MARIO PAULINO
El prejuicio es una de las manifestaciones humanas más aborrecibles. Enredado en las fibras de un tribunal, ese prejuicio toma la forma concretamente violenta del discrimen. Es así como los procesos terminan juzgando a las víctimas y justificando a los victimarios. Los dictámenes terminan siendo proclamas “en Derecho” de complaciente amparo a los victimarios y de ensañamiento contra las víctimas. En el caso de la joven dominicana Francheska Duarte me temo que es lo que ha sucedido.
En semanas reciente se emitió el fallo de la jueza del Tribunal Superior Nerisvel Durán quien, con su dictamen, casi le da un premio al convicto Jorge Ramos Rodríguez, alias “Bebo”, y quien como mucho podría pasar dos años en la cárcel. Esto quiere decir, un (1) año por cada extremidad que le destrozó a Franchesca Duarte, quien era su pareja consensual y madre de su hijo.
Ella ha quedado en silla de ruedas por el resto de su vida, porque Jorge la chocó con su vehículo; pero esto viene del trasfondo, ya que en la etapa inicial de este caso, la fiscal Gretchen Pérez, habló por radio como si fuera abogada de la defensa, y no cualquier defensa, sino una de las cotizadas abogadas criminalistas que a diario vemos que le ganan casos al gobierno, que para nosotros los que no sabemos tanto de derecho creíamos ganado por la Fiscalía.
Hay que preguntarle a la fiscal que tan bien presentó este caso, si buscó todos los agravantes y se asesoró con la Procuradora de las Mujeres, para ver todos los elementos que componen la Ley 54; o con otros grupos que defienden a las mujeres, cada vez más víctimas de la violencia.
Quisiera oír qué tienen que decir al respecto el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y demás jueces asociados. También qué se les puede ocurrir, como explicación seria, creíble y convincente a la directora de la Administración de Tribunales, la jueza Sonia Ivette Vélez, a la procuradora de las Mujeres, la ex fiscal Wanda Vázquez; al Colegio de Abogados y los demás gremios de abogados. También al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, a los líderes legislativos; a todos los grupos de defensa de los derechos humanos, a las organizaciones de migrantes, a los partidos políticos, a las iglesias, las asociaciones de confinados y a las Cortes Celestiales.
Para la comunidad dominicana, en particular, y para la Isla, en general, es importante saber, de los que no lo han dicho, qué piensan de esta barbaridad judicial con señales de discrimen por origen. Saber si permanecerán callados o si tomarán acción, protestarán, harán homilías, desobediencia civil, si exigirán que se ordene un nuevo juicio si se demuestra discrimen por género u origen; si pedirán que sea investigada la jueza, la fiscal. Es importante saber si en la escala de valores y los códigos del sistema, las piernas de un ser humano valen menos que las de un animal; y de igual forma defendería las piernas de cualquier animal que sea tratado así.
Quisiera leer, ver y oír los editoriales de las emisoras de radio, de TV, los periódicos, y de los programas dominicanos que todos gritemos al unísono: “Jueza, usted fue injusta, piense si fuera su hija, su vecina su familiar o amiga, cuando cierre los ojos y vea en sus sueños o pesadillas a una joven destrozada, deprimida, mutilada y sin sus piernas, si algún día volverá a dormir tranquila”.
Recordemos lo que pasó en el Holocausto, que cada grupo pensó en sí y nadie pensó en el colectivo, y fueron atacados y destruidos uno a uno, y con nuestro silencio seremos cómplice de este crimen.
Rectificando en este caso de Francheska, y en muchos otros, es como el sistema de justicia criminal en Puerto Rico puede dar muestras de credibilidad en sus decisiones. Debe aprovechar la oportunidad de reivindicarse.
