San Juan, Puerto Rico
09-Febrero-2010
ÁNGEL COLLADO SCHWARTZ
El narcotráfico y los federales
La causa principal de la alta incidencia criminal en nuestro país proviene del narcotráfico. Las portadas diarias de los rotativos así lo ratifican. La droga no se cultiva en Puerto Rico. Toda la que entra y sale de nuestro país consigue acceso a través de nuestras fronteras. ¿Quién controla nuestras fronteras? ¿Quién controla nuestras costas? ¿Quién controla la inmigración en Puerto Rico?
La Ley Orgánica Foraker de 1900, la Ley Jones de 1917 y la Ley Pública 600 de 1950 confirman que el Gobierno federal tiene poderes plenarios sobre nuestra aduana, inmigración y costas, los principales sectores utilizados por el narcotráfico para mover sus productos.
El Gobierno local de turno tiene que manejar el problema de la droga una vez ha entrado a nuestro país. Sin bien es cierto que los gobiernos de turno del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista han sido incapaces de establecer un plan maestro para combatir la criminalidad, el responsable directo del narcotráfico es el Gobierno federal, ya que permite la entrada de la droga al país.
Los usuarios de drogas son personas enfermas que necesitan ayuda, igual que los enfermos de cáncer o del corazón. Cada vez que se incauta un cargamento de drogas, sube la criminalidad. En la medida que disminuye la oferta, sube el precio de la droga, y el enfermo se ve forzado a aumentar sus actos delictivos para “curar” su enfermedad.
Si no medicamos al usuario de drogas, usando modelos como los de Gran Bretaña y Holanda, no resolveremos el problema. Los políticos tienen miedo de asumir esta posición, porque la oposición aprovecha la coyuntura para acusarlos de ser “débiles ante la ola criminal”.
A juzgar por el alza de los asesinatos en Puerto Rico, en su mayoría relacionados con el narcotráfico, los federales no están haciendo su trabajo. Si no han podido hacerlo en el reglón en el que son los únicos responsables, ¿cómo vamos a pensar que pueden resolver los problemas internos de la seguridad en nuestro país? Menos aún cuando están ajenos a la raíz del problema de la drogadicción, nacida de un sistema deficiente de salubridad y prevención.
Federalizar el Departamento de Justicia, actualmente hasta carente de un secretario en propiedad, no es la solución que necesita Puerto Rico. Una de las misiones que tiene la US Coast Guard, según su portal, es “protect America's maritime borders from all intrusions by: halting the flow of illegal drugs, aliens, and contraband…”
El 17 de enero de 2006 el Gobierno de Estados Unidos emitió el siguiente comunicado: “The U.S. Customs and Border Protection consolidated air and marine assets, programs and personnel into the Office of CBP Air and Marine to create the world’s largest aviation and maritime law enforcement organization. OAM uses its sophisticated fleets to detect, sort, intercept, track and apprehend criminals”.
La misión de la Drug Enforcement Agency (DEA) es hacer cumplir sus leyes y reglamentos de sustancias controladas en Estados Unidos y sus territorios.
Los políticos puertorriqueños deben salir de la negación y aceptar la realidad del problema. Los adictos son enfermos que necesitan medicación y los funcionarios puertorriqueños en la metrópoli tienen la responsabilidad de emplazar al Gobierno federal para que asuman eficazmente las obligaciones en su territorio y protejan a sus residentes contra los narcotraficantes en la aduana, la inmigración y las costas, donde ellos tienen control exclusivo.
Mientras Puerto Rico mantenga su status colonial actual, la metrópoli tiene que asumir sus responsabilidades.
Los países soberanos controlan su inmigración, aduanas y costas y combaten el narcotráfico. Hay 187 países soberanos miembros en la Interpol, la mayor organización de policía internacional, fundada en 1923. También coordinan estrategias contra el narcotráfico con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
