San Juan, Puerto Rico
03-Febrero-2009
Armando A. Valdés
Ex director de OGP
Investigación a destiempo
La creación de una comisión legislativa para adjudicar culpas por la actual crisis fiscal resulta una iniciativa desatinada. Ante la complicada situación fiscal y económica del País es un contrasentido el que las primeras acciones del Gobierno estén dirigidas a un enjuiciamiento público de funcionarios.
La Administración Obama le ha dedicado estos primeros días a impulsar proyectos que detendrán el sangrado económico y le devolverán su acostumbrada pujanza a la economía estadounidense.
En cambio, la Administración Fortuño todavía no ha podido establecer una visión y una dirección hacia la recuperación económica, habiendo sólo aprobado un paquete de medidas prestatarias que contradicen sus posturas anteriores.
La creación de este comité, cuyos trabajos podrían extenderse por los menos por unos 20 meses, es una distracción innecesaria en este momento, a lo que debería ser la labor de la Asamblea Legislativa.
Igualmente, resulta imprescindible que se contesten varias preguntas sobre la labor que realizará este comité.
¿Evaluarán también la responsabilidad que puedan tener legisladores de la mayoría que, al no aprobar obstinadamente medidas económicas durante el cuatrienio anterior, pudieron haber empeorado la situación de Puerto Rico?
Después de todo, los funcionarios del equipo económico de la Administración pasada operamos bajo las restricciones impuestas por la Asamblea Legislativa, bajo las pésimas condiciones económicas que imperaban y con el barril de petróleo rebasando los $150.
¿A base de cuál informe harán su evaluación?
El Informe Final de Transición aparenta contradecir las conclusiones del Informe CAREF al señalar que el déficit que pudieron constatar es de $1,400 millones y no los $3,200 millones que señaló el grupo de empresarios.
Si algo demuestra la literatura sobre las finanzas públicas es que el consenso y la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo son necesarios para atender situaciones deficitarias, tal como estamos viendo en los 46 estados que, de acuerdo al Center on Budget and Policy Priorities, están enfrentando graves complicaciones presupuestarias.
Estos elementos de consenso no estuvieron presentes en el cuatrienio pasado y podrían despilfarrarse en éste si la Legislatura se va por la tangente mientras el pueblo espera las soluciones prometidas durante la campaña eleccionaria.
