Los jueces de mayoría y minoría del Tribunal Supremo continúan su trifulca en una sentencia sobre violencia doméstica
Por Cynthia López Cabán End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
Detrás de una decisión reciente del Tribunal Supremo sobre un caso de violencia doméstica, se escribe otro capítulo de la pelea que libran los jueces de mayoría vinculados al Partido Nuevo Progresista y los jueces de minoría vinculados al Partido Popular Democrático.
La sentencia del Supremo, con fecha del 16 de diciembre, revocó una determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones que dejó sin efecto un fallo contra Eligio Pérez por un delito de violencia doméstica.
En el primer asalto de esta nueva confrontación, la jueza asociada Anabelle Rodríguez concurrió con la sentencia del Supremo, pero objetó con vehemencia la argumentación de la mayoría, que citó el caso de José Miguel Flores Flores.
En ese caso, el Tribunal de Apelaciones -y luego el Supremo ratificó la decisión, desestimó los cargos imputados a Flores Flores bajo la Ley 54 por haber agredido a su compañera sentimental.
La decisión suscrita por la mayoría azul estableció que este estatuto no cobija a las personas en relaciones adúlteras. Los jueces de minoría, por su parte, emitieron una opinión disidente.
Ahora en esta nueva sentencia, Rodríguez utiliza palabras fuertes para volver a criticar a los jueces de mayoría a quienes acusa de no entender el problema de la violencia doméstica y de ofrecer determinaciones sin “un constructo jurídico válido”.
“Nos provoca mayor consternación el hecho de que con esa referencia la mayoría parece validar una posición doctrinal desacertada e insensible”, reza la opinión de Rodríguez.
En ese sentido, citó varios textos publicados en sus blogs de las juristas y profesoras de derecho Esther Vicente y Érika Fontánez Torres, quienes han criticado la postura que los jueces de mayoría han asumido en los casos de violencia doméstica.
Un texto de Vicente que cita Rodríguez sostiene que la sentencia de Flores Flores “se trata de una decisión discriminatoria y odiosa”.
Luego de dedicar varias páginas a criticar la decisión de la mayoría, Rodríguez ofreció una última reflexión “obligada” por las expresiones hacia la opinión disidente.
“La disidencia juega un papel importante juega un papel importante que permite validar la propia legitimidad de la institución en la que servimos. Es lamentable que no se aprecie y se valore su rol”, puntualizó.
En un golpe de defensa, el juez Rafael Martínez Torres atacó el uso de blogs para apoyar una opinión.
“Solo faltó citar las frases de Malfalda”, apuntó.
“En fin, tal parece que debemos ignorar el derecho aplicable para en su lugar, recoger las opiniones de algunas cibernautas. Si lo hacemos, ¿cuál es el límite? ¿citaremos ww.theonion.com? ¿Obviaremos la Constitución de Puerto Rico para en cambio citar un blog como El Ñame”, cuestionó el togado en tono cínico.
El Ñame es una publicación que crítica la realidad del País utilizando la sátira. El Onion también satiriza la realidad de Estados Unidos.
En su ataque, el juez olvidó mencionar que los textos criticados corresponden a Vicente, una conocida y respetada abogada, que ayudó a redactar la Ley 54. Actualmente Vicente, una destacada feminista y estudiosa de los asuntos de género, es catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Tampoco divulgó que Torres se desempeña como catedrática en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y se ha destacado en el derecho ambiental y en asuntos de género.
Martínez también censuró la selección de palabras que Rodríguez a quien acusó de intolerante y de utilizar un tono ofensivo en su escrito.
“No se puede reclamar tolerancia en un tono intolerante”, sostiene Martínez en una opinión a la que se unieron los jueces Mildred Pabón Charneco y Eric Kolthoff Caraballo.
En otro jab, el juez defiende la decisión del caso Flores Flores y asegura que estudiosos del derecho entienden que el Tribunal actuó con corrección al limitar la protección que ofrece la Ley 54.
Además, censuró a Rodríguez por “recoger” argumentos que indican que la decisión de la mayoría “encierra motivos odiosos y discriminatorios”, y con ello traer al seno del cuerpo una campaña externa de demonización contra estos jueces.
