Renuncia el abogado de Liza Fernández en caso de difamación

Un día después de que surgieron alegaciones de que participó en el fraude de las primarias de Guaynabo para ayudar a su esposo el representante Ángel Pérez, su abogado, en una demanda por difamación contra una empleada del Municipio de San Juan, renunció a su representación legal.

Esta tarde en la sala 805, del Tribunal de San Juan, el abogado Héctor Díaz Olmo informó a la jueza Heydee Pagani Padró que sometió una moción de renuncia a la representación.

“No nos sentimos cómodos representándola”, respondió el abogado a preguntas de la togada sobre su cliente la senadora Liza Fernández, del Partido Nuevo Progresista por el distrito de San Juan.

Acto seguido, Díaz Olmo y el abogado Luis Rivera Rivera, quien presenta a los demandantes Milagros Dávila Santana y su esposo Rubén García Ortiz, informaron en corte abierta el estado del descubrimiento de prueba.

Los abogados indicaron que el 3 de mayo pasado, se tomó una deposición a Dávila en la oficina de Díaz Olmo y que éste recibió copia en disco del programa radiofónico en el que la senadora hizo alegadamente las expresiones difamatorias.

Queda pendiente tomar la deposición de la legisladora, que se presenta para reelección en noviembre entrante.

Pese a la renuncia de Díaz Olmo, la jueza expresó su interés de que esta demanda siga su paso sin mayores dilaciones.

“No intereso que el caso se me atrase a consecuencia de que estamos en año electoral”, advirtió la togada.

Luego concedió 30 días a Fernández para que comparezca a sala con su nueva representación legal o de lo contrario se le podría declarar en rebeldía y continuar los procedimientos.

La jueza también pidió a la senadora que aclare para el expediente del tribunal su dirección postal y residencial porque las comunicaciones se están enviando al Senado.

En un recuento de una decisión previa, Pagani Padró recordó que el epígrafe de la demanda se enmendó para eliminar el nombre de Pérez y la sociedad de bienes gananciales compuesta por la pareja “en virtud de las capitulaciones que ellos suscribieron” previo a contraer matrimonio.

Así las cosas, la jueza señaló una vista con antelación al juicio para el 2 de octubre próximo, a las 9:00 de la mañana.

“El juicio en su fondo se verá si no logramos una mediación”, apuntó antes de concluir la vista.

Esta demanda por difamación, daños y perjuicios se sometió luego que Fernández hizo unas expresiones en una estación de radio el 16 de octubre de 2008.

En esas declaraciones públicas, en las que defendió al alcalde de San Juan, Jorge Santini, la entonces representante indicó alegadamente que Dávila pretendía que se violentaran las leyes y las normas del Ayuntamiento para conseguir favores personales en su lugar de trabajo.

“Ellos pretendían que por haber ayudado a nuestro Alcalde en la campaña primarista para su primera elección allá para el año 2000, que el Alcalde tuviese un trato preferencial con ella y que el Alcalde violentara los reglamentos internos del municipio y que el Alcalde violentara las leyes de personal y le permitiera pasos por méritos, que le permitieran ausencias, que le permitiera que ella hiciera lo que le diera la gana allí, inclusive faltarle el respeto a supervisores”, afirmó en la radio Fernández, según leyó el abogado Rivera de la demanda civil.

Por los daños causados, Dávila Santana, una empleada del Centro Más Salud de Puerto Nuevo, y su esposo piden una indemnización de $500 mil.

Previo a esta demanda, Dávila Santana demandó por daños al alcalde Santini y a sus superiores en el 2008, luego de que denunciara un alegado patrón de fraude con las hojas de asistencia del hospital que –alega– que al día de hoy nadie ha investigado.

Por hacer lo que entendía correcto se desató en su contra una persecución laboral, según Dávila Santana. En esta demanda exige daños por $1 millón.