Sin castigo por construir al garete

el caso del representante José Luis Rivera Guerra puso en la mirilla cuán generalizados pueden ser en la Isla el uso ilegal de los servicios de energía eléctrica y agua potable, de no pagar contribuciones sobre la propiedad y de construir una de sus residencias sin los permisos de construcción y de uso.

El caso de Rivera Guerra no ha sido el único. Hace unos meses el exsecretario de Educación, Jesús Rivera Sánchez, fue señalado como un cliente moroso por una deuda de miles de dólares con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Y en estos días a la alcaldesa de Guayama, Glorimari Jaime, también se le señaló por no cumplir con los pagos al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

pedir perdón y no permiso

¿Refleja Rivera Guerra a un sector de la población? Aunque hay violaciones de ley que, por supuesto, no se pueden justificar ni estimular, ¿cuán común es construir sin permiso en Puerto Rico?

“Puedo decir que es común. Hay muchas, hay muchas (construcciones) sin permiso”, respondió la licenciada Jeniffer Mayo Mirabal, jefa de la Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPE), agencia encargada de auditar la otorgación de permisos en la Isla.

“Hay diferentes casos, desde construcciones sin permisos hasta casos donde hay permisos, pero hay violaciones”, añadió la licenciada.

En esto coincidió el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Alejandro Brito, quien sostuvo que en un estudio que hizo la organización en conjunto con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, dos de cada tres de las construcciones en la Isla se hacen informalmente.

Uno de los problemas más graves para que se pueda frenar esta actividad ilegal es que las autoridades gubernamentales no cuentan con los recursos adecuados para detenerla.

Durante el 2011 la agencia inspectora de permisos recibió alrededor de 1,500 querellas por construcciones sin permisos y recuperó $360 mil en multas.

Esta dependencia cuenta con solo 62 inspectores autorizados para recorrer la Isla. Mayo Mirabal reconoció que el problema de edificaciones inseguras es grave y que tienen muy poco personal para atajar el problema. Sin embargo, sostuvo que la agencia es relativamente nueva, por lo que espera que más adelante puedan contratar más personal.

El presidente de los constructores aseguró que el desparrame de edificaciones sin permiso se debe, entre otras cosas, a la demanda de hogares que existió hace 50 años cuando la Isla era mayormente agrícola.

“Las familias segregaban lotes para sus hijos y con muy poca o ninguna permisología”, indicó Brito. Aseguró que es más fácil para el ciudadano construir sin permisos porque se liberan de las aportaciones al gobierno. “Actualmente el costo de una casa puede aumentar desde un 20% si se hace por la ley”, indicó Brito, quien criticó fuertemente el sistema de permisos porque, dijo, incentiva la evasión.

Ver la luz, pero sin pagarla

Por otro lado, mientras sigue aumentando el costo energético, más personas ven en el hurto de luz una oportunidad de aliviar su carga económica.

En el 2011 la AEE visitó los hogares de 20 mil abonados a los que se les imputaba robo de luz, de los cuales 5,307 fueron positivos de uso indebido de energía eléctrica, según Jorge L. García, administrador de la oficina de Uso Indebido de Energía Eléctrica. “Nuestra meta es recuperar $100 millones en el 2012”, añadió el funcionario, que aseguró que están ampliando los recursos para investigar hurto.

Según García, esa cifra representa un 24% de detección de casos en comparación con el 13% que se obtuvo en el 2010. En el 2011 lograron recuperar en ajustes $29 millones. En el 2010 se recuperaron $21 millones.

La AEE puede imponer penalidades administrativas de hasta $10 mil y reclamar el pago por el consumo adeudado y por los trámites legales y administrativos a quien hurte energía.

Pero ciudadanos como Antonio Rivera (nombre ficticio) defienden su truco.

“Mira, en mi casa no prendemos el televisor y siempre tenemos las luces apagadas, cambiamos a bombillas que ahorraran y la luz llegó una vez de $700. Eso es un abuso. Entre más a tiempo pagaba y más responsable quería ser, más cara y más cara. ¡No, no se puede!”, sostuvo el ciudadano que admitió que, en la medida que él utilice “el pillo” para bajar su factura, terminan pagando los abonados honestos.

En el caso de lo que se conoce como “arrimo” de luz, la AEE indicó a la Comisión de Ética de la Cámara que no es “legal ni ilegal”.

“El arrimo, aunque no se define asimismo en el reglamento, sí se reconoce que es una modalidad de ciertas personas que no logran obtener un permiso para una estructura porque no hicieron ninguna gestión”, indicó Otoniel Cruz, director de la AEE.

Según Cruz, se trata de una reventa de energía en lugar de arrimo y eso no está permitido por eso le imponen una tarifa comercial para llevarlos a que se conviertan en clientes.

¿Leyes muertas?

Es un delito menos grave no notificar las edificaciones y cambios en las estructuras al CRIM.

La pasada ley de Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) también tipificaba como delito menos grave la edificación sin permisos. Y en el 2009, con la creación de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), se aumentó a delito grave.

Pero según la agencia nunca se ha procesado criminalmente a persona alguna por construir sin permisos. Del mismo modo, nunca han acusado a alguien por evadir el pago del CRIM. Así lo confirmaron las agencias ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes en medio del referido de Rivera Guerra.

En el caso de OIGPE “otorgamos multas administrativas de hasta $50 mil por violación. Tenemos unas guías para determinar las multas y uno de los criterios que utilizamos es la magnitud de la construcción”, señaló la inspectora general, quien reconoció que la norma de la población es “mejor pedir perdón que pedir permiso”.

Por su parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados estimó que hay unas 100 mil derivaciones en la Isla.

Según la AAA, la derivación se define como extensión o ramificación de las tuberías de agua de un mismo contador. La toma o descarga clandestina constituye una violación a su reglamento. Jorge Luis Burgos, portavoz de la AAA, dijo que en el 2011 se identificaron 24,691 casos sobre un total de 315,991 clientes, lo que tendría un impacto económico estimado de $50 millones para la AAA. En el caso del alcantarillado, el costo sería de $80 millones.

“Las derivaciones son un problema de planificación en la Autoridad. Hemos ido atendiendo el problema; sin embargo, es una situación que necesita inversión. El impacto mayor en los clientes es cuando se construye la residencia donde se tienen que pagar los costos de acometida de agua, que son $500. Si es de alcantarillado son $1,000”, dijo José Ortiz Vázquez, presidente de la AAA.

Dos Puerto Rico

“Hay dos Puerto Rico. El primero es el que está superreglamentado, por ejemplo, nosotros los constructores, que tenemos que cumplir con alrededor de 50 permisos para construir, y está el segundo, que construye con un mínimo de permisos y supervisión”.

De esta forma Brito, el líder de los Constructores de Hogares, arremetió contra la política pública del Estado para someter permisos. “Necesitan más fiscalizadores y activar la reglamentación”, expresó Brito.