Se espera que John Bolton, el asesor en Seguridad de la Casa Blanca, haga el anuncio mañana cuando se dirija a un grupo de excombatientes de la invasión a la Bahía de Cochinos en 1961. (AP / Luis M. Álvarez) (semisquare-x3)
Se espera que John Bolton, el asesor en Seguridad de la Casa Blanca, haga el anuncio mañana cuando se dirija a un grupo de excombatientes de la invasión a la Bahía de Cochinos en 1961. (AP / Luis M. Álvarez)

La Habana, Cuba - El gobierno de los Estados Unidos implementará por primera vez una disposición de la Ley Helms-Burton que permitirá demandas contra empresas de países extranjeros que mantengan operaciones en activos confiscados por Cuba tras el triunfo de la Revolución comandada por Fidel Castro Ruz en 1959.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dio a conocer hoy en Washington que la puesta en vigor del polémico Título III de la Ley Helms-Burton se anunciará mañana, miércoles, cuando el asesor en Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, se dirija en Miami, Florida, ante un grupo de excombatientes de la fallida invasión a la Bahía de Cochinos en 1961.

“Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la Ley Helms-Burton”, dijo un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, a un reducido grupo de medios, según la agencia española EFE.

Se esperaba por la reacción del gobierno cubano, que la pasada semana alertó al pueblo a prepararse para una especie de “periodo especial” en la economía, sin decir exactamente su causa y sólo citando problemas de liquidez en las finanzas públicas.

Cuba ha criticado duramente el cerco de sanciones que ha construido la Casa Blanca, el cual cambió la política de acercamiento establecida por Barack Obama y se recrudeció desde que Estados Unidos intenta provocar un cambio de gobierno en Venezuela, el principal aliado comercial y político cubano.

El gobierno estadounidense tomaría la decisión a pesar de la fuerte oposición de la Unión Europea, bloque que agrupa a países que tienen empresas con amplias operaciones en Cuba, sobre todo, en la minería y el turismo.

De hecho, el anuncio se da en momentos en que Cuba y la Unión Europea sostienen en La Habana importantes diálogos sobre sustentabilidad y cooperación mutua.

La acción de Estados Unidos iría, incluso, en contra de un acuerdo fijado en la década de los noventa, mediante el cual el gobierno estadounidense se comprometía a no activar el Título III a cambio de que la Unión Europea no tomara medidas para combatirlo.

El Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, permite que ciudadanos o empresas estadounidenses que sufrieron pérdida de propiedades por la ley de nacionalización cubana del 5 de julio de 1960 demanden a compañías o personas que en la actualidad “trafican” con esos activos, sin importar su país de procedencia.

La Ley Helms-Burton, que toma el nombre de sus autores, los entonces senadores Jesse Helms y Dan Burton, aplica sanciones a empresas foráneas que mantienen operaciones en Estados Unidos y que, a la vez, hacen negocios con Cuba de manera directa o mediante terceros países.  

Se estima que entre 70,000 y 200,000 demandas podrían ponerse en ejecución si se activa esta sección de la ley. En la actualidad existen 5,913 demandas activas de ciudadanos o empresas en Estados Unidos que reclaman daños al gobierno cubano y ninguna ha podido ser resuelta porque las actividades de negocios de Cuba no están reconocidas en suelo estadounidense por el embargo.

El Título III fue sistemáticamente suspendido cada seis meses por más de 20 años por todos los presidentes estadounidenses (incluido el actual, Donald Trump, en 2017 y 2018), debido a diversos factores, como la complejidad de su puesta en ejecución, por su extraterritorialidad, el malestar que provocaría entre diversos socios de Estados Unidos en Europa y América Latina, a la posibilidad de abrirle paso a un pleito en la Organización Mundial de Comercio y al hecho real de que Cuba u otro país no tendrían ninguna obligación de cumplir con los dictámenes de las cortes estadounidenses al ser naciones soberanas.

Presionado por los congresistas cubano-americanos, el Departamento de Estado rompió en enero pasado, por primera vez desde 1996, con ese patrón y postergó la puesta en ejecución por sólo 45 días. Luego, el mes pasado, se pospuso por 30 días y autorizó demandas a empresas cubanas listadas por el Departamento de Estado. Ese periodo vence el jueves, 17 de abril.

La fecha escogida no es para nada casual. 

El miércoles, 17 de abril, se cumplen 58 años del inicio de la invasión a la Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos respaldados por Estados Unidos, quienes intentaron derrocar sin éxito al gobierno de Fidel Castro Ruz. Tras 72 horas de batalla, los invasores se rindieron y el intento de retomar el poder fue fallido, por lo que el día 19 de abril se conmemora por todo lo alto en Cuba la victoria sobre ese ejército.

De hecho, el 19 de abril el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cumple un año en la presidencia, por lo que no tendrá mucho que celebrar y sí una gran crisis que resolver.


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