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8 de diciembre de 2012
Puerto Rico Hoy
 

Un sistema ‘quebrantado’

Mi Salud, en serios aprietos

 

Por Alba Y. Muñiz Gracia / alba.muniz@gfrmedia.com

Ante la situación precaria del plan Mi Salud del Gobierno, la administración entrante deberá revaluar completamente el modelo financiero y de prestación de servicios de salud.

Así lo enfatizó ayer en una rueda de prensa el profesor Jorge Sánchez, miembro del Comité de Transición del gobierno entrante, tras escuchar las ponencias del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, y del director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Frank Díaz Ginés.

“Hay que crear un nuevo modelo. Mi Salud tiene un problema serio”, indicó Sánchez, flanqueado por el resto de los miembros del Comité de Transición del recién electo gobernador, Alejandro García Padilla.


Por su parte, la copresidenta del Comité de Transición y secretaria de la Gobernación entrante, Ingrid Vila, describió el sistema de salud como “quebrantado” y sumido en “una situación crítica”.

En la vista, trascendió que Salud podría perder $27.9 millones en fondos federales para el próximo año fiscal, que comienza en julio próximo, debido a los recortes establecidos por el Congreso de Estados Unidos para reducir el déficit del Gobierno federal.

El secretario de Salud, Lorenzo González, indicó que la pérdida de ese dinero afectaría varios programas de salud en la Isla, entre ellos el programa WIC y el de atención de enfermedades infecciosas, como el dengue y la vacunación.

El funcionario ofreció la información durante su comparecencia a las vistas de transición en el Departamento de Estado, donde hizo alusión a un estudio que plantea que el efecto de esos recortes podría alcanzar entre 8.4% y 11% de los fondos que recibe la Isla.

“El estudio reclama de una forma conservadora que puede ser hasta 11% en unos fondos federales que nos llegan a Puerto Rico para unos proyectos. Unos más liberales hablan de 8.4%. Esto afectaría el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades), FDA (Administración de Drogas y Alimentos), EPA (Agencia Federal de Protección Ambiental). Cuando ven a Puerto Rico, la magnitud del impacto, cuando lo comparan con otros estados, Puerto Rico perdería, en el año presupuestario que empieza en julio –y es de sopetón– $27.9 millones”, expresó González.

EL FANTASMA DE LA LEY 7

Durante la sesión de preguntas y respuestas, los miembros del Comité de Transición del gobierno entrante cuestionaron al secretario sobre un contrato de $27 millones a una empresa de empleados temporeros y el despido de empleados por la implantación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal y la Ley 70 del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento (retiro incentivado).

Antes de la implantación de ambas leyes, Salud tenía 7,900 empleados, mientras que actualmente tiene 5,600, una diferencia de 2,300 empleados menos. Según González, de los 2,300 empleados menos, solo 1,200 fueron despedidos por Ley 7.

Al secretario se le cuestionó por qué no se readiestró a los empleados que serían despedidos en vez de contratar a otros a través de una empresa privada, a lo que el funcionario indicó que estos eran “dispensables”.

“Esa era una de las alternativas, pero el empleado no estaba de acuerdo en recibir los $7.35 u $8 que se reciben. Uno de los ejemplos bien críticos fue la ingeniería del sistema de salud de Puerto Rico. Realmente, durante el transcurso de muchos años, no hicieron el trabajo en el Centro Médico de Puerto Rico gente que no conocía los conceptos de acreditación, que no conocía lo que se llama la preparación continua del sistema, gente que no tenía la capacitación para manejar aquello. En ese marco de referencia, esas personas se fueron por la Ley 7 porque no eran indispensables, eran dispensables”, indicó.

Ante esto, la profesora de Administración Pública Palmira Ríos cuestionó sobre los criterios para despedir a empleados y si entre estos estaba el de desempeño, pero el secretario se limitó a indicar que entre estos estaba el de antigüedad.

El secretario también indicó que las personas contratadas posteriormente no estaban realizando las funciones que hacían los empleados despedidos. “No estaban haciendo las mismas funciones; eran otros servicios que se le estaban presentando a la población. Muchos de los empleos que se perdieron eran personas que tenían otros skills sets (destrezas) distintos a lo que queríamos proveer tipo compañías privadas. Es distinto lo que se contrató”, manifestó.

Y es que, durante el cambio de los certificados de nacimiento, las oficinas del Registro Democráfico, administradas por el DS, experimentaron un vertiginoso incremento en los visitantes, por lo que se contrató personal para atender ese boom, de hasta 2,000 clientes diarios, en un horario extendido.

Indicó que se contrataron unas 400 personas que trabajaban en varios turnos en las oficinas ubicadas en Ponce, Mayagüez y el centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey.

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