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4 de enero de 2014
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Sostén al Obamacare ante el reto religioso

El gobierno pide una reconsideración a Sotomayor

 

/ POR LA AGENCIA EFE

DOS MONJAS de las Hermanitas de los Pobres atienden a una anciana acogida en su asilo.  (BRENNAN LINSLEY / AP)

WASHINGTON - El Gobierno de Barack Obama pidió ayer al foro supremo de la Justicia que no bloquee la disposición de la reforma sanitaria que obliga a incluir en los planes colectivos de seguros médicos la cobertura del control de la natalidad.

El Departamento de Justicia presentó ayer sus argumentos a la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, quien el día de Año Viejo aceptó temporalmente una demanda de última hora presentada por una organización católica que exigía quedar totalmente exonerada de esa disposición de la reforma. El caso lo ha planteado la congregación de las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas de Colorado que considera que el llamado “mandato anticonceptivo”, contenido en la ley, viola la libertad religiosa amparada por la Constitución.

El gobierno argumenta que la demanda de esta organización no tiene base, porque, de hecho, las entidades religiosas ya están eximidas de proporcionar a sus empleados, directamente, planes de seguros que incluyan la cobertura de los métodos anticonceptivos.

Aunque no estén obligadas a hacerlo directamente, la ley sí estipula que no pueden oponerse a que la compañía aseguradora que administra el plan o una tercera parte ofrezcan esa cobertura a las empleadas que la soliciten.

En el caso planteado por las Hermanitas de los Pobres se da la circunstancia de que la administradora del plan, Christian Brothers Services, también alega razones religiosas para no ofrecer esa cobertura, por lo que desde el 1 de enero, las monjas se arriesgan al pago de una multa en virtud de la nueva ley. La orden temporal de Sotomayor ha tenido como efecto suspender la eventualidad de la multa, mientras la demandante y el gobierno explican sus razones. En su respuesta de ayer, el gobierno insistió en que el mandato anticonceptivo es legal y que los derechos de las entidades religiosas están suficientemente protegidos.

Casi 100 empresas y organizaciones religiosas (entre las que se encuentran hospitales o centros educativos) han emprendido medidas legales contra la reforma sanitaria que obliga a incluir en los nuevos seguros médicos la cobertura de la píldora anticonceptiva o la píldora del día después.

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