OSVALDO TOLEDO
En el marco de la álgida discusión pública que ha provocado el referéndum del 19 de agosto, hay funcionarios y personas que plantean que le estamos dando la espalda al crimen aquéllos que nos oponemos a que a los ciudadanos se nos limite el derecho absoluto a la fianza. Estas personas faltan a la verdad y, ante la carencia de datos empíricos o estudios que sostengan con inteligencia su posición, recurren a la tergiversación.
Los que nos oponemos a limitar ese derecho no lo hacemos por proteger a los criminales o porque mi amigo, mi hermano o yo podamos cometer mañana un asesinato. Lo hacemos porque sabemos que el estado no es infalible, que se equivoca y puede acusar al inocente, que sus organismos pueden fabricar pruebas, que pueden identificar a una persona erróneamente siendo inocente.
El Gobierno ha dicho que solo se eliminaría el derecho a la fianza en algunas modalidades de asesinato. Eso es falso: incluye todos los asesinatos. Lo que los proponentes de la enmienda tampoco dicen es que para definir asesinato se requiere el elemento de premeditación. Cuando no hay premeditación, es homicidio. Tampoco explican que fiscalía, en la mayoría de los casos, procura acusar de asesinato. Cualquier persona, entonces, que cometa un homicidio y sea acusada de asesinato, quedaría desprovista del derecho a fianza.
Los factores que inciden en el alza criminal nos dan en la cara todos los días. Son los que el Gobierno no ha querido atender: la inequidad social y económica, la falta de oportunidades educativas y de empleo y la ausencia de propuestas justas y reales para atender la pobreza.
A ello hay que añadir otro factor importante: el sentimiento de impunidad que tienen los delincuentes que ven cómo ellos y sus “colegas” cometen delitos y nunca los atrapan. Las estadísticas nos muestran que es ínfimo el porcentaje de crímenes (entre ellos los asesinatos en sus distintas modalidades) cuyo autor se descubre. La resolución de crímenes ha bajado en los últimos años, reduciéndose a mucho menos del 50%. El Gobierno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace: preparar una fuerza investigativa en la Policía con lo más avanzado en tecnología y equipo y adiestramientos especializados. Lo mismo aplica para los fiscales y el Departamento de Justicia.
La mayoría de los crímenes tiene relación con tráfico de drogas, por lo que es urgente que controlemos su entrada. Somos una isla y sólo pueden entrar por el mar o por el aire, ninguno de los cuales controla el Gobierno.
Al alza de la criminalidad, dado el tipo de asesinatos que se ha estado cometiendo recientemente (de carro a carro, en espacios públicos, etc.) se añade la percepción profundamente arraigada de que no estamos seguros en ningún lugar, de que la paz es una quimera inalcanzable. Todos queremos, no ya sentirnos seguros sino, de verdad, estar seguros; todos queremos una paz viable para poder vivir en comunidad y que nuestros hijos tengan futuro.
El estado debe dar el primer paso y convocar a expertos en criminología y en otras áreas para crear una fuerza comunitaria civil que abunde sobre este asunto y proponga soluciones realistas, al contrario de estructurar un montaje, en medio de una carrera electoral, para hacerle creer al país que privándonos de un derecho tan importante como el de la fianza atajamos la criminalidad.
Votar para que se nos quite ese derecho —establecido, además, en nuestra Constitución— es atentar contra la paz, es atentar contra la presunción de inocencia y contra un estado de derecho que trate a todos por igual.
No debemos cansarnos de decirlo: entendamos todos que la limitación del derecho a la fianza no resolverá ni reducirá la criminalidad. Por la paz, votemos “no” en el referéndum.
