobierno o los municipios. Si tienen deudas, deben presentar un plan de pago en cumplimiento.

“Esta situación les da a los ciudadanos la impresión de que los que están en el poder pueden cometer delitos contra la política pública, ya que no sienten temor de ser castigados de ninguna manera”, dijo Colón Carlo.

“En este país, la gente va presa por no pagar sus contribuciones. ¿Qué pasa con los gerenciales de El Vocero que no pagan las suyas?”, cuestionó.

El Vocero le debe $17.4 millones a Hacienda por no pagar las retenciones contributivas que hizo a los salarios de sus empleados, y el 7% retenido a los contratos de servicios profesionales.

Estrategia para incumplir

La investigación de El Nuevo Día reveló, además, que los fondos se dieron a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones -seis, en total- para burlar compromisos legales, económicos y laborales.  Las seis empresas fueron incorporadas por el expresidente de El Vocero, Miguel Roca, y su actual presidente, Peter Miller, el 28 de abril de 2009, es decir, cuatro meses después de que el gobernador Luis Fortuño se instaló en La Fortaleza.

La creación de estas entidades reúne “todas las características” de un esquema de fraude, planteó Colón Carlo. “Se ponen de acuerdo para confundir sobre el verdadero propósito de todas ellas. Cómo apropiarse de contratos es algo bien planificado”, sostuvo.

“Se crea una serie de corporaciones para darle la vuelta, obviar y tener la oportunidad de entrar en contratos con el Gobierno, algo que no puede hacer la compañía original porque tiene deudas y pérdidas”, agregó Juan Agosto Alicea, contador público autorizado y exsecretario de Hacienda.

Por otra parte, la utilización de fondos, contrario a lo establecido en los contratos, pudo haber dejado desprovistas de ayuda a otras empresas que verdaderamente la necesitaban.

Los fondos que recibió El Vocero fueron utilizados para crear y mantener más de 1,000 puestos de trabajo entre el 2006 y 2012. Empero, la realidad es que el diario ha reducido su plantilla de empleados, lo que da a entender que parte de los fondos se utilizaron para subsidiar costos operacionales.

“Se perjudicó a otras empresas que necesitaban los fondos para expandir sus operaciones legítimamente”, dijo Noriega. “Vemos la doble vara en el otorgamiento de contratos. Absolutamente, hay serias irregularidades en el otorgamiento de contratos a El Vocero”, abundó el analista político Benny Frankie Cerezo.

Los entrevistados coincidieron en que, mediante el otorgamiento de contratos a El Vocero, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se aprovechó de la objetividad que debe imperar en los medios para difundir su agenda.

“Gaceta política”

Los señalamientos contra El Vocero se hubiesen evitado si en lugar de este firmar contratos con agencias gubernamentales y municipios los hubiese contraído con empresas privadas.

Al no hacerlo, pasó de ser un periódico independiente a una “gaceta política”, lamentó Cerezo.

“No tengo problemas con que el PNP tenga un periódico, pero sí lo tengo cuando ese periódico se financia con dinero del pueblo”, enfatizó.

Noriega y Agosto Alicea, entre tanto, expresaron que lo ocurrido entre el PNP y El Vocero desmoraliza  y atenta contra la democracia, ya que los fondos se utilizaron con fines políticos.

Los entrevistados señalaron que mientras las autoridades deciden si investigan o no, varias preguntas quedan en el tintero, por ejemplo, ¿qué pasará con El Vocero si Fortuño pierde las elecciones del 6 de noviembre? ¿Lo venderán? ¿Dejará de ser gratuito?

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