EDUARDO VILLANUEVA
La meta natural de todo político es lograr que el pueblo ratifique la confianza que una vez le tuvo y por la cual llegó al poder. Si además, quien usufructúa el poder tiene una agenda ideológica de cambiar la naturaleza cultural y nacional de ese pueblo, para convertirlo en un ente distinto, más afín con la meta de anexarlo a otro pueblo, es comprensible que se diseñen procesos que encubran esos fines. Es fácil convencer a un pueblo desesperado que es necesario renunciar a sus libertades civiles para conseguir un poco de seguridad colectiva.
Se logra que algunas figuras que tienen cierto grado de prestigio, por los cargos que ocupan, vayan horadando el camino hacia la dirección de renunciar derechos. Se hace una campaña de medios, resaltando crímenes que son abominables y que el pueblo rechaza porque se cometen contra víctimas que son las más frágiles en nuestra sociedad. La receta es estimular el hambre para que haya un apetito voraz por el cambio prometido. Parece que el objetivo es conseguir más poderes para enfrentar el crimen, pero la realidad es otra. Se persigue que nos parezcamos más a los estados federados, de modo que cobre fuerza la teoría de que somos un territorio incorporado de facto para allanar el camino a la estadidad.
Se sabe que la fianza es para garantizar comparecencia al juicio. Menos del tres por ciento son imputados nuevamente de delito mientras están bajo fianza. La Regla 218 de Procedimiento Criminal le permite al juez, cuando le informan que tiene como imputado a un reincidente o a alguien peligroso, imponer fianza con severas restricciones a la libertad. Se pretende que noventa y siete por ciento que hace buen uso de un derecho, sea penalizado por un tres por ciento que lo usa mal. En cualquier país del mundo donde impere la racionalidad, una propuesta como ésa sería derrotada por la misma mayoría a quien se le pide que renuncie al derecho que utiliza responsablemente.
En la democracia la mayoría manda, pero en nuestro país se pretende que la minoría de los que son acusados bajo fianza, obliguen a la mayoría a renunciar su derecho a estar libres, si los acusa el Estado, para poder defenderse en libertad hasta tanto se demuestre más allá de duda razonable, que son culpables de lo que se les acusa.
Mañana, a un Solón genial de los que aquí abundan, se le puede ocurrir que el crimen de figurar que se ha cumplido con suficientes años de servicio para una pensión pública es un crimen abominable. Imaginemos que se legisle que quien sea acusado por eso, no tendrá fianza por haber defraudado al pueblo.
Bajo esa premisa, el doctor Pedro Rosselló habría estado preso injustamente durante el tiempo que tardó en verse su caso y salir absuelto de lo que se le imputó.
Igual si se eliminara la fianza para los que causen daño en facilidades del Estado y amenacen la seguridad y la vida de los que laboren en una agencia pública. Se podría calificar el delito de terrorismo y negarle fianza hasta que se ventile el juicio. Bajo esta premisa, el doctor Carlos Pesquera y otros líderes penepés pudieron haber estado presos varios meses hasta resultar absueltos en las vistas que se les celebró.
El título de lo que el Estado le acuse a uno, no lo hace más o menos culpable. Lo que determinará la culpabilidad, será la calidad de la prueba que se someta para superar el crisol de duda razonable.
No tiene ninguna importancia que se diga que la enmienda sólo es para los acusados de asesinato con premeditación. Da igual, pueden ser los delitos que señalé y tenemos que tener derecho, antes de ir presos, a probar que somos inocentes. Ésa es la base de la presunción de inocencia por la cual tenemos derecho a estar bajo fianza hasta que se pruebe o no nuestra culpabilidad.
