06-Noviembre-2009

ILEANA COLÓN CARLO

Día fatal, ¿por qué?

Hoy se cumple el término fatal para unos 3,000 servidores públicos que después de las cuatro y treinta de la tarde pasarán a las filas del desempleo. Vaya mi solidaridad con el sufrimiento y complicaciones que tal experiencia significa.

El trabajo, al contrario de lo que muchos nos hacen creer, dignifica y enaltece la propia existencia de los seres humanos. Con el producto del sudor de la frente superamos los distintos retos de la vida y nos realizamos como seres humanos productivos. Aprovechemos esta experiencia para buscar nuevas oportunidades y superar los retos que trae consigo la pérdida de un empleo. La falta de ingresos recurrentes de los empleados gubernamentales cesanteados impactará otros sectores de nuestra ya debilitada economía.

El argumento del gobernador Luis Fortuño para las cesantías es que heredó una deficiencia en la caja de Hacienda de $3,200 millones, entiéndase, el Gobierno gastó más de lo que tenía. Se desconoce la cuantía cierta del déficit porque dicha cantidad no ha sido corroborada por medios independientes.

Mencionaré algunas de la causas por las cuales se gastó más de los ingresos recibidos. (1) La evasión contributiva se ha convertido en una de las principales razones; por años, el Departamento de Hacienda le cobra a los que son cautivos del sistema y condona o no cobra las contribuciones a corporaciones, como Capeco. En el Departamento de Hacienda hay contribuciones morosas por $3,500 millones y a través de los años no se ha desarrollado o implantado con rigurosidad un programa para cobrarlas. (2) Casi el 60% del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) no se cobra. (3) En el 1996 se permitió la derogación de las corporaciones 936 en un periodo de diez años sin implantar un modelo económico que sustituyera el efecto económico de perder ese vehículo impulsador para la economía del País. La eliminación de las 936, además, causó la fuga de miles de millones de dólares depositados en nuestras instituciones financieras. (4) A mediados de los años 90, sin los estudios correspondientes, se aumentaron los salarios de los secretarios y altos ejecutivos en el Gobierno. En el 1997 yo ganaba $62,500 como contralora; ese mismo año el salario de mi sucesor fue duplicado a $125,000. Ese aumento incrementó poco a poco los salarios de los demás empleados de la Oficina del Contralor. Esta medida se replicó en casi todo el Gobierno de Puerto Rico. La Oficina del Contralor entonces tenía un presupuesto de $18 millones. Hoy tiene más de $42 millones. (5) Se crearon los departamentos sombrillas que a la larga se han convertido en entidades que duplican las funciones y el coste de las organizaciones que se querían reformar. (6) Se aprobó una reforma de salud que cuesta $1,500 millones anuales; dicha cuantía es producto de un aumento en espiral al entonces existente programa de servicios médicos ofrecidos por el Departamento de Salud a los médico-indigentes. (7) En el 1992 se implanta una Legislatura a tiempo completo, lo que duplicó el gasto de $20 a 40 millones anuales para el pago a los miembros de la Cámara de Representantes y a los senadores. (8) El derroche de fondos públicos producto de las ineficiencias administrativas, la contratación desmedida y de la corrupción de los años 1992 al 2000; ello ronda en los millones de dólares ocultos en proyectos tales como el Supertubo y el Tren Urbano.

En fin, que hay muchas causas de la situación económica que hoy nos abruma y entristece.

Nuestros gobernantes y la Legislatura nos engañaron y todavía nos engañan.