ARI J. FELICIANO
Desde la revuelta de los años cincuenta, Puerto Rico cuenta con las leyes de control de armas más restrictivas de todos los territorios de Estados Unidos. En aquella época la razón era limitar el acceso a las armas para evitar que hubiese otra lucha armada.
Durante sesenta años las leyes han sido endurecidas en respuesta a la ola criminal. ¿Pero alguien se ha puesto a evaluar el resultado y la efectividad de dichas leyes?
He aquí el resultado. El ciudadano responsable tiene que esperar casi cinco meses y realizar múltiples gestiones ante agencias, tribunales y la Policía para poder obtener su arma que será registrada. El delincuente la obtiene “overnight” por correo expreso desde Florida.
El acceso de armas ilegales a Puerto Rico no ha disminuido ni disminuirá con más leyes sobre las armas existentes. Solo disminuirán cuando las leyes actuales se hagan cumplir.
Ante la ola criminal ahora surge la idea de numerar las balas (se le adelantó, esta vez, a la pena de muerte). En la actualidad hay un registro electrónico de armas y balas. La Policía sabe cuántas balas compra cada ciudadano, su historial y el total de balas con solo accesar al sistema.
¿Y el criminal? Obtiene sus balas por correo “overnight” sin registrarlas y así seguirá obteniéndolas. Sin numeración, sin registro, sin problemas.
Más legislación y más leyes para controlar la criminalidad es totalmente innecesario e inconsecuente. La única consecuencia es destacar a algún legislador mientras se le restringe más al ciudadano común.
Lo que hace falta es hacer valer las leyes que ya existen: 10 años de cárcel por disparar al aire, 24 años por armas automáticas, hasta 20 años por no tener licencia.
Hay que hacer cumplir las leyes existentes. Lo demás es dispararle a la Luna.
