"Al día de hoy, sigo en mi puesto comprometido en todo momento", aseguró el jefe de Justicia
Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com
El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, reafirmó hoy, jueves, su intención de permanecer al frente de esa agencia, y advirtió que la orden administrativa que ha sido motivo de discordia entre el componente de seguridad del gobierno está bajo revisión para posibles enmiendas.
"Al día de hoy, sigo en mi puesto comprometido en todo momento", señaló Somoza Colombani en respuesta a las críticas negativas que ha recibido su gestión ante la aparente pobre presentación de casos en los tribunales.
“Yo estoy aquí día a día trabajando”, añadió tras participar junto al secretario de la Gobernación, Miguel Romero, en una actividad de servicios al ciudadano en el caserío Manuel A. Pérez en Río Piedras.
Somoza Colombani informó de que la orden administrativa que dispone cómo se coordinarán los trabajos en investigaciones criminales está bajo evaluación de un grupo de fiscales y de algunos “expertos” encomendados por el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, con miras a identificar áreas de mejoramiento.
“Hay una evaluación individual de unos expertos, como estableció el compañero Pesquera, y también una nuestra para poder conocer todo el insumo”, comentó.
La referida orden fue suscrita en noviembre de 2002, durante la secretaría de la ahora jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez; el entonces superintendente de la Policía, Miguel Pereira, y el director del Instituto de Ciencias Forenses, Pío Rechani.
Pesquera ha manifestado su "incomodidad" respecto a las disposiciones de ese estatuto, pero Somoza Colombani confirmó que seguirá vigente, al menos, hasta que concluya el análisis.
No pudo precisar cuándo la evaluación estaría completa, pero aseguró que la parte que elabora el Departamento de Justicia está “bastante adelantada”.
La orden administrativa detalla cuáles serán los deberes de cada integrante de las agencias de seguridad en el manejo de una escena criminal. El documento coloca al fiscal en el máximo nivel jerárquico, y señala que los agentes investigadores deberán seguir sus instrucciones, y no tendrán que pedir la autorización de sus supervisores para ejecutar las órdenes que provengan de fiscalía.
El Secretario de Justicia rechazó que sean numerosos los casos "esclarecidos" por la Policía que no hayan podido ser sometidos por los fiscales por insuficiencia de prueba.
Indicó que "puede haber uno que otro", y estableció una diferencia entre "esclarecer" y presentar los casos en los tribunales.
"Una cosa es esclarecer un caso, saber quién cometió (el crimen), y otra cosa es cómo llevarlo al tribunal y probarlo más allá de duda razonable", enfatizó.
Según estadísticas de la Rama Judicial, en los recientes cinco años, el número de casos criminales graves sometidos ha mermado en un 21%.
El gobernador Luis Fortuño atribuyó hoy, jueves, esa reducción a los acuerdos que mantiene con las autoridades federales para procesar ciertos casos criminales. Afirmó que muchos casos que se encauzaban tradicionalmente en el sistema de justicia estatal, ahora son sometidos en el tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.
