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12 de febrero de 2013
4:41 p.m. Modificado: 4:55 p.m. Actualidad
 

Seguridad del aeropuerto podría ser manejada por compañías privadas

Sindicato teme que empleados federales sean despedidos de aprobarse la privatización del Luis Muñoz Marín

 

Por Antonio R. Gómez/antonio.gomez@gfrmedia.com

La privatización de las operaciones del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina, podría traer la sustitución de las agencias federales de seguridad por compañías privadas y el desplazamiento de cientos de trabajadores federales que laboran allí, advirtió el presidente local de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, Alejandro Alvelo.

La revelación del portavoz del sindicato, que agrupa a cerca de 500 empleados del gobierno federal en el aeropuerto, acaparó la atención de los legisladores que participaron este martes en una audiencia pública de la comisión cameral de Gobierno, relacionada a esta transacción.

“He venido aquí para dar testimonio de la falta de transparencia, el impacto económico hacia la fuerza laboral federal y al gobierno. Sin embargo, la peor parte es perder más puestos de trabajo, a cuenta del nuevo contrato de arrendamiento que se avecina”, dijo Alvelo. “Esto ha creado preocupación entre mis hermanos y hermanas en el sindicato. El no tener toda la información al respecto, crea más dudas que respuestas”, agregó.

La posibilidad de que la seguridad del aeropuerto pase también a manos privadas, explicó, la crea el “Screening Partnership Program (SPP)”, establecido bajo la ley federal Aviation Transportation Security Act (ATSA), que permite que aeropuertos bajo administración privada contraten también la seguridad a compañías privadas.

“Este proyecto tiene que tener más información, garantías y protección económica para la clase trabajadora. No hay mucho que me asuste en esta vida, pero la idea de la cesantía, jubilación forzosa, traslado a otros aeropuertos fuera del umbral de la 'Isla del Encanto' y el Screening Partnership Program, provoca terror”, afirmó Alvelo.

El dirigente de los trabajadores federales advirtió además que, hasta el momento, “en la primera fase de cambio de infraestructura, podrían dejar de existir 200 plazas federales en el Muñoz Marín, lo cual implica un impacto económico de $400,000 a las arcas del gobierno”.

Esa situación, abundó, surge de la propuesta de la empresa privatizadora de reducir de cuatro a solo dos, los puntos de seguridad que operan en el aeropuerto.

“El tener solo dos puntos de seguridad crea embudos y un problema mayor, es el impacto sicológico y emocional, tanto para el pasajero como para el empleado que nunca ve que puedan acabar las líneas”, agregó en la audiencia pública.

Alvelo dijo que la posibilidad de pasar a manos privadas las operaciones de seguridad del aeropuerto “significa volver a los días anteriores al 9/11, en la expansión de contratistas privados y sin el mismo compromiso patrio y de seguridad que exhiben los actuales empleados de TSA (Transportation Security Administration) para las funciones de inspección de pasajeros”.

“La empresa privada va a obligar al Estado a cortar las esquinas para aumentar las ganancias allí. No podemos seguir creciendo el desempleo a costa de unos pocos para otorgar riqueza a algunos”, advirtió el empleado federal.

Las audiencias sobre la propuesta privatización del Muñoz Marín se reanudarán la próxima semana cuando se espera comparezca el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, David Álvarez, bajo cuya dirección se negoció el contrato con el entonces gobernador Luis Fortuño.

José “Conny” Varela, presidente de la comisión cameral de Gobierno, indicó que hay conversaciones con representantes de la empresa privatizadora para acordar una fecha en la que comparezcan ante el organismo a explicar su propuesta y sus compromisos con el gobierno.

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