Además de un catálogo de entidades que proveen apoyo, se adiestrará al personal de las tres ramas constitucionales
Además de un catálogo de entidades que proveen apoyo, se adiestrará al personal de las tres ramas constitucionales
El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley este viernes dos proyectos dirigidos a mejorar la atención que reciben las personas inmigrantes en Puerto Rico al ordenar la creación de un registro de las entidades públicas y del tercer sector que les ofrecen apoyo, así como requerir a las tres ramas de gobierno que adiestren a su personal en la prestación de servicios a esta comunidad.
El Proyecto del Senado (PS) 1357, por un lado, ordenó a la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros del Departamento de Estado producir un catálogo “de todas las entidades públicas, tanto municipales, locales y federales, así como de todas las entidades del tercer sector, locales e internacionales, que brindan servicios y apoyo a las personas inmigrantes, independientemente del estado migratorio de las personas servidas”.
El catálogo se actualizará anualmente e incluirá la dirección y la información de contacto de las entidades, e incluirá, entre ellas, a los departamentos de Salud, Familia, Seguridad Pública y Educación. El Departamento de Estado, que deberá mantener copias impresas en su sede en San Juan y colgarlo en su portal digital, tendrá igualmente la obligación de publicarlo en tres idiomas, además del español e inglés.
El PS 1357 fue presentado por los senadores populares Javier Aponte Dalmau, Héctor Santiago Torres y Rubén Soto.
La nueva Ley de Sensibilización hacia la Comunidad Inmigrante en la Prestación de Servicios del Gobierno, en tanto, define las dependencias que estarán a cargo de adiestrar al personal de las respectivas ramas de gobierno en el manejo de los servicios que se proveen a inmigrantes.
Según el PS 1358, que dio paso a la ley, se busca que los adiestramientos “sensibilicen el servicio hacia la comunidad de inmigrantes, dando a conocer las necesidades particulares de estas personas, los derechos humanos y civiles que les cobijan, los distintos estados migratorios que existen, las entidades del gobierno federal y local, así como del tercer sector, que proveen los servicios necesarios para estas personas, y las conductas de prejuicio que no se tolerarán en el servicio público”.
En la Rama Legislativa, corresponderá a la Oficina de Servicios Legislativos organizar los adiestramientos, y en la Rama Ejecutiva, tocará a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y la Oficina de Ética Gubernamental, que atenderá a su propio personal.
La nueva ley dispone que los adiestramientos en la Judicatura se proveerán a través del sistema de educación judicial.
Aponte Dalmau, Santiago Torres y Soto fueron los autores del PS 1358, junto a los senadores del Movimientos Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.
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