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28 de febrero de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Sacudida al empleado de gobierno

La reforma al Sistema de Retiro cambia radicalmente su realidad

 

Por Yalixa Rivera y Marian Díaz / yrivera@elnuevodia.com

Trabajar en el Gobierno para retirarse antes de los 60 años y cobrar una pensión casi igual al salario, más recibir bonos de Navidad y de verano, así como plan médico, dentro de poco será cosa del pasado.

En otras palabras, el que pensaba que trabajar como empleado público era una opción con esos beneficios, se equivocó, señaló el economista Gustavo Vélez, al comentar sobre los ajustes al Sistema de Retiro anunciados ayer.

“Se trata de la reestructuración más agresiva que se haya visto en décadas al Sistema de Retiro de los Empleados del ELA”, aseguró Vélez, cuestionado sobre el plan de reformas que pretende implantar el gobierno actual para solventar el Sistema de Retiro y evitar su colapso.

Según el economista, se trata de una movida necesaria del Gobierno que atiende uno de los problemas principales que tiene el país en su misión de atajar el déficit actuarial del Sistema de Retiro que asciende a unos $35,000 millones.


Entre las medidas permanentes que serán impuestas a partir de junio a los servidores públicos, está un aumento en la edad de retiro que oscila entre 2 y 8 años, dependiendo de la ley o estatuto que los cobije.

Además, propone una reducción a los beneficios –provistos por las leyes especiales– que reciben actualmente los retirados y los elimina por completo para los se retirarán una vez entre en vigor el programa de “soluciones permanentes”, pautado para este verano.

“Esta reforma deberá atender el problema de déficit y debería permitirle al Gobierno poder atender los reclamos de las agencias crediticias”, explicó.

Vélez destacó que las medidas presentadas ayer para el Sistema de Retiro, y que deberán ser aprobadas por la Legislatura, garantizarán que el sistema de pensiones no colapse y que no siga desangrando el Fondo General.

Pese a que las medidas podrían resultar antipáticas, el economista reconoció que la movida ayuda a evitar que los bonos de Retiro sean degradados a chatarra.

Más severos aún

A juicio de Vélez, sin embargo, el Gobierno hubiera podido ser más severo con los pensionados que actualmente gozan de las llamadas pensiones Cadillac –cobijados bajo la Ley 447–, que reciben más de $1,500 al mes y que son aproximadamente el 20% de los jubilados.

“Yo hubiera ido más lejos con esa Ley 447. Esas pensiones Cadillac es algo que a futuro se pudiera examinar. Desde el punto de vista moral, estás adquiriendo un dinero que no cotizaste”, comentó.


El economista no considera que a nivel macro estos recortes tengan un impacto grande en la economía en general, especialmente para los empleados actuales, quienes verán una reducción en su salario de 1.7% al aumentar su aportación al Sistema de Retiro.

En total, el universo de los empleados del ELA está compuesto por aproximadamente 116,658 jubilados y 131,361 empleados activos.

“En términos generales de reducción en ingreso y beneficios propuestos bajo la reforma, no será tan dramático para la economía. Estamos hablando de que estos cambios solo afectan al 20% del sector productivo del país. Sigue quedando otro 80% que no se afecta”, declaró Vélez.

“Esto no agudiza más la recesión. Es un impacto marginal. No haber hecho nada o una reforma incompleta, entonces sí que hubiéramos tenido unas repercusiones nefastas que hubieran sido insostenibles”, añadió.

El economista opinó que esta es una gran lección para el pueblo de Puerto Rico, especialmente para los políticos que durante décadas se la han pasado legislando con medidas de corte populista, alejados del bien fiscal del país.

Impacto en la economía

Aunque reconocen que el Ejecutivo hizo lo correcto al presentar medidas para resolver la crisis en el Sistema de Retiro, otros economistas entrevistados señalaron que, como consecuencia de estas, sí podría haber un impacto negativo de inmediato en la economía.

“Las medidas no son un parcho, son significativas y necesarias para subsanar el déficit actuarial, y eso es positivo. Pero es dinero que no va a circular en la economía porque se redigirá a rescatar el sistema de pensiones”, expresó Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting (ABC), quien estimó que el impacto negativo será tan rápido como en los próximos 12 meses.

Indicó que le preocupa la distribución de las medidas anunciadas ya que, a su juicio, no fueron equitativas con todos los grupos. “A los retirados actuales se les toca poco y a los pre-Reforma 2000 se les toca de manera significativa”, opinó. Él hubiera “sacrificado” más a los que ya están jubilados, comentó.

Pero su preocupación mayor es con el grupo que entró al Gobierno después del año 2000. “Ese grupo puede terminar con fondos de pensiones de indigencia y muchos de ellos no reciben Seguro Social, como es el caso de los policías”, advirtió Feliciano, al tiempo que favoreció que los empleados gubernamentales que no coticen al Seguro Social empiecen a hacerlo para que tengan un dinero adicional al momento de su jubilación.

Por otro lado, el presidente de ABC señaló que hay dos grupos a los que se les debió eliminar la totalidad de los beneficios de las leyes especiales, incluyendo los aumentos por costo de vida que hayan tenido en el pasado.

Estos dos grupos son: los alcaldes y legisladores que aportaron al sistema menos de 20 años, “algunos apenas aportaron ocho años y tienen derecho a pensiones que pagarán otros”; y los individuos cuya pensión aumentó significativamente como resultado de que se calculó su pensión a base de puestos de confianza con altos ingresos en los que estuvieron menos de cinco años.

Por su parte, Elías Gutiérrez, quien tiene 70 años y además de economista es empleado gubernamental, dijo que le preocupa el futuro de las medidas presentadas ayer. Esto porque aún falta por conocerse cómo el Gobierno le inyectará capital al Sistema de Retiro, así como qué ocurrirá cuando las medidas lleguen a la Legislatura.

“Estas medidas atienden lo que ocurrirá en el futuro, pero falta lo más importante, la inyección de capital”, dijo.

Habría que ver si el Gobierno propone levantar ese dinero con impuestos adicionales.

“Tengo mis serias preocupaciones. Se va a generar un periodo de ajustes, de angustia en muchas familias, porque tendrán una merma en su cash flow (flujo de efectivo). Eso se va a reflejar en la economía; habrá familias que decidan irse de aquí”, manifestó el también planificador.

Pero la angustia mayor de Gutiérrez es lo que puedan hacer los legisladores una vez lleguen las propuestas del Ejecutivo a la Casa de las Leyes.

“Una cosa es lo que presente el Ejecutivo, y otra cosa es el proceso político que se da, que es el causante de esta crisis que tenemos. En la Legislatura pueden terminar aprobando otra cosa”.

Según él, la Legislatura -en general- ha demostrado a través de los años que los asuntos económicos importantes no los entiende o no le importan. Y con la actual legislatura, hay un problema mayor, según Gutiérrez, “esta lo que ha demostrado es que no muestra respeto por el gobernador, están actuando solos, por su lado”.

Agregó que si la presente Legislatura “no actúa rápido y sin revancha, puede crear mucho daño sicológico”.

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