PEDRO SANTIAGO
La aprobación del nuevo Código Penal es un ejemplo más de una política pública sobre seguridad alejada de los preceptos básicos de los derechos humanos. Desde esta perspectiva existen muchas cosas preocupantes sobre el nuevo Código Penal. El aumento en la sentencia a manifestaciones no autorizadas, el visto bueno explícito a intervenir con la prensa y la ambigüedad en la definición de términos como “demorar”, “estorbar”, “desorden” y “perturbar” se prestan a un uso indebido, discriminatorio y represivo por parte del Estado. Sin mencionar las omisiones graves sobre los derechos sexuales y reproductivos.
No nos sorprende la firma de este nuevo Código Penal sin considerar los miles de llamados de la ciudadanía a reevaluar el mismo, y a que se hicieran ajustes armonizados con los derechos humanos y el estado de derecho actual.
Esta decisión es cónsona con las políticas de miedo e intimidación que han distinguido la política sobre seguridad en las últimas décadas. A pesar de los reiterados fracasos que este tipo de política ha tenido internacionalmente en la reducción de la violencia, seguimos insistiendo en medidas que en nada aportan al fomento de una cultura de paz.
Nos hemos enfocado en estrategias basadas en represión, castigo y criminalización de la disidencia, la juventud y las comunidades marginadas. Acciones como la activación de la guardia nacional, la autorización de uso de fuerza letal a discreción, las expresiones del superintendente para que la ciudadanía se autodefienda “tirando a matar”, la reciente propuesta de enmendar la Constitución con el objetivo de limitar el derecho a la fianza, afectando de facto el derecho a la presunción de inocencia, y varios proyectos legislativos dirigidos a limitar la libertad y la participación ciudadana, son algunos ejemplos.
Jamás vamos a lograr un verdadero cambio en la criminalidad y el uso de la violencia hasta que no reconozcamos que es un problema de derechos humanos. Pretendemos resolverlos con medidas a corto plazo, mediante castigos y amenazas, cuando en realidad es un asunto de desbalance social y de prioridades. No se disuade con amenazas, sino con el esclarecimiento de los casos; no es el castigo severo, sino las posibilidades de rehabilitación lo que hará no volver a delinquir. Y la justicia a la víctima no son los años que dure la sentencia, sino que se atiendan las necesidades psicológicas y económicas como consecuencia del crimen del que fue sometido. Exhortamos al gobernador a que reevalúe nuestra política de seguridad y ponga los derechos humanos como eje de su estrategia.
