El ELA y el plebiscito

JUAN CARLOS ALBORS

Puerto Rico ha tenido un solo modelo de desarrollo económico sustentable en toda su historia. Ese modelo se estableció en 1947, al aprobarse nuestra primera ley de incentivos industriales, y subsiste, debilitado, hasta hoy. Desde la colonización, no hemos tenido ningún otro modelo sustentable que no sea el modelo de industrialización por invitación al capital extranjero. Ni la industria azucarera, ni el tabaco, ni el café, ni el ron, ni las empresas manufactureras propiedad del Gobierno, ni las petroquímicas, ni las plantas gemelas, ni el turismo, ni los servicios, ni las alianzas publico-privadas, han generado suficiente producción y riqueza para sostener el nivel de consumo de un país en desarrollo.

Por pesimista que la anterior aseveración parezca, somos muy afortunados en este aspecto. En el mundo hay más de un centenar de países y regiones económicas dentro de países, muchos de los cuales comparten con nosotros la historia de su formación como nación, que nunca, nunca, han disfrutado de un modelo de desarrollo económico sustentable.

Muchos han vivido, y continúan viviendo, en una economía de subsistencia y de poca productividad, atada a profundos males sociales, tal como la que vivimos en Puerto Rico hasta que se implantó el actual modelo de desarrollo. También hay otros que tuvieron un modelo de desarrollo sustentable en algún momento, y lo perdieron.

En Puerto Rico, nada nos asegura que la total desarticulación de nuestro actual modelo de desarrollo vaya a ser sustituida por un nuevo modelo sustentable aún por descubrir. De hecho, luego de tantos esfuerzos infructuosos durante las últimas décadas por encontrar un modelo sustituto, particularmente dentro del sector estadista, cada día que pasa se nos hace más evidente que ese nuevo modelo sustituto en realidad no existe y que, por ende, lo que más sentido hace es reactivar el modelo que sabemos que nos ha funcionado.

He ahí el gran impedimento a la estadidad federada para Puerto Rico. He ahí la necesidad imperante de este pueblo por defender el Estado Libre Asociado en cualquier futuro plebiscito de estatus. Ese único modelo sustentable que hemos tenido es incompatible con la estadidad federada, ya que el mismo está montado sobre la autonomía fiscal que Puerto Rico perdería de convertirse en estado federado. Un reclamo de estadidad en estas circunstancias conllevaría la eventual desarticulación de este único modelo. “Casi na’”, diríamos.

La mejor evidencia de que un reclamo de estadidad provocaría la pérdida de este modelo la encontramos en el manejo de la cosa pública en materia de desarrollo económico bajo los gobiernos estadistas.

Durante las últimas cuatro décadas, las administraciones novoprogresistas han intentado, infructuosamente, implementar modelos de desarrollo económico capaces de sustituir el actual modelo y que, a su vez, fuesen compatibles con la estadidad federada. Pero, la realidad es que todos los gobiernos estadistas en Puerto Rico han desistido de dichos esfuerzos por resultar improductivos, y han descansado en el actual modelo como fundamento para la formulación de sus políticas económicas.

El más reciente ejemplo de ello es la propuesta novoprogresista de reactivar una versión actualizada de la derogada Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, ahora bajo la denominada Sección 933-A. En todos estos años de gobierno estadista, y a pesar del gran impedimento para la estadidad que representa nuestro actual modelo de desarrollo, no ha surgido ningún otro modelo que sustituya el actual. Si no ha surgido a pesar de tantos esfuerzos, ¿por qué iríamos a pensar que un cambio de estatus traerá consigo un modelo sustituto?

En la contestación a esta pregunta se debate el futuro de nuestro país. Es en este contexto como debemos atender el asunto del próximo plebiscito de estatus.