Acreditaciones en riesgo de pérdida

Los 57 empleados con que contaba el CES hasta la implantación de la Ley 7 tenían a su cargo la investigación, el análisis y la concesión de las licencias que requieren para entrar en vigencia unos 2,000 programas académicos en instituciones como la Universidad de Puerto Rico (incluyendo todos sus recintos), la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado Corazón y el Sistema Educativo Ana G. Méndez y otras muchas, hasta un total de 47.Resulta forzoso que el Gobierno de Puerto Rico –tratándose de asunto tan medular, por voz de la mayor jerarquía: el propio Gobernador– aproveche la visita del representante de la Middle States para convencerle de que con 35 empleados y funcionarios menos, el CES puede continuar descargando con la misma eficiencia y prontitud la delicada responsabilidad de licenciar nuestras universidades, si es que esto fuera posible.Si en un acto de sincera introspección la Administración se convenciera de que esa función podría dilatarse o lacerarse por falta del personal adecuado, lo menos que podríamos esperar serían los ajustes que fueran de rigor a través de la corrección por vía de medidas administrativas o de restitución –por la naturaleza crítica de las funciones que desempeñan los empleados del CES despedidos– como permite la propia Ley 7.La advertencia es seria, pero la bola en esta ocasión está aún en la primera base. No puede el Gobierno permitir que pase a la próxima. Es mucho lo que está en juego para el presente y el futuro de nuestra juventud universitaria y hay que hacer lo que sea necesario para ofrecer un cuadro estable que permita que la educación superior, el germen del progreso intelectual del país, avance sin sobresaltos ni hipotecas.