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El aspirante al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, denunció el domingo lo que él catalogó como un nuevo esquema de uso ilegal de fondos públicos y puestos dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para beneficiar a 21 funcionarios que integran el equipo de avanzada de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi a la reelección.

Según Díaz Sánchez, en agosto de 2023, la secretaria del DCR Ana Escobar Pabón, anunció el ascenso de rango de 139 oficiales de custodia, entre los que figuraban 21 trabajadores -que fueron ascendido a teniente primero- activos en la campaña del primer ejecutivo.

“La evidencia que estamos entregando es más que contundente y demuestra que se mantiene el patrón, lo que confirma la razón de por qué la campaña del gobernador tiene cerca de $6.5 millones”, dijo.

El precandidato alegó, además, que entre los 21 servidores ascendidos a teniente primero hay algunos a los que se le otorgó la promoción a pesar de no haber pasado el examen. Mientras, a otros -que sí superaron exitosamente la evaluación- no se les concedió el aumento por estar abiertamente identificados con el Partido Popular Democrático (PPD) o con la campaña de Jenniffer González.

“Lo más curioso es que el más capacitado, el que sacó la mejor nota, que fueron 93, es miembro del Partido Popular y no lo consideraron. Tiene la preparación y los años de experiencia, tiene todo, pero no lo consideraron”, expuso.

El senador Gregorio Matías, en representación de la campaña de Pierluisi, negó los señalamientos y aseguró que los ajustes salariales respondían a un acto de justicia social en reconocimiento a los méritos de los trabajadores. Dijo que el 80% de estos oficiales correccionales ascendieron luego de tomar los exámenes requeridos y, el restante 20%, fue reconocido bajo el sistema de méritos.

“Tanto el gobernador como este servidor va a condenar que se pretenda discriminar contra un servidor público por sus creencias o afiliaciones, que son derechos garantizados constitucionalmente. Una vez más el candidato derrotado se equivoca”, indicó Matías mediante expresiones escritas.

En la conferencia de prensa, Díaz Sánchez presentó un listado con los nombres de los empleados del DCR que tomaron el examen de evaluación, así como la puntuación obtenida por cada uno. Igualmente, mostró imágenes donde se observa a algunos de estos supuestos trabajadores en actividades políticas. Algunos de ellos aparecen, incluso, junto al gobernador.

“Ya vimos este patrón en el Departamento de Educación, ya lo vimos en (el Negociado de) Bomberos. Ahora, lo estamos demostrando en Corrección y próximo vendrá (la Autoridad de) Acueductos y Alcantarillados. Una agencia, dos agencias, puede ser una casualidad, pero ya tres, cuatro, cinco agencias es un patrón y se convierte en un esquema de financiamiento de campaña con fondos públicos. Eso es corrupción, señor gobernador”, subrayó Díaz Sánchez.

Asimismo, el aspirante al Senado consideró que el supuesto esquema violenta el Plan de Clasificación y Retribución aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el DCR, el cual prohíbe el pago de diferencial a aquellos trabajadores que ocupan puestos de carrera. No obstante, según una carta presentada por Díaz Sánchez, un oficial en Asuntos Gerenciales recibe $2,996.88 mensuales adicionales a su salario mensual de $4,466.67.

“Esto es un caso de clara burla a la JSF. Mire gobernador, usted ha dicho que va a sacar a la JSF, pero con actuaciones ilegales y corruptas de su ‘combete’ político obliga que la Junta se mantenga en Puerto Rico por más tiempo. Usted le está mintiendo y faltando a la verdad al pueblo de Puerto Rico”, afirmó.

Tras realizar la denuncia, Díaz Sánchez solicitó la renuncia de Escobar Pabón “por negligencia crasa” a sus funciones como secretaria del DRC y a las normas y reglamentos de recursos humanos del gobierno. La información, además de hacerla pública, el político adelantó que la referirá a las autoridades, así como a la JSF. “El gobernador y su administración son mediocres en la ejecución pública y nos reiteramos en eso”, estableció.