No tiene capacidad para almacenar y disponer de explosivos decomisados
Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
La Policía no tiene dinero suficiente para almacenar y disponer debidamente de materiales explosivos producto de incautaciones o decomisaciones, a tal punto que hasta incumple con regulaciones de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA).
A pesar de esto, lleva la multimillonaria carga económica de intervenir con instituciones públicas y privadas, ya sea para dar permisos de manejo de materiales explosivos o para disponer de ellos si hay una violación a leyes y reglamentos. Entre estas empresas figuran universidades, farmacéuticas, canteras, compañías de demolición y contratistas de fuegos artificiales.
Este escenario quedó al descubierto ayer durante una vista pública de la Cámara a la que solo asistieron las representantes Elizabeth Casado y Albita Rivera. La vista era para discutir el Proyecto de la Cámara 3397 del representante José Luis Rivera Guerra, que busca enmendar la Ley de Explosivos de 1969, para extender de uno a tres años la vigencia del permiso de manufactura, uso y manejo de explosivos.
Wilson Lebrón, director de la División de Explosivos de la Policía, dijo que el proceso de investigar a una persona para darle el permiso de manejo de explosivos cuesta $2,500, pero las instituciones que piden permisos solo tienen que pagar $5, independientemente de cuántos permisos soliciten.
Lebrón mencionó el ejemplo de una farmacéutica en la que se otorgan cerca de 1,000 permisos, lo que equivale a $2.5 millones en costos para la Policía, pero la empresa solo pagó $5 que van al Fondo General, no a la Policía.
Cuando alguna de estas entidades comete violaciones de ley y la Policía tiene que disponer del material, asume los gastos de almacenamiento y disposición. No hay recaudos por multas pues, según Lebrón, “lo que hay son penas de ley, pero no económicas”.
“En Puerto Rico no tenemos incineradores para la disposición de materiales explosivos y tenemos que transportarlos a Estados Unidos y ese costo es bien alto”, explicó a preguntas de la prensa. Lebrón mencionó que la última disposición costó cerca de $1 millón.
El tiempo permitido por la EPA para almacenar este tipo de sustancia es limitado, y si la Policía se excede, incumple con las regulaciones federales.
“En estos días cumplimos con el requisito de almacenaje de ese material (en búnkers). En lo que estamos un poco lentos es en la disposición, por el factor económico”, reconoció Lebrón.
“En un caso criminal en que constituye evidencia esa pieza, la vamos a retener y ahí la EPA no nos fiscaliza, pero tan pronto culmina el proceso tenemos 90 días para disponer de ella. Va a depender de muchos factores (el tiempo que nos tome), pero podemos tardar hasta un año o más, depende de la cantidad”, reconoció.
