El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, hizo el anuncio hoy, miércoles, en una rueda de prensa en Washington. (AP/ Pablo Martinez Monsivais) (semisquare-x3)
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, hizo el anuncio hoy, miércoles, en una rueda de prensa en Washington. (AP/ Pablo Martinez Monsivais)

La Habana, Cuba - A partir del próximo 2 de mayo, las empresas y ciudadanos estadounidenses que sufrieron confiscaciones tras el triunfo de la Revolución en Cuba de 1959 podrán demandar en Estados Unidos a compañías o sujetos que “trafiquen” con esos bienes en la isla, incluso de terceros países.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, hizo el anuncio hoy, miércoles, en Washington, donde sostuvo que “esas oportunidades de justicia para los ciudadanos han estado fuera de nuestro alcance durante dos décadas”.

La acción emana de una disposición permitida bajo el Título III de la Ley Helms-Burton que no había sido puesta nunca en ejecución desde que se aprobó la legislación en 1996.

Pompeo indicó que la medida forma parte de la presión que la Casa Blanca mantiene sobre Cuba por su apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, quien Estados Unidos quiere sacar del poder para sustituirlo con el líder de la oposición Juan Guaidó.

“Cualquier persona o firma que haga negocios en Cuba debería prestar atención a este anuncio”, dijo Pompeo durante una rueda de prensa.

La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, dijo a la prensa que “ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de su nueva política hacia Cuba”.

Una alta funcionaria del Departamento de Estado dijo hoy en un intercambio con medios de todo el mundo, entre los que estuvo El Nuevo Día, que tras 22 años de evitar poner en vigor el Título III, nada ha cambiado en Cuba y que la situación de los derechos humanos sigue siendo crítica, por lo que la política estadounidense seguirá en la ruta de la presión al gobierno cubano.

La decisión de Estados Unidos se dio a pesar de la férrea oposición de Canadá y la Unión Europea, cuyas empresas mantienen amplias operaciones, muchas de ellas en expansión, en el mercado cubano.

Tanto Canadá como la Unión Europea reaccionaron con rabia ante la decisión cubana y advirtieron que activarán en sus jurisdicciones mecanismos similares contra las empresas o ciudadanos estadounidenses, de modo que puedan proteger sus intereses en Cuba.

La portavoz del gobierno de España informó el miércoles que las autoridades ofrecerán apoyo a cualquier empresa española afectada por posibles demandas de Estados Unidos contra empresas extranjeras en Cuba.

La Unión Europea (UE) sostuvo que no se quedará de brazos y envió una carta a Pompeo en la cualadelanta que activará un “antídoto” a la disposición estadounidense, la cual considera extraterritorial.

“Nuestra reglamentación permite a las empresas europeas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas americanas”, afirmó en La Habana Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE.

Alberto Navarro, embajador en Cuba de la UE, dijo que la zona euro se ha dotado de una “legislación antídoto”, un reglamento interno que protege a sus ciudadanos y empresarios de las disposiciones de la legislación estadounidense.

“Al igual que lo han hecho países como Canadá, Japón y México, los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar con el proceso y tienen la posibilidad de reclamar contra esas empresas que pidan indemnizaciones por supuestas utilizaciones de propiedades confiscadas en la nación antillana”, aseveró Navarro, al explicar que la parte europea no respondería a las demandas del Título III y contrademandarían en tribunales europeos a quien le ponga un pleito.

“Esa es la posición que ha mantenido la UE, lo que se ratifica con el envío esta semana de una carta al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, pidiéndole que respete los acuerdos en común para avanzar y evitar algo que hará daño a todos”, manifestó Navarro, al referirse a un acuerdo fijado en la década de los noventa, mediante el cual el gobierno estadounidense se comprometía a no activar el Título III a cambio de que la Unión Europea no tomara medidas para combatirlo.

El vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, dijo que la UE “está preparada para proteger los intereses europeos, incluyendo las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades europeos en sus relaciones con Cuba”.

Winterstein enfatizó la “firme oposición (de la UE) a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales, que considera contrario a la ley internacional”.

Cuba reaccionó de inmediato.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo en su cuenta de Twitter que “rechazo enérgicamente anuncio del Sec. de Estado Pompeo de activación del Título III de la Ley Helms-Burton. Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de #Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de #EEUU contra #Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”.

El Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, permite que ciudadanos o empresas estadounidenses que sufrieron pérdida de propiedades por la ley de nacionalización cubana del 5 de julio de 1960 demanden a compañías o personas que en la actualidad “trafican” con esos activos, sin importar su país de procedencia.

La Ley Helms-Burton, que toma el nombre de sus autores, los entonces senadores Jesse Helms y Dan Burton, aplica sanciones a empresas foráneas que mantienen operaciones en Estados Unidos y que, a la vez, hacen negocios con Cuba de manera directa o mediante terceros países.

Se estima que entre 70,000 y 200,000 demandas podrían ponerse en ejecución si se activa esta sección de la ley. En la actualidad existen 5,913 demandas activas de ciudadanos o empresas en Estados Unidos que reclaman daños al gobierno cubano y ninguna ha podido ser resuelta porque las actividades de negocios de Cuba no están reconocidas en suelo estadounidense por el embargo.

El Título III fue sistemáticamente suspendido por 22 años por todos los presidentes estadounidenses (incluido el actual, Donald Trump, en 2017 y 2018), quienes pospusieron su puesta en vigor cada seis meses, debido a diversos factores, como la complejidad de su puesta en ejecución por su extraterritorialidad, el malestar que provocaría entre diversos socios de Estados Unidos en Europa y América Latina, a la posibilidad de abrirle paso a un pleito en la Organización Mundial de Comercio y al hecho real de que Cuba u otro país no tendrían ninguna obligación de cumplir con los dictámenes de las cortes estadounidenses al ser naciones soberanas.

Presionado por los congresistas cubano-americanos, el Departamento de Estado rompió en enero pasado, por primera vez desde 1996, con ese patrón y postergó la puesta en ejecución por sólo 45 días. Luego, el mes pasado, se pospuso por 30 días y autorizó demandas a empresas cubanas listadas por el Departamento de Estado.

Ese periodo vencía el miércoles, 17 de abril. La fecha escogida no es para nada casual.

Hoy, 17 de abril, se cumplen 58 años del inicio de la invasión a la Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos respaldados por Estados Unidos, quienes intentaron derrocar si éxito al gobierno de Fidel Castro Ruz. Tras 72 horas de batalla, los invasores se rindieron y el intento de retomar el poder fue fallido, por lo que el día 19 de abril se conmemora por todo lo alto en Cuba la victoria sobre ese ejército.

De hecho, el próximo día 19 de abril el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cumple un año en la presidencia.

Los anuncios sobre Cuba no han concluido. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tiene previsto esta tarde un acto en Miami con veteranos cubano-americanos de la fallida invasión, donde se prevé surgirán nuevas sanciones. 


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