En las manos del gobernador

OSVALDO TOLEDO MARTÍNEZ

En Puerto Rico casi la mitad de la población, el 48%, vive bajo niveles de pobreza. Adultos, niños, ancianos; hombres y mujeres; puertorriqueños, inmigrantes, gente de ciudad, gente de campo… Ésa es la población cuyo acceso a la justicia, cuya representación legal por abogados y abogadas competentes, se verá afectada si la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico no puede seguir funcionando a cabalidad.

Eso será así si el gobernador, en cuyas manos está la solución, no interviene y se le conceden a Servicios Legales fondos para su presupuesto operacional de 2012 equivalentes a los que la entidad dejará de recibir como consecuencia de la reducción de fondos que el Congreso de Estados Unidos hizo a las entidades que brindan servicios legales gratuitos a los pobres en los casos de derecho civil.

La reducción, de un 14.8% en términos generales, significa para nuestro Servicios Legales una disminución de cerca de $3 millones, una reducción que, a su vez, afecta a otras organizaciones que también atienden clientela pobre en Puerto Rico pues reciben fondos a través de Servicios Legales.

Volvamos a decirlo: Servicios Legales es el bufete más grande de Puerto Rico y tiene, también, la clientela más grande. Tiene oficinas en 17 pueblos de la isla y 139 abogados que atienden anualmente un promedio de 37,000 casos de diversa índole, números que dan cuenta de la envergadura de la institución de la que estamos hablando.

Eso no incluye la excelente labor a través de publicaciones regulares de orientación, la asesoría legal por la vía telefónica, los proyectos especiales por sectores más afectados (niños, mujeres, migrantes) o por áreas (vivienda, familia, empleo), ni sus alianzas con otras entidades, como la Administración de Tribunales, para hacer más eficientes determinados trámites.

A principios de diciembre, cerca de cincuenta entidades legales, profesores universitarios, dirigentes comunitarios, abogados y ciudadanos entregaron al gobernador y a los presidentes de ambas cámaras legislativas una carta para que atendieran con rapidez la encrucijada en que se encuentra, no Servicios Legales —por así decirlo— sino esa mitad de nuestros conciudadanos que se quedará sin la atención legal necesaria en algún caso que esté en curso o que no podrá ser atendida tan diligentemente como se merece.

Si bien en dicha misiva se reconocía la gestión gubernamental de hace tiempo de otorgar fondos a Servicios Legales, también se expresaba la gravedad de la situación actual y, sobre todo, la urgencia de atender la misma.

En Servicios Legales, el impacto de la carencia de esos cerca de $3 millones se sentirá en una mayor rigidez en los criterios para cualificar como clientela a parte de esa mitad de nuestra población y en la eliminación de plazas (gerenciales, clericales o abogados de servicio directo).

Al día de hoy, Servicios Legales no ha recibido ningún acercamiento por parte de ninguna rama del Gobierno para paliar de alguna manera la coyuntura que está tratando de manejar la institución y las fatales secuelas, a corto y a largo plazo, de que los pobres del país añadan a sus quebrantos uno adicional: no recibir o ver reducida su representación legal en los tribunales.

Proveer acceso a la justicia es una función del Estado y no venir en auxilio de Servicios Legales en estos momentos será un oprobio más en la crisis de gobernanza que atravesamos. El bienestar de los ciudadanos que residen en Puerto Rico —incluyendo la salud física, mental y legal de los pobres— es un asunto que le compete directamente al gobernador. En sus manos está.