Seis décadas de ganancias y pérdidas

El Puerto Rico actual dista mucho del de hace 60 años, cuando, un día como hoy, los casi 100 delegados de la Asamblea Constituyente se reunieron en una sesión especial para aprobar y firmar la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico.

En ese momento, gran parte de la población era analfabeta, la tuberculosis y la disentería eran las primeras causas de muerte, los asesinatos rondaban los 200 y el producto nacional bruto era de unos $754.5 millones.

Hoy, las principales causas de muerte son las enfermedades relacionadas al estilo de vida, como la diabetes, el cáncer y las condiciones cardiacas; la tasa de graduación de escuela superior está en 97%, los asesinatos sobrepasaron los 1,130 en 2011 y el producto nacional bruto para el 2010 fue de $63,291.5 millones, según la Junta de Planificación.

“Hemos adelantado en muchísimos aspectos, especialmente a pesar de que ahora estamos en un periodo de recesión. La economía de Puerto Rico se desarrolló vigorosamente durante los años después de aprobarse la Constitución, lo cual nos permitió hacer toda una serie de cosas que se manifiestan en el desarrollo de la infraestructura y otras actividades de nuestra sociedad”, expresó Luis E. González Vales, historiador oficial de Puerto Rico.

A partir de la aprobación e implantación del ELA, la economía tomó un impulso vertiginoso que terminó de encaminar a Puerto Rico en la ruta de la industrialización, cambiando del enfoque agrícola a la manufactura.

“La industrialización fue por invitación ya que, en ese momento, había acabado la Segunda Guerra Mundial y había que reconstruir a Europa porque era un socio comercial importante de los Estados Unidos. Comienza a haber un gran auge y muchas de estas plantas manufactureras se establecían en Puerto Rico porque la Isla logró implantar una ley de incentivos industriales locales”, explicó el economista José Alameda.

En la década del 1970 surgió la Sección 936 del Código de Rentas federal, que le otorgaba exención contributiva total a las empresas norteamericanas en la Isla. La sección fue eliminada durante la incumbencia del entonces gobernador Pedro Rosselló, en la década del 1990, lo que provocó el cierre de fábricas y la pérdida de miles de empleos.

El exdirector médico de San Juan Ibrahim Pérez explicó que a seis décadas del surgimiento del ELA tenemos más progreso, pero menos salud. A su juicio, esto se debe a la eliminación del sistema de salud regionalizado y a la aparición de enfermedades relacionadas al estilo de vida.

Es por esto que, de cara al futuro, Pérez entiende que Puerto Rico debe enfocarse en la salud pública y la prevención.

Un problema que parece haber incrementado a través de los años es la criminalidad. El sociólogo Víctor García Toro explicó que a partir de las décadas del 1960 y 1970 la desigualdad social aumentó debido al “boom económico” de la época a raíz de la implantación de un nuevo modelo económico.

“En este momento no se resuelve el problema de la entrada sin control de armas al país y Puerto Rico pasa a convertirse en una isla que parece un narcoestado”, subrayó.

“ En cuanto el país no genera empleos y aumenta la dependencia, muchas personas optan por vías alternas par resolver los problemas. Ese problema de desigualdad social fue creciendo y dio espacio para que el mercado de la droga prosperase tanto por la falta de control y por la falta de opciones para mejorar, también había un mercado”, dijo el exprofesor de la Escuela Graduada de Trabajo Social.

Ahora, según García Toro, es necesario redefinir la política de seguridad del gobierno para atender los problemas que realmente inciden en el auge de la actividad criminal: la desigualdad social, la dependencia, la falta de empleo y de vivienda, y la drogadicción.

En términos de la salud, son necesarios cambios urgentes al sistema gubernamental de salud, coincidió el ex secretario de Salud Enrique Vázquez Quintana.

“La implantación de la reforma de salud, desde 1993, ha sido muy problemática. Y bajo el actual gobierno no ha habido grandes enmiendas. Hay que hacer cambios porque la gente está muy insatisfecha”, dijo Vázquez Quintana.

El sistema de educación pública y gratuita, sin embargo, fue uno de los grandes beneficios de la propuesta social que se hizo a través de la Constitución, sostuvo, por su parte, César Rey, ex secretario de Educación y profesor universitario.

“El acceso a una educación laica y no sectaria fue una visión bien progresista”, indicó Rey, quien sostuvo que hay que tener cuidado, sin embargo, con un acceso acrítico a los programas federales.

Por su parte, el exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo considera que lo importante es atender los problemas que realmente aquejan a los ciudadanos, ya que “el status es un medio para hacer justicia, no al revés”.

“Para buena parte del liderato político, el status es lo fundamental, pero para el pueblo la lucha por mejorar la educación, la salud, los empleos y la seguridad tienen mayor prioridad. (Luis) Muñoz Marín entendió que esas prioridades había que respetarlas y no cerrarle puertas a ningún status...”, dijo.

“Pero el pueblo no podía dejar de atender sus grandes libertades contra la necesidad y la desesperanza y solo hablar de status. El status es un medio para hacer justicia, no al revés. El status no es un fin en sí mismo”, agregó Acevedo, quien fue candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD) en 1996.