Figuras religiosas y ciudadanos opinan sobre añadir el propuesto artículo 68 a la Constitución de Cuba que abriría la puerta al matrimonio gay.

La Habana, Cuba - El debate final sobre el texto que se convertiría el año próximo en la nueva Constitución de la República de Cuba será llevado el viernes a discusión en el parlamento cubano, con la propuesta del matrimonio gay como principal debate social, la figura del presidente del país como eje de una reforma institucional, y la propiedad privada y la inversión extranjera como cabeza de playa del crecimiento económico.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), máximo ente legislativo cubano, se constituirá en su reunión plenaria de fin de año para, entre otros temas, ratificar el contenido del proyecto de Constitución que será llevado a referendo de validación popular el próximo año.

La discusión del viernes se da luego de que se realizara una extensa consulta popular que discurrió entre el 13 de agosto y el 15 noviembre de este año, en la cual se realizaron 133,681 reuniones, más de un millón de intervenciones y de 780,000 propuestas. También fueron evaluadas las 2,125 propuestas recibidas de los cubanos residentes en el exterior mediante un mecanismo digital.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y vocero de la comisión que redactó el proyecto constitucional, aseguró que más del 50 por ciento de las propuestas emitidas por la población se han visto reflejadas en el texto constitucional mediante el recurso de “propuestas tipo”.

El artículo 68 del proyecto original, que abría la puerta al matrimonio gay, será el protagonista principal, sobre todo luego de que se adelantara que su lenguaje fue suprimido y sustituido por uno más ambiguo, el cual refiere el tema a una consulta futura y separada de la Constitución, aunque abre las puerta a las uniones de hecho entre personas del mismo género.

El artículo 68 del proyecto de nueva Constitución, que cambiaba lo contenido en la Carta Magna vigente desde 1976, establecía que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales”.

Ese texto fue cambiado por el artículo 82, que sostiene que “el matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. Se reconoce, además, la unión estable y singularcon aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga”.

Incluye, además, una disposición transitoria que sostiene que “atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto del Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio”.

La diputada Mariela Castro Espín, hija del expresidente Raúl Castro Ruz y máxima voz defensora de los derechos de la comunidad gay en la isla, aseguró que el cambio no representa una marcha atrás y una derrota para la comunidad que defiende.

“Hemos aprendido y hemos avanzado, para nada hemos retrocedido”, sentenció la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), al pasar juicio sobre el tratamiento del matrimonio entre personas gays en la actualización del proyecto de Carta Magna.     

“Los derechos, garantías y deberes de la diversidad sexual y de género quedan protegidos como nunca antes en la nueva versión del texto constitucional... Algunas personas están inquietas con los cambios del documento, especialmente con el artículo 68, porque piensan que desaparece, pero su contenido está reformulado en distintos momentos del nuevo capítulo tres, el cual quedó muy bien elaborado”, agregó.

Con ese debate como telón de fondo, la Constitución también propone modificaciones noveles para la realidad cubana, como el establecimiento de la figura de un Presidente de la República, como cabeza del gobierno, así como un primer ministro que tendrá a su cargo la ejecución de la agenda del país.

Contrario al artículo 68, en el cual el comité que elaboró el proyecto de Constitución, presidido por Raúl Castro Ruz, en el caso del reclamo popular que pedía el voto directo por el Presidente, no se dio el brazo a torcer, por lo que la máxima figura gubernamental no será elegida directamente por el pueblo, sino por los integrantes de la ANPP, que lo refrendará de una mancuerna escogida por una comisión especial destinada a esos fines.

El tema de la figura presidencial es la punta de lanza de una amplia reforma estructural que da mayor poder de decisión a nivel municipal y modifica ampliamente los esquemas de los gobiernos provinciales, hasta hoy críticos en el aparato público cubano.

La reforma constitucional reconoce, igualmente, la propiedad privada como figura jurídica y eleva al máximo rango la inversión extranjera, lo cual da señales firmes de las intenciones del gobierno cubano de atraer capital privado al país.

El proceso no ha estado exento de polémicas, pero las autoridades cubanas apuestan a que, tras la aprobación el viernes por la ANPP, el pueblo apoyará masivamente la nueva Constitución en un referendo de aceptación que deberá realizarse el próximo año. 

“Los intercambios han sido muy fuertes, con propuestas concretas y el propósito de lograr un documento lo más perfecto posible... Al pueblo de Cuba le decimos que confíe en nosotros, pues sabemos la enorme importancia de lo que estamos haciendo y nos esforzamos al máximo”, dijo a la Agencia Cubana e Noticias el diputado Mijaín López, tres veces campeón olímpico y parlamentario por la provincia de Pinar del Río.

Ese es el mensaje que los diputados cubanos intentan enviar, que el proceso ha sido largo, pero que aprobarán el mejor texto posible, una creencia que, como normalmente pasa en Cuba, se validará en las urnas, pero que en las calles podría ser muy diferente.

“Eso se va a aprobar, aunque en el fondo, no estamos de acuerdo, pero habrá que darle el beneficio de la duda a ver si tienen razón”, afirmó a El Nuevo Día un hombre que se identificó como el cuentapropista Antonio Márquez, al expresar un sentimiento que es quizás sea el más real entre la mayoría de los cubanos.


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