Como si no fuera suficiente el deshonor de en pleno siglo XXI existir a la sombra de islas inferiores microeconómicas que hace rato resolvieron su problema de subordinación colonial, nos ocupó en Puerto Rico en días recientes un debate tonto sobre el territorio colonial. A la súplica de no llamarla por su nombre en el proyecto convocatorio al plebiscito de estatus, se les ocurrió a los autores el sobrenombre de territorio. Es cuestión de escoger entre dinga o mandinga. Enternece el argumento esgrimido por sabihondos del ELA. Que en 1952 el Congreso nos liberó del pecado colonial cuando autorizó redactar nuestra Constitución y que, en efecto, renunció —“relinquished”— a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. En ese momento, argumentan con solemne tecnicismo legal, dejamos de ser colonia de Estados Unidos en virtud a un pacto de asociación voluntaria. Pero se les olvida un aflictivo detalle: el Congreso se reservó el poder para revisar la Constitución que redactamos y, para estrujárnoslo, enmendó el documento aprobado por nuestra Asamblea Constituyente. Por más inventiva y creatividad que desde entonces desarrollaron los ideólogos del ELA, su historia es tan fea como franca. El 3 de marzo de 1952 el pueblo puertorriqueño fue convocado a votar y aprobó la Constitución. Posteriormente, el presidente Harry Truman la firmó y recomendó al Congreso “aprobarla expeditamente”. El 22 de abril de 1952 el comisionado Antonio Fernós Isern pidió la aprobación del proyecto constitucional, tras lo que el Comité de lo Interior y Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes y del Senado federal procedieron a eliminar la Sección 20 del Artículo II y enmendar la Sección 5 del mismo artículo, cambiando lo dispuesto por la Asamblea Constituyente y, en las urnas, por el pueblo de Puerto Rico. Los cambios no fueron de estilo. Se eliminó toda una sección sobre derechos humanos y se alteró el concepto de educación pública. Además, en el récord deliberativo queda establecido que Puerto Rico no puede alterar su constitución unilateralmente. Así enmendado, el documento regresó a Puerto Rico donde, según el historiador Bolívar Pagán en su obra “Historia de los partidos políticos puertorriqueños”, convocada nuevamente a esos fines, la Asamblea Constituyente aprobó las enmiendas del Congreso, “de mala ganas. Bajo tal escenario, ¿cuál es la distancia entre colonia y territorio?