La exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López, dijo que el aumento en el costo de medicamentos es abusivo e insensible
Por Inter News Service
La exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, catalogó hoy de “abusivo e insensible” el aumento del costo de medicamentos y servicios de sala de emergencias a expensas de las personas médico-indigentes.
López León, quien aspira a un escaño en el Senado en la boleta del Partido Popular Democrático (PPD), manifestó que la acción gubernamental perjudica a 1.5 millones de seres humanos que no deben ser “símbolos de costo de nuestro país, en beneficio de las aseguradoras, que ni un día dejan de obtener su ganancia al administrar estos planes”.
"La culpa siempre es de los más vulnerables y los que cada día son más oprimidos en nuestro país. Cada día vemos a un gobierno más insensible cuando se escudan en un signo de dólares y centavos para justificar sus aumentos pero no evalúan para nada el porqué de esos aumentos por ineficiencia de su sistema”, apuntó.
López León atribuyó los aumentos a la posibilidad de que “no hay servicios y profesionales de salud accesibles en todos los municipios”, por los que los ciudadanos tienen que desplazarse a otros para poder obtener sus servicios, “bajo miles de sacrificios porque no tienen transportación accesible y adaptable para personas con impedimentos”.
Expresó que mientras el gobierno anunció “con bombos y platillos” que los pacientes no tuvieran que buscar referidos para poder ir a un médico, “dentro de esa red preferida no hay ni están disponibles en todos los municipios, obligando a la gente a ir a las salas de emergencia”.
La aspirante a senadora planteó que el gobierno no atiende efectivamente a “esos seres humanos con condiciones crónicas” ni se les monitorea preventivamente en lugar de echarles la culpa por una cantidad de recetas que ellos no hacen.
Reclamó que el dinero se invierta en los servicios a la gente y no en la administración de los planes médicos, lo que contribuiría a bajar el costo.
“¿Acaso los miles de personas cesanteadas por la ley 7 y los trabajos privados no son hoy parte de nuestro sistema de salud porque no tienen dinero para poder vivir y menos para pagar un plan de salud?", preguntó en forma retórica.
La exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada atribuyó el problema a la privatización del sistema de salud de Puerto Rico.
“Ahora tenemos aseguradoras que se ganan grandes sumas de dinero, controlan el costo y los servicios de salud a ser ofrecidos a los pacientes”, subrayó López Soto.
