Será juzgado por cuatro cargos

La jueza Elizabeth Linares, del Centro Judicial de San Juan, determinó ayer causa para juicio contra el exrepresentante novoprogresista Iván Rodríguez Traverzo por cuatro cargos de aprovechamiento ilícito de fondos o servicios públicos.

La jueza desestimó otros cuatro cargos que la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) sometió por los mismos hechos bajo la anterior Ley de Ética Gubernamental, que fue derogada al momento de la presentación de los mismos.

Los cargos son por haber utilizado en octubre de 2009, en horas laborables, empleados de su oficina de distrito en Isabela para remozar un potrero, de cara a una actividad de recaudación de fondos, en la que transmitiría una pelea de boxeo entre el filipino Manny Pacquiao y el boricua Miguel Cotto.

Tanto el abogado Hilton García Aguirre, como el exlegislador y los FEI Zulma Fúster y Manuel Núñez se expresaron complacidos con la determinación de la jurista.

“Esto es una victoria en cancha de visitante porque esto se tenía que ver en (el Centro Judicial de) Arecibo, se vino para acá, para (el Centro Judicial de San Juan, en) Hato Rey, y salimos por la puerta ancha hoy y estaremos saliendo por la puerta ancha más adelante también”, expresó Rodríguez Traverzo con una sonrisa al salir de la sala 608 del Tribunal de San Juan.

Originalmente, el caso estaba pautado para verse en el Centro Judicial de Arecibo, pero la Oficina del FEI solicitó que el mismo se trasladara a la Capital porque el dinero público con el que se le pagó a los empleados de Rodríguez Traverzo salió del Capitolio, y porque el distrito que representaba el imputado, el 16, es parte del distrito judicial de Arecibo.

“Próximamente se radicarán mociones adicionales y esto se va a caer. El caballo de Troya de ellos ya no lo tienen. Esto no irá a juicio”, vaticinó el exlegislador, expulsado de la Cámara de Representantes en diciembre del 2010, a raíz de señalamientos de empresarios de la industria turística sobre sobornos y difamación.

La desestimación de los cargos bajo la Ley de Ética Gubernamental de 1985, se produjo al final del único día de vista preliminar, en respuesta a una moción sometida por la defensa.

“Entendíamos que la ley anterior era gris en cuanto a si aplicaba o no a los legisladores. Nosotros entendíamos que sí, pero estamos conformes porque pudo haber habido cualquiera de las dos determinaciones. Los cargos importantes son por los que hubo causa y en esos cargos tenemos una prueba contundente”, explicó Fúster al acabar el proceso.

La lectura de acusación contra Rodríguez Traverzo fue pautada para el 23 de agosto y el inicio del juicio para el 19 de septiembre próximo.

La defensa adelantó que someterán mociones para que se le remueva el grillete a Rodríguez Traverzo y para la desestimación del resto de los cargos que pesan en su contra.

“Esto ha sido una victoria para nosotros. En la Ley de Ética esos cuatro cargos no tenían probatoria. Ahora nosotros estamos con delitos que cualifican para probatoria y se nos hace más fácil la tarea… Tú tienes que tener siempre las dos opciones y, en el peor de los escenarios, nuestro cliente estaría cualificando para una probatoria en caso de un fallo adverso, pero nosotros confiamos en prevalecer en los planteamientos que nos quedan”, explicó García Aguirre.

El abogado agregó que bajo la Ley de Ética Gubernamental anterior, los delitos que se le imputaban a Rodríguez Traverzo incluían una pena de entre 11 y 14 años sin derecho a probatoria.

Según Fúster, los cuatro cargos por los que el exlegislador será enjuiciado están contenidos en el nuevo Código Penal y ameritan una pena de entre seis meses y un día, hasta tres años, con derecho a probatoria.

En la vista preliminar declararon cuatro testigos del Ministerio Público: Raymond Quiñones Abreu, José Edgardo Pérez Piñeiro, Christian Ojeda Rodríguez y Radamés Cordero Correa, todos empleados de la oficina de distrito que Rodríguez Traverzo mantenía en Isabela en octubre de 2009. La defensa renunció a su derecho de presentar testigos a pesar de que al principio anunció que citaría a dos.

Los cuatro testigos declararon que, a pesar de que habían sido contratados para trabajar en la oficina de distrito, tuvieron que limpiar y pintar un potrero en Quebradillas durante horas laborables a finales de octubre de 2009 porque Rodríguez Traverzo realizaría allí una actividad política para recaudar fondos para su campaña.

Cordero Correa y Pérez Piñeiro dijeron que recibieron la orden directamente de Rodríguez Traverzo, mientras que Ojeda Rodríguez fue contactado por el director de la oficina de distrito, Carlos Aldarondo; y Quiñones Abreu recibió la instrucción de uno de sus compañeros de trabajo.

Los jóvenes indicaron que durante semana o semana y media realizaron labores de limpieza y puntura en el Potrero Muñiz, y que firmaron las hojas de nómina como si hubieran estado trabajando en la oficina.

“Yo me quedé callado (al principio). No dije nada hasta que llegué allí (al potrero). Al final me quejé porque estaba haciendo algo que no era de mis funciones. Él (Aldarondo) me dijo que había que hacerlo porque eran instrucciones del señor Rodríguez Traverzo”, relató Ojeda Rodríguez, quien trabajaba en la oficina distrito atendiendo las llamadas del público.

“Él me dijo que de eso dependía mi trabajo porque era una actividad para recaudar fondos para su campaña. Entendía que si no iba, podía perder mi trabajo”, indicó, por su parte, Pérez Piñeiro. “Él me mandó en horas de trabajo, no me mandó de vacaciones. Me dijo que fuera a trabajar al potrero y que firmara como si estuviera trabajando en la oficina”, agregó.

Las partes protagonizaron un momento de tensión cuando García Aguirre reveló que había obtenido, antes de tiempo, la declaración jurada de uno de los testigos, Ojeda Rodríguez. Ese es un documento confidencial que forma parte de la investigación de los fiscales y que se entrega a la defensa del imputado en esta etapa del proceso.

La FEI Fúster indicó que ordenará una investigación ya que el expediente del caso es confidencial y se mantenía bajo llave.

“(García Aguirre) está admitiendo algo que, como poco, es antiético”, dijo la FEI a la jueza.

El abogado se negó a revelar cómo obtuvo el documento, e incluso le dijo a la fiscal en actitud desafiante, “hagan una querella”.

“Las declaraciones se sustrajeron del expediente. Esto es insólito. A nadie se le ha dado copia. Ese expediente estuvo bajo llave”, puntualizó Fúster.