EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA

La bandera de preocupación levantada por la entidad estadounidense que acredita las 47 universidades de Puerto Rico –incluyendo nuestro más alto centro docente– tiene que ser atendida y resuelta por el Gobierno de Puerto Rico con urgencia y sin dejar espacio a equívocos o a situaciones de inestabilidad.Se trata de un asunto de la más trascendental importancia que se encuadra en el rompecabezas en que se ha convertido la implantación de una de las disposiciones de la Ley 7 de Reestructuración Fiscal: la que reduce la nómina pública, de la que no ha quedado eximido el Consejo de Educación Superior (CES), cuyo personal fue reducido en un 38%, o lo que es lo mismo, de 57 a 35 empleados, una pérdida neta de 22 funcionarios.Enterada de los despidos, la Middle States Commission on Higher Education envió al gobernador Luis Fortuño y al secretario de Educación, Carlos Chardón, el pasado 28 de octubre una comunicación en la que les manifestaba su temor de que el CES pudiera quedar sin personal necesario para evaluar y licenciar los programas académicos de las instituciones de educación superior en la Isla.Simultáneamente, la entidad acreditadora desplazó hasta San Juan a su vicepresidente, Luis Pedraja, quien se halla en la Isla en una misión de corroboración de la información que llegó al seno de la entidad de manera de evitar las posibles consecuencias adversas de “los significativos despidos en el CES”, como lo describe la entidad.La situación no es para menos. El Consejo de Educación Superior tiene entre sus vitales responsabilidades el evaluar y licenciar los programas académicos al nivel universitario. Sin esa licencia, la Middle States no puede certificar las universidades de Puerto Rico, una de cuyos preocupantes efectos sería impedir el acceso a los fondos federales anuales que reciben unos 200,000 estudiantes puertorriqueños a través de las Becas Pell para alumnos desaventajados económicamente.