En el año 2017, el país consiguió por primera vez superar los $2,000 millones anuales de inversión. (horizontal-x3)
En el año 2017, el país consiguió por primera vez superar los $2,000 millones anuales de inversión. (GFR Media)

La Habana, Cuba - Las autoridades cubanas, necesitadas de un mayor flujo de efectivo para lidiar con la falta de liquidez que ha aquejado al país los últimos años, han comenzado una ofensiva para flexibilizar la entrada de inversión extranjera y convertir a Cuba en un bocado tentador para los múltiples inversores internacionales que andan a las caza de nuevos mercados para expandir sus operaciones.

El primer gran paso se encuentra en el proyecto de Constitución que entrará en etapa de revisión popular a partir del próximo 13 de agosto. Allí se ha introducido lenguaje específico para garantizar la inversión de capital extranjero como fuente de ingresos primaria.

El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales.113. La ley establece lo relativo al desarrollo de la inversión extranjera en el territorio nacional”, sostiene el artículo 28 de la nueva Carta Magna, cuyo proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y ahora será sometido a retroalimentación del pueblo, para finalmente acabar en un referendo de validación.

Ese paso se tomó porque uno de los mayores problemas que ha enfrentado Cuba en su proceso de aperturta económica, el cual inició desde el 2006 con la llegada al poder de Raúl Castro Ruz, fue la falta de garantías constitucionales para los inversores, quienes estaban desprovistos de medidas de acción de alto alcance ante las todopoderosas empresas estatales cubanas y los impedimentos del bloqueo o embargo económico estadounidense.

La medida de dar rango constitucional a la inversión extranjera busca reducir los niveles de desconfianza al mínimo, a la vez que, al reconocer la actividad de mercado y formas de propiedad no propias del sistema socialista, como la privada y la personal, se quiere enviar el mensaje de que Cuba está abierta a los negocios.

A estas iniciativas de rango constitucional y filosófico, se han unido acciones concretas de corte operativo.

Hoy la Gaceta Oficial publicó varios decretos y resoluciones que buscar coartar la burocracia en los procesos de inversión extranjera en el país, sobre todo, en cuanto a requerimientos de corte técnico que sumen las aspiraciones de inversión en un profundo mar de documentos que muchas veces acaba desincentivando a los inversores.

Déborah Rivas Saavedra, directora general de Inversión Extranjera, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), dijo al diario oficial Granma que esas “normas no constituyen, per sí mismas, la solución a problemas objetivos que limitan hoy el avance de las inversiones con capital foráneo, como el bloqueo económico que siembra la incertidumbre en el empresariado extranjero”.

Afirmó que “lo dispuesto en las normativas publicadas este jueves, y que entrarán en vigor a los 30 días de su emisión en la Gaceta, simplifica los pasos que han de seguir los inversionistas durante la etapa de presentación del negocio y reduce el volumen de estudios previos, a veces convertidos en obstáculos”.

“Pero el mayor empeño estriba en la labor diaria para elevar el nivel empresarial, con el propósito de ser cada vez más proactivos en la atracción de capital hacia proyectos de interés para el país, que preserven la soberanía y el patrimonio nacional”, agregó.

Cuba aprobó una ley de inversión extranjera en el 2014 y cuenta en la actualidad con una cartera de 456 proyectos que son candidatos a recibir capital foráneo. El gobierno cubano apostaba a que esos proyectos ingresaran unos $2,000 millones anuales en inversión fresca, sobre todo, para rejuvenecer la maltrecha infraestructura productiva del país, lo cual no se ha cumplido en su totalidad.

Según cifras oficiales, hasta noviembre del 2016, Cuba había logrado atraer $1,300 millones en inversión, quedándose por debajo del entre cinco y siete por ciento de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno cubano había proyectado.

En el año 2017, el país consiguió por primera vez superar los $2,000 millones anuales de inversión, cuando se concretaron acuerdos por $2,300 millones, pero eso no causó que la economía levantara.

Los motores principales han sido la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y los sectores económinos del turismo y la energía.

En Mariel hay inversiones procedentes de 15 países, con 34 proyectos de negocios  aprobados, entre ellos la empresa boricua Rimco, operadora en el Caribe de la marca estadounidense Cartepillar.

En el turismo se han dado múltiples contratos de administración hotelera, con 20 compañías de 10 países operando actualmente en la isla, entre ellas entidades de alto calibre, como la Kempinski y la Banyan Tree, del sudeste asiático.

Al cierre de enero de 2018, según Granma, se habían logrado 90 contratos y 118 hoteles bajo administración extranjera, lo que representa el 65 % de las habitaciones hoteleras existentes en el país.

En el área energética, se ha trabajado en la conversión de 25 centrales azucareros en operaciones bioeléctricas, instalaciones para la explotación petrolera y de gas natural, así como proyectos para la fabricación de paneles solares, entre otras iniciativas.

Cuba necesita de esa inversión para afiaznar su económía, que registró un crecimiento de 1.1 por ciento en el primer semestre y batalla con fuertes problemas de liquidez, producto de la inestabilidad en el mercado petrolero, reducción en los ingresos por exportaciones y gastos para enfrentar daños por fenómenos naturales, como lluvias y huracanes.


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