PEDRO REINA PÉREZ
Mi abuelo Pedro Reina del Valle añoraba la estadidad sin aditivos ni colorantes artificiales. Vivía orgulloso de su militancia republicana y cargaba en el cuerpo las cicatrices para demostrarlo. Pese a ello, era un tipo sensato y coherente que en su vejez veía estas cosas con asombrosa claridad. Atesoraba un pequeño manual para aprender inglés -“Método Cortina” creo que se llamaba- y ambicionaba la anexión como un remedio a la subordinación y a la desigualdad, y no se escondía para afirmarlo.
Ser americano implicaba para él la adhesión a una larga tradición de lucha que, pese a sus defectos, había cobrado nuevo fulgor tras las victorias de los derechos civiles para los negros en los años sesenta. Lo asumía con plena conciencia de su origen y de su historia como hombre mulato, y no se llamaba a engaños: la igualdad tenía un precio.
Invoco el recuerdo de mi abuelo en estos tiempos en que nuestra flamante Legislatura aprobó un nuevo Código Penal que, en sus líneas más tenebrosas respecto a las restricciones a la libertad de expresión, delata un espíritu de censura cívica de tal decadencia que sólo se puede entender su creación como un efecto combinado del pavor y la ignorancia que -tratándose del liderato penepé- produce un hedor tan repugnante que no basta con taparse la nariz para sofocar las ganas de vomitar.
Los oficiales electos del partido que reclama como suyo el legado de José Celso Barbosa y que se llevan emocionados la mano derecha al pecho cada cuatro de julio, tipifican como delito en el nuevo código cualquier acto que perturbe, interrumpa o impida los trabajos de la Legislatura, aunque con ello se contradiga la legitimidad que a tales actos asigna la historia de la misma nación a la que ellos aspiran a integrarse.
Los mismos personajes que gimen de sólo rozar la bandera multiestrellada no tienen ni tripa ni rodilla para soportar el ejercicio plural y abierto del disenso practicado frente a ellos mismos, que es, a fin de cuentas, una de las grandes tradiciones estadounidenses.
En otras palabras, los legisladores de mayoría temen a la expresión abierta y pacífica del repudio colectivo a su bochornosa gestión, y por ello compran protección asignando un castigo fijo de tres años de cárcel a quienes, en su propia apreciación osen plantarles cara, alzarles la voz o atravesárseles en el camino. Quien con sus actos incomode a los barones y baronesas pagará en las mazmorras su temeridad. Ése no era el espíritu de la anexión a la que mi abuelo aspiraba.
La paradoja de esta nueva afrenta es que pone al descubierto el espíritu tiránico que la anima, y el repudio al ejercicio de la expresión pública, que es una de las mayores virtudes de la democracia americana. Además, revela un creciente aliento punitivo que aumenta multas y penas de cárcel a delitos selectivos bajo la falsa premisa de que el temor a la pena funcionará como disuasivo.
Pero basta que sea un juez, un fiscal o un legislador el que perpetre esos mismos delitos para que corran a invocar el privilegio de casta para escapar a las consecuencias. Los legisladores pueden premiar con contratos a sus novios o novias, tolerar el racismo de sus ayudantes o aumentar sus emolumentos con la cara fresca y la mano suelta. Eso pasa cuando la palabra “constitución”, en el caso de ciertas mentes indoctas, designa primero una avenida o un puente en vez de una ley orgánica resultante de una histórica revolución.
No hay peor estorbo a la salud de una democracia que creer en la superioridad de unos sobre otros. Podrá legislarse, podrá incluso ser legal, pero nunca será ético, posible o deseable. Por eso el grito rebelde debe ser reverberante, incluso incómodo.
Hasta que duela.
