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26 de febrero de 2013
5:13 p.m. Modificado: 5:22 p.m. Calidad de vida
 

Salen a flote detalles de las irregularidades en Familia

Alegan que se pidió cerrar casos de posible maltrato que no habían sido investigados

 

Por Melisa Ortega Marrero /melisa.ortega@gfrmedia.com

Un correo electrónico apunta a que un día después de la deposición de la entonces secretaria de la Familia (DF), Yanitsia Irizarry, durante las vistas de transición del gobierno central se instruyó a personal de la Administración de Familias y Niñez (Adfan) a cerrar casos de posible maltrato que no habían sido investigados.

Según salió a relucir este martes durante una vista pública de la comisión senatorial de Derechos Civiles, que investiga el estancamiento de querellas de maltrato de menores y de personas de edad avanzada, el correo electrónico –con fecha del 13 de diciembre de 2012- provino de Jorge Rosado, un consultor de sistemas de Adfan que respondía directamente a la entonces jefa del DF.

La comunicación, en la que se explicaba cómo “disponer en bloque de los referidos”, fue enviada a José Crespo, un supervisor de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) de la región de Mayagüez, explicó Vanessa Pintado Rodríguez, administradora de Adfan.

Ese correo electrónico, indicó, también llegó a la atención de Hilda Rodríguez, quien entonces laboraba para la región del Bayamón, que junto a San Juan son las regiones con más volúmenes de querellas.

Según la funcionaria, Crespo pudo haber dado de baja unos 400 casos solo en la región de Bayamón.

La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Rossana López León, adelantó que Rodríguez, quien ahora dirige la administración auxiliar de Servicios de Prevención en la Comunidad, será citada para interrogatorio como parte de esta pesquisa legislativa.

Entre la evidencia presentada por Pintado Rodríguez se encontraba también otro correo electrónico del 27 de diciembre de 2012, en el que Rodríguez le informa su preocupación en torno a los cierres administrativos a María Luisa Carrillo de Sevilla, pasada subadministradora de Adfan, y a Denise Hernández, quien aún dirige la UIE de la región de Mayagüez.

“Algunos de los referidos revisados refieren menores de 0 a 6 (años). Estos son los más vulnerables y en estos momentos, los que han sido reseñados por la prensa como víctimas fatales. Algunos de los referidos revisados tienen hojas de progreso notificando cierre, pero no tiene el (formulario) FN-81 completada de cierre”, lee parte del mensaje, según Pintado Rodríguez.

La funcionaria indicó que la entidad que dirige iniciará una investigación de todos los casos que fueron cerrados para determinar si se actuó correctamente.

“Cuando nos reunimos con Softek, con la compañía a cargo del programa SIRCse (Sistema de Información del Registro Central y Seguimiento), entre las cosas que nos dijo fue que la administración anterior les solicitó a ellos una nueva categoría de cierre en diciembre, que no existía, que son los cierres administrativos”, agregó Pintado Rodríguez.

Miles de casos en el “limbo”

Según cifras ofrecidas por la administradora de Adfan, actualmente hay acumulados cerca de 42,000 referidos que involucran menores (5,175 de 0 a 7 años) y unos 3,663 referidos de personas de edad avanzada.

“Los servicios dirigidos a la protección social de los menores se vieron afectados en los últimos cuatro años por la falta de atención a las necesidades de esta agencia, particularmente lo que corresponde a dirigir esfuerzos en el mejoramiento de la atención de referidos y servicios prestados a esta población. La falta de personal y recursos en el servicio de protección social llevó a la acumulación ya mencionada. Gran parte del atraso actual la podemos atribuir a la desarticulación que en el pasado cuatrienio fue objeto la estructura organizacional de la agencia”, opinó.

Familia perdió a causa de la Ley 7 de restructuración fiscal unos 3,000 empleados, se informó en la audiencia pública.

Para atender la acumulación de casos, la nueva jefatura de Adfan estableció un plan de trabajo que contempla el reclutamiento de más personal y con el que esperan, entre otras cosas, completar en un año los referidos sin investigar en las UIE.

A preguntas de la senadora popular López León, la funcionaria precisó que, durante el pasado cuatrienio, Adfan suscribió contratos con la agencia de Publicidad Tere Suárez ascendentes a $3,9 millones. Sin embargo, también pagó durante ese período $850,000 por servicios mediante órdenes de compra, agregó.

En las vistas de transición se supo que Familia, incluyendo a todas las entidades que cobija, poseía en total cerca de $18 millones en contratos de publicidad.

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