Es la primera empresa que enfrenta una demanda por esta razón en Estados Unidos.

La Habana, Cuba – Durante más de veinte años estuvo congelado porque su entrada en vigor era un elemento de discordia entre Estados Unidos y países aliados, pero este jueves comenzó a regir el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a empresas extranjeras que se beneficien en Cuba de propiedades confiscadas a estadounidenses o cubanoamericanos tras el triunfo revolucionario de 1959.

El primer puesto fue interpuesto hoy, juves, de manera inmediata contra la Carnival Cruise Lines por el uso de los muelles que fueron confiscados a las empresas Havana Docks Corporation y La Marítima por el gobierno cubano en la década de los 60.

Los herederos de los dueños entienden que son sus muelles y que Carnival debe pagar por su uso.

Como este, se esperan miles de pleitos similares, albergados en una disposición que data de marzo de 1996, cuando la administración del presidente Bill Clinton aprobó la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Cuban Liberty and Democratyc Solidarity Act), conocida como Ley Helms-Burton, en honor a los apellidos de los legisladores que la impulsaron.

Su parte más controvertida era el Título III que abría la posibilidad a que se presentasen demandas en tribunales estadounidenses por expropiaciones de activos fruto del proceso revolucionario.

Los más afectados eran empresas de Canadá, que sí negoció con La Habana las compensaciones a sus empresas y ahora están en al área energética, pero sobre todo a las europeas, especialmente las españolas que controlan el estratégico sector hotelero de la isla.

El carácter extraterritorial provocó la amenaza europea de terminar en la Organización Mundial del Comercio, por lo que desde entonces cada seis meses todos los presidentes estadounidenses fueron renovando la congelación de su aplicación, hasta que llegó el republicano Donald Trump a la Casa Blanca, que sí mantuvo por dos años la línea de los que le precedieron, pero finalmente claudicó ante el lobby cubanoamericano y los funcionarios que defienden la “mano dura” con La Habana.

La Helms-Burton utiliza el término “traficar” (trafficking) abriendo las posibilidades jurídicas a cualquiera que controla, usa o administre los bienes, o participe de una actividad comercial que se beneficie de tales propiedades o que obtenga algún beneficio de su explotación. El resultado es que genera en unos la duda y en otros el miedo a la hora de pensar en invertir en Cuba, una economía que yade por sí tiene reglas muy complejas para los inversores foráneos.

¿Qué remedios existen contra la Helms-Burton?

Desde el primer momento, la Unión Europea dejó claro que no se iba a quedar de brazos cruzados si afecta a empresas del bloque comunitario y para ello tiene previsto una “ley antídoto”.

La Unión Europea la consideró totalmente extraterritorial y contraria al derecho internacional público, por lo que respondió con el Reglamento (CE) nº 2271/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996, para proteger a sus empresarios que pudiesen ser condenados en Estados Unidos.

Reciénteme, entró en vigor el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1101 de la Comisión, del 3 de agosto de 2018, que protege a las empresas europeas de demandas en Estados Unidos.

La “ley antídoto” europea prohíbe a toda persona física residente en la Unión Europea y nacional de un Estado miembro, así como toda sociedad constituida en la Unión Europea, a que cumpla con la Helms-Burton, tanto directamente como a través de filiales e intermediarias.

Por su parte, Canadá tiene la Ley Contra Medidas Extraterritoriales Extranjeras de Canadá, que es el principal escudo canadiense frente a la extraterritorialidad de Washington.

La legislación cuenta con mecanismos de resarcimiento para aquellos que sufran pérdidas debido a la aplicación de leyes extraterritoriales fuera del territorio canadiense.

El Gobierno de Mexicano tiene la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, que entró en vigor el 23 de octubre de 1996 y que prohíbe realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales acciones sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.

La legislación mexicana prohíbe “proporcionar cualquier información, por cualquier medio, que le sea requerida por tribunales o autoridades extranjeros”, con el objetivo de aplicar dichas medidas extraterritoriales.

Cuba ha señalado que protegerá a todas las empresas que operen en su territorio, que no pagará ni responderá ninguna demanda en Estados Unidos y que cualquiera que se acoja a la Ley Helms-Burton quedará impedido de compensaciones futuras o de hacer negocios en tierras cubanas.

A los demandantes, por lo tanto, les espera un largo camino, el cual podría acabar en una pesadilla legal que costará mucho dinero a todo el mundo.


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