“Sigo buscando justicia”

WASHINGTON – Por cuatro años y ocho meses, Ruth Jiménez de Jesús ha luchado contra la corriente oficial y sus propios tormentos, decidida a que las   autoridades  acepten las “verdaderas circunstancias” en que murió su hijo, quien recibió ocho disparos, siete por la espalda, de parte de agentes de la Policía de Puerto Rico.

“A nombre de todos los que han muerto a manos de la Policía quiero que mi voz sea escuchada”, dijo, al relatar, con lágrimas de dolor y coraje su esfuerzo por  convencer al Gobierno de que su hijo no murió en un enfrentamiento con agentes policiales, como dice la historia oficial, sino que fue ejecutado.

Al presentarse oficialmente en una conferencia de prensa en Washington el informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) sobre los casos “rampantes y habituales” de brutalidad policial en la Policía de Puerto Rico, Jiménez de Jesús tomó un turno para contar las incongruencias que desde el principio le convencieron de que su hijo Jorge Luis Polaco Jiménez, de 28 años, es una de las víctimas del uso injustificado de fuerza policial  letal.

El caso de Polaco Jiménez es uno de los 28 incidentes ocurridos entre 2007 y 2011 en que civiles murieron a manos de la Policía de Puerto Rico y que la ACLU documenta en su informe “Isla de Impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley”.

En total, según la ACLU, en ese período de cinco años en Puerto Rico por lo menos 36 civiles murieron al ser tiroteados o golpeados por la Policía,

Entre 2010 y 2011, el total ascendió a 21, tres veces más, proporcionalmente, que en la ciudad de Nueva York.

Desde que empezó a narrar las circunstancias en que murió su hijo, un absoluto silencio se apoderó del salón de la conferencia,  en el National Press Club de Washington D.C.

Los hechos se remontan al 4 de octubre de 2007, cuando Polaco Jiménez estrelló su automóvil contra un centro de cuidado de niños en Carolina en el que trabajaba su novia, quien le había denunciado por violencia doméstica.

Muchas lagunas 

Al lugar se presentaron agentes de la División de Drogas de la Policía, que intervinieron con Polaco Jiménez y bajo circunstancias no claras le hicieron por lo menos un disparo, según la documentación divulgada por ACLU en su informe y una investigación privada que la familia financió de su bolsillo.

 Una de las teorías que tienen los abogados de la familia de Polaco Jiménez es que en la intervención en el centro de cuido, en la avenida Campo Rico, le hicieron un solo disparo. La Policía sostiene que hubo un enfrentamiento a tiros con Polaco Jiménez.

De todos modos, la investigación de ACLU señala  que los agentes se lo llevaron de la zona del centro de cuido a bordo de la patrulla policial. Supuestamente camino al hospital regional de Carolina, que queda a unos 10 a 15 minutos.  “Al hospital mi hijo llegó una hora y media después, con otras siete heridas de bala y muerto”, dijo Jiménez de Jesús.

Para la familia, el silencio oficial sobre el caso ha sido ensordecedor.  No le precisan, indicó Jiménez de Jesús,  si los agentes llamaron al servicio de emergencias 911 o una ambulancia. 

Nadie le puede explicar tampoco qué sucedió durante la hora y media en que tardaron en llegar al hospital. El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, que pesquisa los delitos imputados a la Policía,  se ha negado a investigar.

“Si mi hijo había violentado la lay, debía estar en la cárcel, no en el cementerio”, agregó Jiménez de Jesús, cuya familia tuvo negocios en el sector de la construcción y al momento de la muerte de Polaco Jiménez era propietaria de un salón de belleza.

Identifican a dos agentes

Por informes extraoficiales, Jiménez de Jesús y la ACLU han identificado a dos agentes de la Policía que intervenieron con el joven: Isaac Joel Pizarro, quien murió a tiros en diciembre pasado; y  Gerardo Román Castro, quien ahora trabaja para la Patrulla de Fronteras en la zona colindante a México y describen como hijo de un “alto oficial” del departamento policial.

“La fiscalía nunca me llamó”, dijo Jiménez de Jesús, quien mencionó que al momento de los hechos la entonces jefa de la fiscalía de Bayamón, a donde se llevó el caso, era la ahora procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez.

La atribulada madre reconoció que ha necesitado ayuda sicológica para poder seguir adelante, pero con la ayuda de la ACLU tiene vigente una demanda en contra de la Policía y los dos agentes que han identificado -en el caso de Pizarro en contra de su sucesión-, por violación de derechos civiles. 

Entre sollozos, afirmó: “Sigo buscando justicia”.