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31 de enero de 2012
Puerto Rico Hoy
 

Viola sus propias reglas el DRNA

No exigió Evaluación Ambiental a firma que operará el concesionario

 
El secretario del DRNA, Daniel Galán, aprobó un reglamento que restó participación ciudadana en el proceso de evaluación de concesionarios en áreas naturales. (Archivo El Nuevo Día / Carlos Giusti)

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) pudo haber violado su propio reglamento al no requerirle una Evaluación Ambiental (EA) al concesionario privado que recibió el permiso para operar en el Bosque Seco de Guánica.

Una EA es un documento que considera el efecto ambiental de un proyecto, pero no requiere realizar investigaciones detalladas.

En contraste, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un documento más amplio que requiere estudios específicos actualizados sobre el efecto de un proyecto en el ambiente, la sociedad y la economía. La DIA, además, considera alternativas a la acción propuesta.

En este caso, la posible violación sería al Reglamento 8013, que regula las concesiones en áreas naturales protegidas. Uno de sus incisos dispone que, como requisito general para todas las propuestas, el proponente preparará y entregará una EA.

En opinión del abogado ambiental Pedro Saadé, la evidente falta de una EA tiene dos implicaciones: que Recursos Naturales violó su propio reglamento y que, en consecuencia, el permiso dado a la compañía Puerto Rico Experience Tour (PRET) es nulo.

Saadé planteó que la falta de una EA también va en contra de la Ley 416 del 22 de septiembre de 2004, conocida como la nueva Ley de Política Pública Ambiental, que requiere que se hagan estudios ambientales para cualquier acción que pudiera tener algún impacto.

Posible impacto negativo

El secretario de Recursos Naturales, Daniel Galán, quien no atendió ayer las llamadas a su celular, admitió a El Nuevo Día la semana pasada que a PRET no se le requirió la previa realización de estudios ambientales. Esto pese a que el permiso firmado el pasado 16 de diciembre dispone, entre otras cosas, que la compañía podrá pasar vehículos todoterreno y bicicletas por las veredas del Bosque Seco, así como realizar actividades de “snorkeling”, buceo, avistamiento de aves y astronomía.

Aunque científicos externos a Recursos Naturales han advertido sobre los impactos negativos de esas prácticas, Galán dijo que los estudios no eran necesarios porque el permiso otorgado al presidente de PRET, Rey Ramón, no contempla construir nuevas estructuras.

Empero, el propio Ramón, quien tampoco atendió ayer una petición de entrevista, había dicho que, para mitigar el posible impacto a la charca en la que el sapo concho se reproduce, erigiría un puente sobre ese cuerpo de agua.

“El reglamento de Recursos Naturales ya tiene insertado una valorización importante con respecto a cómo deben tramitarse las concesiones. Al requerir una EA se reconoce que las concesiones pueden tener consecuencias. Al no prepararla y entregarla, surge un carácter de nulidad”, reiteró Saadé.

Sobre lo dicho por Galán para no requerirle los estudios a PRET, Saadé dijo que es absurdo pues las áreas naturales no solo se afectan con construcciones nuevas, sino con el “uso y mal uso” de ciertas acciones, como el paso de vehículos todoterreno.

“Esto es un ejemplo de negligencia en el cumplimiento de los deberes ministeriales del secretario Galán y del DRNA”, sentenció.

Cero participación

En tanto, el Reglamento 8013, aprobado por Galán el 5 de abril de 2011, eliminó todas las cláusulas que garantizaban la participación ciudadana en el proceso de evaluación y elección de los concesionarios a establecerse en áreas naturales.

De hecho, términos como “ciudadanos”, “comunidad” o “comunidades” no aparecen en el Reglamento 8013.

Las cláusulas que garantizaban la participación del pueblo sí estaban incluidas en el Reglamento 6117, que fue anulado y sustituido por el 8013.

Un inciso del Reglamento 6117 disponía que Recursos Naturales le avisaría a las comunidades aledañas al área natural su intención de establecer un concesionario para que, en un término de 10 días, sometieran el nombre de dos representantes ciudadanos.

Luego de cinco días de recibidos los nombres, el secretario de la agencia designaba a dos representantes comunitarios al comité evaluador, que se activaba 15 días después de publicar un aviso en los periódicos de tirada nacional.

Pero nada de eso se dio ahora.

El Reglamento 8013 expone que el comité evaluador lo integrarán cinco funcionarios designados por el secretario de Recursos Naturales. Más allá de decir que no podrán tener parentesco con los proponentes, no precisa qué peritaje, si alguno, deberán tener los cinco miembros.

Hace días Galán indicó que el comité lo integraron sus subalternos Carmen Delia Rodríguez, jefa de la sección de usos de terrenos; Ángel Rodríguez, comisionado de navegación; Damaris Delgado, directora del negociado de reservas y refugios; la licenciada Yelitza Vega, ayudante especial; y Tony Nieves, oficial de manejo del negociado de reservas y refugios.

“Yo no participo de esas reuniones”, respondió al cuestionársele sobre su participación en los cónclaves de evaluación del concesionario.

El sociólogo y experto en política pública ambiental Cecilio Ortiz dijo que la eliminación de las cláusulas de participación ciudadana redunda en que los sectores afectados no tienen representatividad.

“Estos sectores no van a poder participar en la toma de decisiones importantes”, advirtió Ortiz.

Dos versiones

Lo que dice el Reglamento 8013

Artículo V - Propuestas

Sec. 5.04 : Información general requerida para todas las propuestas

Inciso (d) : Preparar y entregar Evaluación Ambiental

Lo que dice Daniel Galán

El pasado 25 de enero, el secretario del DRNA dijo a El Nuevo Día que no se le requirieron estudios ambientales a Puerto Rico Experience Tour (PRET) porque la operación del concesionario no conlleva construir estructuras nuevas. “No se le requieren a menos que sea una construcción”, indicó.

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