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Bruno Rodriguez Parrilla, ministro foráneo de Cuba. (AP) (semisquare-x3)
Bruno Rodriguez Parrilla, ministro foráneo de Cuba. (AP)

La Habana , Cuba.- El gobierno cubano presentará el miércoles en Ginebra un informe en el cual dará cuenta de la situación de los derechos humanos en la isla, una sesión que se centrará en los importantes avances de Cuba en materia de acceso a servicios básicos universales a la población, pero que tendrá su trago amargo cuando se atiendan temas relacionados a las libertades individuales, las instituciones independientes y la libertad de expresión.  

El canciller Bruno Rodríguez encabezará la delegación cubana que se presentará por tercera vez ente el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de DerechosHumanos de la Organización de las Naciones Unidas. Cuba, uno de los 14 países que será examinado por el EPU en su agenda de trabajo entre el 7 y 18 de mayo, tuvo su primera revisión en 2009 y la segunda en mayo de 2013.

La sesión se concentrará en tres documentos base. El primero es un informe rendido por el gobierno cubano, el segundo es una compilación de reportes de expertos y grupos de trabajo reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el tercero es un resumen de información provista por entidades independientes interesadas en el tema, tales como organismo regionales y sectores no gubernamentales.

En el reporte que Cuba defenderá en Ginebra, el gobierno del país establece que “el período bajo análisis, continuó en vigor el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, recrudeciéndose su aplicación extraterritorial, especialmente en el sector financiero. Esta política constituye el principal obstáculo al desarrollo de Cuba y una violación flagrante de los derechos humanos de su pueblo. En ese difícil contexto, el país ha continuado avanzando en el proceso de actualización de su modelo de desarrollo económico y social”.

Sostiene que  “Cuba mantiene su compromiso con la normativa internacional de derechos humanos. El país ha ratificado 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (72.13%), lo que coloca a Cuba dentro del grupo de Estados miembros de la ONU con mayor número de ratificaciones de instrumentos de este tipo”.

Sistemáticamente la ONU ha reconocido que Cuba se atiene a importantes puntos de la Carta de Derechos Humanos, como el acceso universal a la salud, educación, los programas de alimentación, vivenda pública, entre otros.

La espina en el zapato, sin embargo, se pone más molesta cuando se tocan los temas de libertades políticas, ciudadanas y de expresión, pues el sistema socialista de partido único impide la creación de organismos independientes que procuren la fiscalización en la gestión pública y los medios de cominicación son estatales en su totalidad.

Cuba, que sípermite la operación en el país de corresponsalías de medios extranjeros como El Nuevo Día,  se defiende a ultranza de los ataques, señalando que su sistema no impide la oposición, sino que establece canales claros para encaminar las preocupaciones ciudadanas de manera correcta y organizada.

En el informe, el gobierno cubano sostiene que “desde el anterior informe se ha continuado promoviendo los ámbitos de participación para que el pueblo ejerza todas las libertades individuales y derechos políticos, de conformidad con lo establecido por la Constitución y las leyes. Esto se realiza de modo ininterrumpido, no solo en períodos electorales sino que abarca los distintos procesos de conducción de los asuntos públicos”. Mantiene que “en el país existe un amplio debate acerca de los más diversos temas de la vida política, económica, social y cultural, tanto de la nación como de todo el mundo. La televisión, la radio y otros medios de comunicación masiva, que son de carácter público, propician el acceso de la población a información veraz y oportuna, y permiten su participación en el debate de la actualidad nacional e internacional.

Agrega que “en los últimos años ha crecido la utilización de los mecanismos de opinión que proporcionan los medios de información digitales y se han potenciado diversas opciones para la emisión y procesamiento de las opiniones de la población sobre las más diversas cuestiones”.

El documento que utilizará la ONU como contraposición a las autoridades cubanas expresa su preocupación con la carencia de un sistema de libertades ciudadanas en la isla y se basa en los reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como de la Unesco, para tocar el espinoso tema.

“En 2015 el ACNUDH afirmó que le había preocupado especialmente la privación de libertad de corta duración de opositores políticos, activistas de los derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil. El ACNUDH había recibido durante los cuatro años precedentes numerosas denuncias de este tipo de privación de libertad, sin una orden judicial, en particular antes de determinadas actividades y reuniones, al parecer para evitar que participaran en ellas personas concretas”, afirma la posición de la ONU.

“Ese mismo año, el ACNUDH instó a las autoridades a que respetaran el derecho de todos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y a que pusieran fin a las detenciones arbitrarias, en particular antes, durante y después de manifestaciones pacíficas. Además, pidió la puesta en libertad de todas las personas que habían sido detenidas arbitrariamente”, agrega.

“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) tomó conocimiento de los informes sobre actos de intimidación y detenciones de periodistas que trabajaban para medios digitales no estatales. Además, observó que en Cuba no había una ley de libertad de información, que la difamación seguía estando tipificada como delito y que las personas que elaboraban o distribuían publicaciones sin indicar su origen o sin ajustarse a las normas de publicación podían ser sancionadas con penas de prisión de hasta un año o una multa”, sostiene el reporte, que fue validado en ese aspecto por organizaciones independientes en el tercer documento que será discutido el miércoles.

“El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) afirmó que el Gobierno no había realizado ninguna reforma que supusiera un avance para el ejercicio de las libertades políticas, tales como una nueva ley electoral, otra de asociaciones y una para regular el ejercicio del periodismo”, expresa la ONU en su escrito, el cual reconoce avances notables en otras áreas.

“Alrededor de 21 informes observaron que la pena de muerte no se había aplicado en Cuba desde 2003, que nunca se había aplicado a mujeres y que se prohibía su aplicación a personas menores de 20 años. Cinco informes recomendaron que se aboliera… Varias contribuciones afirmaron que en Cuba no existían casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, ni desapariciones y se destacó el clima de seguridad ciudadana en Cuba, que beneficiaba el goce de muchos derechos”, manifiesta.

La cita con los derechos humanos se da un día después que Cuba hubiera realizado un importante cónclave con la Unión Europea, en el cual se firmaron acuerdos de cooperación y se sentaron las bases para una nueva relación entre ambos entes políticos.


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