Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba (horizontal-x3)
Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba. (AP)

La Habana, Cuba - El proceso de discusión popular sobre el proyecto de reforma constitucional en Cuba ha entrado en su tercera semana de desarrollo, con las primeras de sobre 135,000 reuniones que se realizarán en todo el país y que buscan aclarar las aguas entre la población sobre las nuevas disposiciones que trae la Carta Magna.

El proceso se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre y arrancó el pasado 13 de agosto.

¿Qué se puede esperar de esta reforma constitucional en Cuba?

José Antonio Fernández Estrada, profesor universitario y experto constitucionalista, conversó con El Nuevo Día sobre el cambio propuesta y cuál será su impacto en el país, desde su perspectiva de pensamiento independiente y centrado en una visión académica del tema.

¿Cuáles son las principales novedades en esta reforma? 

-Son muchas, no hay duda de eso. Una de las cosas más trascendentales es que se reconozca en la Constitución que somos un estado de derecho. Es un adelanto defender los derechos humanos constitucionalmente... La propuesta tiene pasos de avance importantes en temas que tienen que ver con la participación, y el mayor de ellos es reconocer la autonomía municipal, por lo menos en la gestión, darle la fuerza mayor. Lo que hay que ver en la práctica como sucede porque habrá una nueva estructura institucional a ese nivel local, en el que aparece una instancia dirigida por un gobernador no electo por el pueblo, que además que me parece que tiene un nombre muy grandilocuente para la lógica cubana. Deberían ser electo por el pueblo para que tuviesen una legitimación tan grande como el nombre de gobernador... Hay dos aspectos que generan preocupación porque hay diferencia en los enfoques entre lo contemplado en la constitución vigente y el nuevo proyecto con respecto a la educación y la salud pública y creo que hay un retroceso en las dos... En la parte de la estructura estatal aparecen cuestiones más controversiales, hay elementos difíciles de entender. A la misma vez hay elementos interesantes como el de la autonomía municipal, que es un paso de avance. A la misma vez hay debilitamiento en la función de los consejos populares, que no me arece bien. El cambio fundamental está en la desaparición de las asambleas provinciales, con toda su estructura. La elección directa se queda otra vez solo a nivel de municipio y no sabemos como será en el resto de la estructura...

¿Hay más cuestiones buenas que malas?

-Este proyecto es muy avanzado en algunas cuestiones y en otras no tanto, pero es algo que se puede resolver todavía. Lo más importante es que el pueblo de Cuba asuma con responsabilidad un proceso en el que podría hacer mucho para enriquecerlo. Habría que ver cuál es le método de utilización después del dato recogido, hasta donde se hace justicia al pensamiento y criterio de la gente... Pienso que no debe ser sólo un asunto cuantitativo, de la cantidad de veces que se pida un cambio, sino cualitativo, de la calidad y la lógica de la propuesta. Hay un enorme reto en la no participación de este tipo de política, de análisis. Hay una gran incultura política acumulada por la gente, que hace que haya habido desmotivación, desesperanza, desinterés, apatía. Es un momento en cualquiera de esas conductas pudiera ser grave, porque en política el lugar que usted no ocupe, alguien lo ocupa por usted.

Hay menciones importantes en el proyecto como reconocimiento al mercado, a la figuras privadas, a la inversión extranjera. ¿Qué mensaje cree que está transmitiendo el Estado con eso?

-Este es un proyecto que da un paso hacia el liberalismo, que reconoce el mercado, la propiedad privada, la propiedad mixta, que es una propiedad con más implicaciones que la misma privada, porque es una mixtura entre otras incluidas la de una empresa estatal con un cuentapropista cubano. Todavía no sabemos si la ley va a reconocer la pequeña y mediana empresa, o si va a seguir hablando de cuentapropista, si se va a reconocer como una persona jurídica y eso tiene implicaciones en todos los sentidos, para el efecto de los tributos, de la responsabilidad social. Lo que está claro con este llamativo reconocimiento de que el Estado cubano va a proteger y fomentar la inversión, es extraño en las constituciones del mundo, y me parece a mí que hay una clara señal al mundo de que Cuba va a estar abierta a nuevos tipos de contactos y vínculos económicos y a la misma vez lo hace con los derechos humanos y esas son todas garantías para los inversionistas. Quienes lo estén viendo desde fuera lo puede apreciar como una especie de señales, de simbología y en otros casos claras señales de que hay un camino diferente.

De por si no es algo negativo y hay que ver como se hace. Lo que creo es que todo lo que se ponga en la constitución que no implique una disminución de los derechos de los cubanos, está bien. Lo que no estoy de acuerdo es con que lo que se haga se para defender los intereses que no sean los del pueblo. Que se hagan cosas en nombre de intereses de la macroeconomía y que eso no se reflejo luego en el bienestar de la gente. Porque a la gente le da lo mismo que lleguen cinco o seis millones de turistas si cuando pasa un año sigue comiendo lo mismo. Un millón de turistas más tienes que significar cuando menos un pero caliente más en el mercado, y que haya un bache menos y un carro de taxi más, y una hora menos en la parada, porque si no, para qué estamos haciendo esto. El desarrollo tiene que tener implicaciones, o por lo menos, alguien que te diga cuando va a aparecer.

¿Cuán complicado va a ser poner en ejecución esta Constitución como está planteada? 

-Cuando se mira el cronograma de cómo van a aparecer las normas complementarias te das cuenta de que hay por delante una tarea enorme, aunque estoy seguro que muchas de ellas están muy adelantadas, porque si no, sería imposible. Seis meses después tiene que haber una Ley Electoral y es algo que se puede adelantar desde ya, pensando que se va a aprobar el proyecto. El tema es que se ha dicho que deben aparecer más de 50 leyes nuevas y hay un desmontaje de la estructura del Estado y su funcionamiento, entre otras cosas. Creo que lo más difícil será crear una cultura de función del Estado basado en el enfoque de derechos. Y eso hace mucha falta. Una de las cosas que hace frágil el proyecto es que no hay una regulación de las administraciones públicas, servicio público, no se habla de eso y me parece negativo.

Es un reto cambiar la cabeza de la gente...

-Me parece que hay un enorme reto en que la gente incorpore eso, el valor del enfoque de derechos, de la cultura de participación, de luchar por el presupuesto participativo a nivel local, de cambiar el enfoque de la constitución de que el municipio es el nivel inferior de organización. Es contradictorio que el municipio tenga autogestión y se le considere un órgano inferior, es el órgano donde está la soberanía popular. Es discriminatorio y hasta ilógico para el proyecto, pero herencia del verticalismo existente hasta ahora y eso es muy difícil de cambiar. El pensamiento es lo más difícil de cambiar. El mayor desafío está en adquirir la cultura política, la cultura jurídica y eso no es sólo responsabilidad del pueblo, implica que el Estado desacralice y elimine tabúes en el uso de la ley que hacen hasta el día de hoy una persona se sienta mal por ir a un tribunal a poner una demanda. El pueblo tiene que cambiar su dinámica y dejar de escribir cartas a los políticos para poner demandas ante los tribunales. Eso es muy importante y no se aprende de un día para otro. El uso del derecho no es negativo, lo que te hace es más civilizado, y así estás respetando la constitución, la revolución y el socialismo. Un reto que tiene el Estado es seguir siendo el garante de las relaciones sociales, protector de los derechos humanos, protector de los más desfavorecidos, protector de los intereses de la nación y, a la misma vez, no ahogar ni asfixiar a la sociedad civil, la autonomía individual. Otro grave problema del proyecto es que no dice nada de la sociedad civil, no dice nada del asociacionismo, no dice nada del enorme papel de la sociedad civil en algunos temas que sólo se han tocado gracias a su papel, como los problemas de la comunidad LGTBI o la violencia de género. Sobre esto es muy importante que este proyecto dice que es punible la violencia familiar. Es muy importante. Debería ser más detallado, pero que lo diga ya es algo.

El hecho de que se incluya ahora el concepto de libertad de expresión, ¿cuán importante es? 

-Eso va a depender de las disposiciones complementarias. Es evidente que tiene un valor que aparezca la palabra, porque hay una tradición y un reconocimiento internacional del concepto de libertad de expresión y eso ayuda a que las personas en Cuba puedan usar esa tradición y ese reconocimiento para luchar por la libertad de expresión. Pero en la práctica, lo que es necesario es que existan leyes y procedimientos que ayuden a que la libertad de expresión se defienda, porque si no se quedaría en una palabra bonita, como ya nos ha pasado en la historia de Cuba. Las constituciones anteriores decían muchas veces que la ley dirá y la ley nunca dijo. Nunca tuvimos en 42 años Ley de Ciudadanía y era un mandato de la Constitución de 1976, se va a acabar y nunca existió. En al menos tres ocasiones se menciona en esa constitución que esa ley regularía, y nunca existió. Por lo tanto, es muy importante que se exija por la población que esas cosas queden bien establecidas en una Ley de Prensa, en una ley de Libertad de Expresión, de Información y Prensa. Debería establecerse todo en una ley, porque sino quedan dudas, quedan lagunas, quedan ámbitos de impunidad, de arbitrariedad y de censura.

¿Qué se puede esperar del proceso de consulta?

-Como está previsto, no será un proceso de debate, ni para llegar a consensos. La lógica es recogida de información total, no es discriminatorio ni electivo. No se va a elegir la más importante de las ideas, sino todas, por lo que no hay razón para el debate. Le tengo más miedo a la no participación por desesperanza, por que la gente piense que su palabra se va a perder cuando detrás va a haber una cuestión práctica que es una constitución. Puede tener una alta participación por la práctica y la cultura movilizativa que tiene el Estado cubano. Hay que ver cómo la gente participa. Hay cuestiones que se deben revisar y es bueno que exista bastante tiempo para poder analizar, muchas cosas que pudieran modificarse y que deben estar mucho más claras en el texto. Por ejemplo, el proyecto dice que la Asamblea Nacional puede decidir llevar a consulta las leyes que vaya a aprobar y pienso que es momento de decidir qué tipo de leyes son de obligatoria consulta. La ley electoral, el código de trabajo, el código penal, el código de familia y el código civil son de obligatoria consulta. Son cosas decisivas para la vida cotidiana de la gente y ahí están en ellas las relaciones sociales que a las personas le importan.

Desde su percepción, ¿cuán en serio se está tomando la población este proceso?

-Creo que no debería ser una más de las consultas mecánicas que la gente asume como un deber, una tarea, que lo hace para terminar e irse a ver la novela brasileña. Creo que puede ser el momento en que se sorprendan con que por no haber dicho lo que debieron decir, de pronto tienen un texto que van a tener que decir si o no, sin matices, y que va a definir el futuro de las próximas generaciones, de todos.

¿Ese balance lo ve positivo, negativo… neutro?

 -Yo creo que como está ahora, la gente va a votar a favor del proyecto. No estoy diciendo que el por ciento de aprobación va a ser el de siempre, pero como está redactada ahora mismo el proyecto sale adelante. Va a ser un proyecto controvertido, va a tener oposición, tal vez pueda tener tres o cuatro millones de personas que van a votar en contra, pero creo que va a ganar. Lo que pasa es que yo quiero que gane el proyecto mejorado, con tres meses de gente hablando cosas para rectificar muchas cosas, porque no me parece que aún sea un buen proyecto. Tiene cosas mejores que la anterior, pero todavía se puede rectificar más. Por suerte, no es todavía ley. Espero que haya incorporaciones, no de puntos ni de comillas. No hemos hablado de cuestiones que a mucha gente le preocupan y que hay que respetar. Me parece interesante y preocupante, más preocupante, no sólo por el cambio, sino porque no se ha hecho ninguna discusión sobre eso, y es la eliminación consecuente con todas las alusiones al comunismo que se ha hecho ahora. ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué en el preámbulo ya no se habla de comunismo? ¿Por qué se eliminan a los trabajadores del Artículo Uno de la Constitución? ¿Por qué hay tanta eliminación de la idea del avance hacia la construcción de una nueva sociedad? Me parece que eso debía haber llevado un consenso previo. No debe decirle a la gente que todo lo que te ha llevado hasta aquí, no es, sin haberle dicho por qué y en qué momento dejó de ser. Si quitas el comunismo del preámbulo, por qué el Partido se sigue llamando “Comunista”.


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