Editorial de El Nuevo Día

La decisión del gobernador electo Luis Fortuño de mantener al ingeniero José Ortiz Vázquez al frente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), contiene en sí dos ingredientes de importante dimensión.De una parte, la acción tiene el significado de esperar un gobierno en el que cuente la dedicación de sus integrantes al servicio público, sin matices politico-partidistas y sin otras consideraciones que no sean las de entregar lo mejor al País.De la otra, a la par que un reconocimiento al funcionario, coloca sobre sus hombros la responsabilidad de continuar y concluir la obra de reestructuración urgente, profunda y total de la corporación pública con la que se comprometió el año pasado al iniciar sus funciones. Esa reestructuración se emprendió con la meta de colocar a la AAA a la altura que se espera de una instrumentalidad gubernamental de tal impacto en la vida de los puertorriqueños.Ese compromiso de reingeniería operacional, administrativa y financiera ha sido levantado en forma muy genuina por el ingeniero Ortiz, lo que tiene que traducirse, con el apoyo necesario, en una herramienta clave para asegurar a sus abonados residenciales un flujo ininterrumpido de agua de calidad, y a sus clientes comerciales e industriales el servicio que contribuya a atraer al País inversionistas, quienes siempre necesitan garantías de un servicio estable para la operación rentable de sus empresas.Para lograr ese fin, tiene el funcionario taller a manos llenas. La solidez de las finanzas de la corporación pública es una de ellas. Para alcanzar esa meta tiene que comenzar por poner a pagar a los más de 100,000 usuarios que la agencia ha detectado que consumen el líquido, pero sin pagar por él. En ese renglón nada más, la AAA tendría a su disposición más de $90 millones recurrentes anuales. No debe ser dificultoso sacarlos de su invisibilidad e incorporarlos al sistema de facturación.