Gazir Sued

Motivo de burla suele resultarle el principio filosófico de la autodefensa al sistema judicial y penal moderno. Sin embargo, la opción de representarse a sí mismo ante un tribunal es un derecho político que cualquier ciudadano debe reconocer, celar y considerar con seriedad según estime conveniente. El recurso del abogado es un derecho de igual peso, pero tiene su pertinencia más por el dominio de los aspectos procedimentales formales, propios del ritual judicial, sus mecanismos internos y lenguajes técnicos, que por el conocimiento profundo del Derecho o de algún sentido trascendental de la Justicia. Aunque jueces, fiscales y abogados comparten una complicidad prejuiciada de rechazo al ejercicio de este derecho, nadie tiene por qué sentirse obligado a ceder ante sus presiones. El sistema judicial intimida al ciudadano y lo enajena de la realidad de lo judicial y sus procesos, como si el trámite de justicia o de simple gestión legal, civil o penal, se tratara de un misterio reservado a la sabiduría de unos pocos expertos en las artes y retóricas de la ley. Subestiman la capacidad intelectual del ciudadano y crean en él una dependencia anímica de bases místicas y de motivaciones de dudoso valor social.Sin ánimo de herir la sensibilidad de estos profesionales de la ley, advirtiendo salvedades excepcionales y favoreciendo el principio del derecho a la autodefensa, debe reconocerse que existe una diferencia abismal entre lo que aparentan hacer y lo que realmente hacen. En una sociedad donde la calidad de la representación legal depende del dinero, de la procedencia de clase de las partes o de los padrinajes o complicidades políticas, ¿por qué el ciudadano habría de abandonar su suerte a la ejecutoria de la abogacía?