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24 de enero de 2013

Empleos

MIGUEL A. SOTO CLASS

Una de las ventajas que tiene haber trabajado directamente en política pública por más de veinte años, quince de ellos en el Centro para una Nueva Economía, es saber distinguir entre lo que tiene potencial de funcionar y lo que no. Cada cuatro años, pasada la euforia post-electoral, cada administración cae en muchas de las mismas trampas que las anteriores.

Ciertamente la promesa de crear miles de empleos en un entorno de precariedad fiscal, escepticismo inversor y agotamiento social es uno de los retos más grandes que enfrenta la nueva administración. El país espera resultados, y para lograrlos es preciso crear las condiciones que le devuelvan el dinamismo, la pujanza y la confianza a los actores sociales, a la economía y al sector privado.

Establecer como una meta prioritaria la creación de empleos es peligroso por varias razones. Primero, por que desata la discusión de qué tipos de empleos son los que queremos. Unos abogan por un tipo particular y otros, por cualquier tipo. Y eventualmente toda la energía se pierde discutiendo eso. Segundo, se abre la puerta a propuestas descabelladas o moralmente cuestionables, pero que prometen miles de empleos. Finalmente, se pierde de perspectiva que el rol del Gobierno debe ser propiciar un ecosistema económico y social que propicie la inversión y la creación de empleos por el sector privado.

Esta última razón es vital pues históricamente una de las principales fallas de la política pública puertorriqueña ha sido tratar de compensar por un ambiente económico enfermo con inventos e incentivos. En vez de arreglar el sistema de permisos, en vez de reformar el sistema contributivo, en vez de crear una sociedad más segura y con más alcance educativo, lo que siempre hacemos es ofrecer un paliativo al que se atreva a invertir en ese ambiente hostil y perjudicial. La actual Administración tiene la oportunidad de dejar atrás ese terrible legado y emprender por una nueva ruta de crecimiento y desarrollo balanceado.

Muchos de los cambios necesarios son estructurales y se tardarán en dar frutos. Pero hay uno que se puede lograr relativamente rápido y cuyo impacto será fuerte y decisivo. Me refiero a bajar el costo de la electricidad. Es una de las pocas cosas que puede hacerse a corto plazo y con efecto duradero, sin erosionar las arcas del Departamento de Hacienda y sin crear incentivos contraproducentes cuya aportación social es cuestionable. De lo que se trata es de reformar a cabalidad la Autoridad de Energía Eléctrica. Terminar con las decisiones en cuartos oscuros, los sobrecargos injustos, las fórmulas tarifarias bizantinas y el amiguismo nebuloso. Hay que reformar la AEE y hacerla transparente, responsiva, y sobre todo, eficiente.

¿Cómo explicar que todos los productores externos a la AEE son capaces de producir energía a una fracción de lo que le cuesta producirla a la AEE? Hasta la propia Autoridad de Acueductos, que no es una empresa privada, sino otra corporación pública, ha encontrado que puede abaratar sus costos energéticos asumiendo el control de las plantas hidroeléctricas y comenzando a producir energía.

No podemos seguir poniendo parchos a medias. La incorporación a la Junta de Directores de la AEE de dos representantes del interés público ha sido bueno, pero no suficiente. De lo que se trata es de lograr que la AEE deje de responder a los intereses de camarillas internas. De que no nos siga cobrando por la energía que le roban o la que pierde en su sistema de distribución. De que deje de vendernos cara la energía que compra barata. De que no le ponga tranquillas a terceros que puedan producir la energía más barata que ella.

Más aun, no habrá programa de promoción que funcione ni embajadores que valgan si no podemos controlar nuestro costo de energía. Son muy pocas las personas, puertorriqueños o extranjeros, que inviertan aquí sin hacer su análisis de costo. Y lo primero que se dan cuenta es que aquí la electricidad cuesta el doble y hasta el triple de lo que cuesta en otros lugares donde pueden invertir.

La respuesta a esto es la creación de una Junta Reglamentadora Independiente. Verdaderamente independiente. Un ente externo que reglamente el sector energético y fiscalice a la AEE, que seguiría produciendo y distribuyendo energía. Un ente externo que determine de forma independiente las reglas del sector energético, que fiscalice a todos los jugadores, determine tarifas, apruebe los planes de inversión pública, y al que la AEE tenga que responderle por el cumplimiento de parámetros en cuanto a costos, precio y servicio.

Otros países han implantado lo que propongo, manteniendo la fortaleza de sus corporaciones públicas y haciéndolas responsivas a las necesidades de la gente y el país. La clave es reformar el sistema energético siguiendo las normas de sana gobernanza establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).

Hay muchas maneras de bajar el costo de la luz, pero ninguna funcionará hasta que la AEE deje de supervisarse a sí misma, y comience a respondernos al pueblo y al país.

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