Documentos muestran que Hernández Denton costeó su boda
Por Israel Rodríguez Sánchez / israel.rodriguez@elnuevodia.com
El cimiento que sostiene las pesquisas que el Departamento de Justicia y el Senado mantienen sobre el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, se tambalea, pues la evidencia documental entregada a las autoridades investigadoras y las leyes y reglamentos vigentes ponen en duda las alegaciones del alguacil querellante Alejandro Oyola Pérez, confirmó El Nuevo Día.
En primer lugar, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) certificó que no desembolsó fondos públicos para la actividad de renovación de votos matrimoniales de Hernández Denton y su esposa Isabelita Picó, celebrada en julio de 2006.
La certificación de la OAT fue emitida luego de que Oyola Pérez presentara una querella ante Justicia en diciembre pasado, imputándole a Hernández Denton utilizar empleados de la OAT para esa actividad y pagar todos los gastos de esa festividad con fondos públicos de la Rama Judicial.
“Certificamos que se revisaron los desembolsos efectuados por la Oficina de Administración de los Tribunales al Hotel El Convento y no encontramos desembolso alguno relacionado a una actividad celebrada el 16 de julio de 2006”, lee la certificación del jefe de Finanzas de la OAT, Ángel L. Vallellanes.
El documento, copia del cual obtuvo este diario, indica que “tampoco se identificaron pagos a esa entidad atribuibles al Tribunal Supremo, ni al Juez Presidente”. Los desembolsos revisados por la División de Finanzas de la OAT cubren el periodo del 1 de julio de 2005 al 22 de diciembre de 2011.
Avanzan las pesquisas
Justicia, por su parte, tiene bastante adelantada su investigación, confirmó la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública de esa agencia.
La funcionaria sostuvo que ya entrevistaron a nueve personas, todos alguaciles, y recibieron varios documentos de la OAT, aunque también están a la espera de recibir otros que le fueron solicitados. La OAT tiene hasta el 13 de este mes para entregar los documentos adicionales a Justicia.
“Hemos estado evaluando la información que tenemos. El contenido de las entrevistas van realizadas a la luz de la querella sometida (por un alguacil)”, sostuvo la fiscal. Mientras tanto, el Senado comenzó a interrogar testigos ayer a puerta cerrada basado en la misma alegación del alguacil Oyola Pérez.
Este diario supo que Hernández Denton entregó a petición de Justicia toda la información de la actividad para celebrar sus 40 años de matrimonio, cuyos costos ascendieron a $41,550.62, y evidencia de que el dinero salió de las cuentas de cheques personales y tarjetas de crédito de él y su esposa.
Los documentos entregados el 21 de diciembre por el juez presidente a Justicia incluyen las facturas de las compañías y personas que le brindaron servicios para la actividad, copia de los cheques personales cancelados de él y su esposa, así como los estados de cuenta de varias tarjetas de crédito personales.
Se obtuvo, además, copia del documento de factura interna del Hotel El Convento, conocido como el “guest folio”, que corrobora el pago con las tarjeta de crédito Mastercard y Visa que hicieron los esposos Hernández Picó. Ese documento fue enviado por el jefe de la Oficina de Finanzas de la hospedería, César E. Hernández Monagas, al Senado a petición del cuerpo legislativo.
“No hay delito”
Oyola Pérez también alegó en su querella que Hernández Denton contrató sus servicios, en su carácter personal, en una fecha cercana al 12 de abril de 2008, para que llevara a su hijo y a la novia de este a un concierto. “Ese día me presenté en la casa del juez presidente entre las 6:00 y 7:00 de la noche. El juez presidente me entregó un cheque personal como pago por los servicios prestados y me entregó la llave de la guagua Dodge Durango que pertenece a la Rama Judicial”, dijo en la querella.
Sin embargo, fuentes de este diario aseguraron que Justicia no le pidió a Hernández Denton información o evidencias sobre esa alegación. Los jueces del Supremo y otros funcionarios de la Rama Judicial están autorizados a utilizar vehículos oficiales para fines personales, según un reglamento interno revisado por este diario.
El reglamento describe “vehículo oficial de uso particular” como un vehículo asignado a algún personal de la Rama Judicial en particular, “el cual podrá ser utilizado en asuntos personales de este, además de los oficiales”. Otra regla de la Rama Judicial, la número 10, dispone que “el(la) alguacil, por sí mismo(a) o por mediación de uno de sus auxiliares, estará a cargo de la seguridad de los(las) jueces, de sus familiares inmediatos y de los(as) empleados(as) del Tribunal”.
Sobre la alegación de que Hernández Denton le pagó a Oyola Pérez con un cheque personal por sus servicios fuera de horas laborables, el profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Guillermo Figueroa Prieto, una autoridad en ética judicial, indicó que “para mí no hay nada que lo prohíba”.
“Lo único que puede haber es en la Ley de Ética Gubernamental, pero no aplica a la Rama Judicial”, señaló Figueroa Prieto, al explicar que esa rama tiene sus propios reglamentos y código de ética.
El experto fue categórico cuando dijo que esa acción no constituye delito. “Delito, no es ninguno”, afirmó Figueroa Prieto.
Yaritza Santiago Caraballo colaboró en esta historia.
